La denuncia de los fiscales Socca y Moreno a su colega Edery. Los antecedentes y la disputa de intereses al interior del sistema penal. Traferri pide desafuero y Font discurre sobre una doble vara.
Una disputa de poder al interior del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se puso en escena esta semana a través de la denuncia de los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno a su colega Matías Edery, quien el mismo día fue nuevamente amenazado mediante un mensaje que dejaron los autores de una balacera a una estación de servicios, en la que fue herido un chico de 17 años que junto a otros 40 compañeros de la escuela secundaria aguardaba para abordar el micro que los llevase de viaje de estudios. Las intrigas en el organismo del sistema penal santafesino coincidieron también con la víctima número 200 de asesinato intencional en el departamento más poblado de la provincia en lo que va del año, cuya tasa de homicidios cada 100 mil habitantes cuadriplica la media nacional, pero cuya tasa de esclarecimiento, en 2022, fue de apenas el 33 por ciento de los casos investigados. Demasiada indigencia dilucidatoria para tanta puja, o tal vez una sea explicación de la otra.
Extorsión
La sucesión de los hechos se conoció por los medios de comunicación durante la semana que termina. El lunes los fiscales Socca y Moreno comenzaron a imputar, a través de una audiencia que se extendió por varias jornadas, al jefe de una de las facciones de Los Monos, el multicondenado Ariel Cantero, alias Guille, y a otras ocho personas por presuntas extorsiones al dueño de agencias de lotería llamada El Califa.
Entre las acusadas aparece Mariana Ortigala, una mujer que sería titular de 14 propiedades que los fiscales entienden que no fueron acumuladas producto de su trabajo o buena fortuna, sino que las registró a su nombre como testaferro de Cantero.
El apellido Ortigala se hizo conocido públicamente cuando la mujer fue baleada a la salida de su casa en la localidad de Roldán en marzo de 2020. Iba a prestar testimonio contra Esteban Alvarado, jefe de uno de los dos grandes grupos narcocriminales de Rosario, enfrentado a Los Monos.
Ortigala había tejido una relación de amistad con la entonces esposa de Alvarado, Rosa Capuano. Un hermano de la primera, Rodrigo, era la mano derecha del jefe criminal condenado el año pasado a prisión perpetua.
Según se ventiló en ese juicio, Rodrigo Ortigala mantuvo una relación con Capuano que llegó a oídos de Alvarado, lo que devino en una pelea que tuvo como escenario una ruta y una tentativa de asesinato.
Desde entonces, los Ortigala se convirtieron en testigos contra su antiguo jefe o amigo, Alvarado. Pero paralelamente, plantearon esta semana los fiscales Socca y Moreno, se “pasaron de bando” y cerraron un acuerdo con Cantero, al margen de las normas. No es el primer caso: en el mundo criminal local quien no está con uno debe buscar cobijo en el otro, aunque eso no siempre sea garantía de elusión de las consecuencias letales del transfuguismo.
En la audiencia del martes a Cantero & Cía, Socca y Moreno expusieron el vínculo que el fiscal Edery tenía con Mariana Ortigala, en calidad de informante.
Esa misma noche balearon la estación de servicios de bulevar Rondeau y Marull, donde 40 chicos esperaban el micro para emprender su viaje de estudios a Córdoba. Los autores del tiroteo dejaron un mensaje con amenazas de muerte a Edery y Ortigala.
Al día siguiente, el miércoles, hicieron público en la audiencia las capturas de los mensajes entre el fiscal y la testigo, para señalar que Edery podría haber incurrido en algún delito al ocultar información, al menos de un caso de una balacera ocurrida en 2021, al fiscal que investigaba ese hecho.
El contexto
Un sector del MPA consideró curiosa esa exposición, no por el contenido de las conversaciones y la posible comisión de un delito por parte de Edery, de la que tienen obligación de denunciar, sino porque la jefa de la Fiscalía Regional II, María Eugenia Iribarren, había emitido una directiva expresa a los fiscales Socca y Moreno para que no ventilaran públicamente las capturas, en orden del riesgo que implicaba.
En forma paralela, Iribarren solicitó el inicio de un legajo penal para investigar la posible omisión de Edery y de un expediente interno en la Auditoría General de Gestión (AGG) del MPA para evaluar los análisis de su conducta.
Según pudo saber el periódico El Eslabón, en 2021 el ahora cuestionado fiscal informó a sus superiores acerca de los informantes que empleaba en sus investigaciones, entre los que figura el nombre de Ortigala. Eso cubre parte de lo actuado por Edery –aunque Santa Fe no adhirió a la ley que establece el mecanismo legal para el uso de la figura del informante-, pero no lo deresponsabiliza automáticamente de las consecuencias disciplinarias o penales en caso de haber cometido alguna omisión dolosa.
Sin embargo, y pese a esa directiva de Iribarren, Socca y Moreno la desobedecieron e hicieron pública las conversaciones en la audiencia del miércoles por la investigación de presuntas extorsiones las conversaciones entre la testigo del juicio a Alvarado y el fiscal que participó de ese proceso oral.
Las charlas estaban guardadas en un teléfono móvil que le secuestraron a Ortigala en su casa de Funes Town el lunes 11 de septiembre, cuando fue allanada y detenida junto a su pareja.
Un integrante de la Fiscalía Regional Rosario recordó a este semanario datos que sugieren la idea de que Moreno y Socca, por sus trayectorias previas, podrían haber actuado impulsados por una interna del MPA.
Cuando el senador del departamento San Lorenzo, Armando Traferri, se resistió a presentarse a audiencia imputativa como presunto organizador de una banda de juego clandestino, amparado en sus fueros legislativos, su abogado defensor José Luis Vázquez dijo que los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra, que eran quienes lo acusaban, no cumplían con los principios de imparcialidad ni objetividad que deben guiar el proceso penal.
En una entrevista con la radio LT9 de la ciudad de Santa Fe, Vázquez adelantó que su patrocinado estaba dispuesto a renunciar a los fueros y someterse a proceso penal, si le permitían escoger a los fiscales.
“Si hay un fiscal que nos dé garantía, y mencioné en otra entrevista a dos, mencioné a (Miguel) Moreno y a (Aníbal) Vescovo, nosotros nos ponemos inmediatamente a disposición”, dijo el abogado en referencia a la práctica conocida en el derecho internacional como “forum shopping”, el anglicismo que designa la posibilidad del demandado de someterse a un tribunal del que aguarda una sentencia favorable.
Moreno, a cargo de la unidad de Delitos Económicos, aparecía como uno de los elegidos por el defensor de Traferri para someterse a proceso, cosa que no ocurrió porque la legislación impide escoger al acusador del propio imputado.
En cuanto a Socca, recordó la fuente consultada, “hizo toda la carrera judicial en el juzgado de Javier Beltramone”, quien durante muchos años fue magistrado de primera instancia y luego camarista.
Moreno y Beltramone participaron del último concurso para renovar autoridades del MPA, el primero como candidato a la Fiscalía Regional de Rosario y el segundo como postulante a la Fiscalía General.
En ese legítimo proyecto que resultó fallido, ambos tuvieron el apoyo de la más importante empresa de medios de comunicación de la provincia, de carácter oligopólica, y que no sólo distribuye noticias sino que busca incidir en el reparto del esquema de poder santafesino.
¿Creés que esto tiene algo que ver con ese grupo de poder que impulsó esas candidaturas?, preguntó El Eslabón a un miembro del MPA sobre la denuncia a Edery. “No creo, estoy convencido”, respondió.
El jueves 21, cuando se conocía la decisión del MPA de iniciar una doble investigación sobre la conducta de Edery, el senador Traferri anunció que le pediría a la Cámara alta que analice su desafuero, que ya había sido rechazado por 12 votos en diciembre de 2020.
Carriles institucionales
Antes de todo esto, la Asamblea Legislativa se inclinó, en función de los pliegos enviados por el gobierno de Omar Perotti, por Iribarren como fiscal Regional de Rosario y la zona y por Cecilia Vranicich como fiscal General. Que no provienen de un repollo, por cierto.
Vranicich hizo emitir un comunicado oficial el jueves, en el que señala que “en cumplimiento de los principios de actuación de objetividad, transparencia y responsabilidad, se evalúa el accionar del fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 2, Matías Edery. La tarea se lleva a cabo desde los carriles institucionales legalmente dispuestos, respetando las distintas incumbencias de los órganos del MPA y reafirmando el compromiso en la persecución de los delitos”.
Agrega que “el Auditor General de Gestión del MPA también evalúa el desempeño del fiscal desde su incumbencia disciplinaria” y que “tanto el proceso penal como el disciplinario tienen marcos legales y plazos propios que respetan los derechos y garantías constitucionales y el deber de rendición de cuentas de los integrantes del MPA. En tal sentido, se aguardarán los resultados de ambos procesos”.
El propio Edery dijo en declaraciones televisivas que “ventilar estas cuestiones como lo de una persona que pasa información en el marco de una audiencia pública es un acto de irresponsabilidad, porque como Estado debemos proteger a esa persona que está brindando datos, al margen que haya cometido delitos”.
Agregó que la conducta de Socca y Moreno “no me sorprende, pero me estoy enterando por los medios. Se trata de una cuestión bastante particular. Se trata de una persona que me pasaba información (por Ortigala). Ella empezó siendo una testigo en la causa de Alvarado y por eso recibió 40 tiros”.
Doble vara
Uno de los pocos críticos públicos de las actuaciones de los fiscales Edery y Schiappa Pietra, el abogado y criminólogo Enrique Font, de la Universidad Nacional de Rosario, se preguntó esta semana si “¿es la conducta del fiscal Edery menos reprochable que la de los ex fiscales (Patricio) Serjal y (Gustavo) Ponce Asahad?”.
Su respuesta fue “no. Edery, aunque ya tiene varias de estas, sigue como si nada. Serjal y Ponce Asahad fueron investigados, presos y rajados”.
Se refiere al ex jefe de la Fiscalía Regional, imputado y pronto a ir a juicio oral por el presunto cobro de coimas al capitalista de juego clandestino Leonardo Peiti, quien se adhirió al programa de imputado colaborador y declaró contra los miembros del MPA. Ponce también aportó datos y fue condenado, como mano derecha de Serjal en esos asuntos, mediante un juicio abreviado.
Font les endilga a Edery y Schiappa Pietra haber avanzado en esa investigación sólo contra los fiscales y el senador Traferri, y dejar de lado otra parte de las declaraciones de Peiti que apuntaban a los policías Daniel Corbellini, ex jefe de la PDI, y José Luis Amaya, ex titular de la Unidad Regional II, a quienes vincula con el entonces ministro de Seguridad y actual gobernador electo, el ex progresista Maximiliano Pullaro.
También apuntó en varias oportunidades que Schiappa Pietra participó como fiscal del juicio de 2017 a Los Monos, por homicidio y asociación ilícita, utilizando como prueba la investigación realizada por la brigada de la División Judiciales de la policía, conformada para ese caso y abastecedora de la prueba que utilizó el cuestionado juez Juan Carlos Vienna para procesar a los cabecillas de la familia Cantero.
El planteo de Font se completa con lo actuado por el mismo fiscal en el juicio a Alvarado del año pasado, en el que fueron condenados varios policías de Judiciales porque se descubrió que su lucha contra los Cantero no era una embestida contra el Mal, sino que en realidad busca “tumbar” a esa banda para levantar la de Alvarado.
“A (la fiscal Valeria) Haurigot la sumariaron por una entrevista; a (Melisa) Serena (fiscal de San Lorenzo) por un comentario desafortunado; a González Raggio por un tuit inapropiado a un periodista”, escribió esta semana Font en su cuenta de la red social ahora llamada X.
Y agregó: “Edery tuvo vínculos con una persona investigada, nunca investigó a comisarios acusados por Peiti y ahora esto, ¿y no pasa nada?”.
Para el criminólogo, existe una doble vara en el MPA, organismo del que también es muy crítico, mediante cuya aplicación se defiende a los amigos y se destierra a los enemigos.
El sistema procesal penal santafesino se constituyó sobre acuerdos políticos que permitió a un gran número de correligionarios de Pullaro y funcionarios del Partido Socialista acceder a cargos, y en menor medida al PJ, que no era gobierno por entonces.
En el caso de la Regional Rosario, su efectividad en materia de resolución de causas es floja: en 2022 –año récord de homicidios dolosos- sólo el 33 por ciento fueron esclarecidos, mientras otras jurisdicciones –con otras complejidades y muchos menos casos- llegaron al 100.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 23/09/23
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