La dirigente se repone y enfrenta la condena del partido judicial. Un recorrido por la Túpac Amaru, sujeto colectivo cooperativo y territorial, que desde abajo va construyendo un lugar para la vida.
Milagro Sala recibió el alta hospitalaria, seguirá con tratamiento ambulatorio y continuará con supervisión durante dos o tres meses y medio, como mínimo, según indicó Jorge Rachid, su médico personal y experto sanitarista del PJ. Rachid indicó a Télam: “Durante su internación en el Hospital Italiano de La Plata, cuatro equipos médicos trabajaron con Milagro por la gravedad de su lesión. Sufre una trombosis desde junio de 2022 y esa afección fue menoscabando su estado físico y emocional”.
La Corte Suprema de Justicia condenó en 2019 a 13 años de prisión a Sala, al declarar inadmisible un recurso de la defensa de la dirigente social. Aprobó la sentencia impuesta el 15 de diciembre sin analizar la violación de garantías constitucionales alegadas por sus abogados. Sala había sido arrestada en enero de 2016 debido a un acampe realizado junto a diversas cooperativas en reclamo contra el gobernador de Jujuy Gerardo Morales. La detención fue considerada de carácter político por diversas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos, así como también denominada arbitraria por Naciones Unidas y Amnistía Internacional. El 10 de enero de 2017 la Túpac, organización de la que fue secretaria general, denunció que la investigación era “una nueva embestida del gobierno (del entonces Mauricio Macri) para profundizar el show mediático en torno al caso de Sala y extorsionar a familiares de detenidos y cooperativistas para que denuncien a la diputada del Parlasur frente a la falta de pruebas”.
Durante el juicio, el tribunal de Jujuy había rechazado testigos importantes para la defensa. También le negó un peritaje sobre la cantidad de obras realizadas por la Túpac, eje central de la acusación. Milagro fue acusada de integrar una “asociación ilícita”, figura jurídica controvertida y amplia, como indicó el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).
Milagro va ahora retomando fuerzas, de esas que jodían por combatir la lógica del sistema con una nueva forma de poder popular. “El poder territorial construido por la Túpac, luego de 16 años de recorrido, logró consolidar un proceso de institucionalización informal, signado por la dependencia de los recursos estatales. Parece que se puede privatizar un lago escondido, pero no construir piletas para la negrada”, señala Fernanda Valeria Torres, doctora en Ciencias Sociales e Investigadora del Conicet de la Universidad La Plata.
Los enemigos del sistema
“En Jujuy La Cámpora no tenía mucho desarrollo, entonces la derecha persiguió a la Túpac”, explicaba ya en 2014 Ariel Méndez, coordinador del Movimiento Nacional Campesino Indígena, movimiento nacido en los 90, en un galpón de Humahuaca Red Puna, para burlar al modelo económico de entonces.
La Red está integrada por organizaciones populares rurales que trabajan en la producción, acopio y comercialización de productos de comunidades de la región, organismos técnicos, organizaciones de promoción, desarrollo y trabajadores desocupados de la minería y agroindustriales.
Comparten experiencias y reflexiones sobre las condiciones de vida de los campesinos, aborígenes, artesanos y jóvenes. “También la pelea por los derechos y desarrollo de las comunidades”, señaló Ariel Méndez, fallecido en enero de 2014.
Pibes villeros, en algo andaban
En diciembre de 2022, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja de los abogados defensores. La sentencia no modificó la obligación del Estado de proteger la salud física y psíquica de la dirigente social, tal como lo exigió la Corte Interamericana de DDHH.
Milagro está detenida por la causa “Pibes Villeros” desde el 29 de enero del 2016. A partir de ese momento hubo un manojo de acusaciones, que derivaron en el inicio de 12 causas judiciales, con el objetivo de sostener su privación de libertad.
Fernanda Valeria Torres indica que “el proceso de territorialización de la Túpac Amaru configura —en noviembre de 2018— un espacio social de un sujeto colectivo en torno a la institucionalización informal, que se da en cooperativas de trabajo, y una formal, en la creación de un partido político”. Ocho mil viviendas levantó en 2003 esa “territorialización de la Túpac”, indica Torres. Armaron “equipamientos comunitarios y una red de servicios sociales, educativos, sanitarios y recreativos, que generaron unos cinco mil puestos de trabajo”.
La Túpac es sinónimo de centros educativos, culturales, deportivos, en escuelas y colegios, centros de salud, piletas, cine, radio. Desde asambleas lograron retomar el poder de elegir y trabajar, divertirse, de movilizarse y de definir desde el nosotros sus territorios y organización colectiva.
En tanto, Lucía Maina Waisman de La Tinta (medio cooperativo de Córdoba) relataba en septiembre 2022: “Hace 27 años, comunidades campesinas y originarias de Jujuy se organizan por hacer crecer la soberanía alimentaria, la economía regional y la equidad de género. Más de 1.200 familias forman parte de esta red de comercialización de alimentos, un emprendimiento de tejedoras, cambalaches y ferias de semillas en las tierras del norte”.
Un Alto Comedero
En el marco de este proceso, construyeron en Alto Comedero, cerca de la capital provincial, 3 mil viviendas; fábricas metalúrgicas, textiles, de bloques, adoquines y caños; un puesto de salud y el Centro Modelo Integral de Rehabilitación (Cemir); canchas de rugby, fútbol y básquet.
También crearon la escuela primaria Bartolina Sisa, la secundaria Olga Arédez; y un moderno centro cultural con salas de teatro y cine. Y el Templo de Kalasasaya, centro político y ceremonial que funcionaba con un parque acuático y otro con réplicas de animales prehistóricos.
Además, conformaron espacios de políticas de trabajo inclusivo, blanqueado, cooperativo durante los gobiernos de Néstor y de Cristina. Durante esos gobiernos, entre solamente 2003 y 2008 se construyen 4.200.000 puestos de trabajo de los cuales 3.100.000 fueron registrados por las instituciones laborales, según rescatan los trabajos de Martín Armelino (2012) y Abal Medina (2015).
El trabajo en la organización habilitaba el acceso a bienes masivos de mercado, electrodomésticos, ropa, calzado, entretenimientos infantiles o comidas y bebidas en restaurantes en la zona y aledaños de la antigua terminal de ómnibus de San Salvador.
Con saberes ancestrales y comunitarios
“Es una nueva lógica de construcción política, no practicada por las domesticadas y engañosas formas tradicionales de hacer política. Y no excluyendo o controlando a los otros”, explica Torres. Y sobre la apuesta del anclaje territorial, advierte que “es politizado por esas fuerzas sociales ignoradas y desdeñadas por el sistema de acumulación y social: las pobres, negros y negras, indios e indias, homosexuales, madres solteras, analfabetos y las analfabetas”.
“Es un territorio producido a partir de saberes populares y de tradiciones ancestrales como la celebración de la Pachamama, y que están articulados con, por ejemplo, la afirmación de derechos propios de la vida contemporánea como la elección de género, que eran y son resistidos por una sociedad provincial profundamente machista y patriarcal”, agrega.
Son territorios donde la “salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la recreación, el esparcimiento, la cultura se articularon como derechos y valores de la vida cotidiana de las personas y no como valores de cambio definidos por el mercado”.
José Luis Coraggio, nacido en 1938 y economista de la UBA, en su libro Miradas sobre la economía social y solidaria en América Latina, señala que “la finalidad de la economía social es la prestación de servicios a la colectividad, de un barrio, movimiento social, siendo la ganancia una cuestión secundaria“.
Según Juan Lombardo, profesor Consulto de la Universidad Nacional de General Sarmiento: “La Túpac levantó: una cooperativa textil que confeccionaba ropa de trabajo, conjuntos deportivos y escolares destinados al abastecimiento de los miembros de la organización; un taller metalúrgico que producía todas las aberturas que se usaban en las construcciones; una fábrica de bloques y caños de hormigón que producía insumos para la construcción; una fábrica de muebles de caño que confeccionaba estructuras de hierro, mobiliario escolar, sillones, mesas”.
Remarca que generó trabajo y la construcción de “un espacio como lugar para la vida. Y llegar a esto implicó: una relación entre Estado y trabajadores (desocupados), la generación de políticas innovadoras, con el fin de dar trabajo a los desocupados, sobre la base de la generación de emprendimientos colectivos manejados por sus propios trabajadores (cooperativas)”.
Desmercantilizar los derechos
Las prácticas territoriales de la Túpac proponen no comercializar derechos conquistados, con el compromiso de dejar de entenderlos como servicios con valor de cambio. Así lo expresa una entrevistada: “Somos de clase pobre, porque muchas veces nos cerraron la puerta con eso que «tenés que pagar». Para nosotros tiene que ser todo igual, y le queremos enseñar a la gente que siempre tuvo que ser así, que no tenías que pagar para entrar a una pileta a bañarte” (Laura, del Grupo de Género y área de DDHH de Jujuy, abril 2015).
Luego la Túpac vivió una situación muy delicada, varios militantes (como Milagro) fueron a prisión desde diciembre de 2015. Esto, según Torres, llevó a “pérdidas en el ámbito social, económico, cultural y político de la organización (cierre de fábricas, pérdida de puestos de trabajo de los cooperativistas, cierre de los polideportivos y piletas, pérdida de emisora de radio y cierre de centros y servicios de salud, etc.), y perdió afiliados y representantes a diputados”.
La alianza de la Túpac Amaru con el gobierno nacional a partir de 2003 “le permitió hegemonizar la organización de los sectores populares informales de Jujuy. Logró herramientas para consolidarse y un fuerte nivel de disciplina y movilización interna”, señala Torres.
“Sin embargo la transferencia de recursos no es suficiente para explicar la continuidad en la movilización de esta organización. Las regulaciones informales impuestas por el gobierno nacional determinan el modo en el que la Tupac recibe los recursos estatales sin condicionamientos de los gobiernos subnacionales. Este movimiento se ha cristalizado en la formación de la Red de Organizaciones Sociales en 2007”, explica Fernanda Valeria Torres en su artículo “Proceso de territorialización de la Organización Barrial Tupac Amaru: cooperativas, barrio y política”, publicado en “Estudios Socioterritoriales. Revista de geografía”, de Tandil, en junio de 2019.
Indulto e indemnización
El 31 de marzo de 2023, el constitucionalista Eduardo Barcesat apoyó un proyecto de amnistía para Milagro Sala. “Lo más importante es que los compañeros presos de la Túpac reciban este acto de justicia reparatorio de la ley de amnistía proyectado por la diputada nacional del Frente de Todos Gisela Marziotta”.
Barcesat sostuvo que es “un signo de que se recupera la institucionalidad”. “Estamos acostumbrados a que se gobierne por decretos y el Congreso cumpla una función pasiva y no que ejerza las amplias incumbencias que tiene tal como las define la Constitución”, remarcó. Y aseguró que se agregó al proyecto la cláusula de reparación histórica a los pueblos originarios
Además, cuestionó al presidente Fernández: “En 2019, teníamos la promesa de dejarla en libertad, algo que nunca cumplimos”. Explica que la ley de Amnistía “es una facultad que tiene el poder legislativo y consiste en eliminar el delito porque hubo persecución política. Ella fue encarcelada cuando estaba participando de una protesta”.
Por último, el sociólogo Adrián Berardi de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales Universidad de San Martín, afirma: “La historia reciente de Jujuy y el propio régimen político configuró el lugar donde surgió un nuevo tipo de militancia sindical y de base, separada de los partidos políticos”.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 21/10/23
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