Milei actualizó la política del imperio romano de pan y circo con un ajuste real y actos simbólicos para retribuir a sus seguidores. Ataques a la perspectiva de género, el Inadi y los derechos humanos para paliar el saqueo.
En las últimas semanas el gobierno de Javier Milei combinó el avance del profundo ajuste económico contra jubilados y pensionados, trabajadores, el sistema educativo y las administraciones provinciales –entre otres– con una serie de actos simbólicos destinados a atacar espacios de Derechos Humanos, discapacidad, xenofobia y racismo y perspectiva de género, como dos caras de una misma moneda. Las agresiones oficiales a los sectores más distantes de sus políticas –englobados perezosa e interesadamente como “kirchneristas” o amplia e indefinidamente como “la casta”– abrió una discusión acerca de si el presunto propósito del Gobierno es “distraer” a la opinión pública con ataques a esos segmentos previamente estigmatizados, a modo de retribución simbólica a su electorado por la quita de bienes y servicios fácticos que hasta hace unos meses ofrecía el Estado a la ciudadanía. Algo así como el pan y el circo romanos, pero sin el primero de los términos. Sólo circo, y dark. En ese contexto se inscriben las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, y las decisiones gubernamentales de las últimas semanas: “Saluden al Inadi que se va”; “A mí me parece sensacional que esto haya desaparecido” (el programa en la TV Pública de la Asociación Madres de Plaza de Mayo); “Se va a prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional”.
Adorni está feliz
El sábado 24 de febrero, el vocero presidencial anunció en su cuenta de la red social X –que, para el gobierno, vendría a ser como el único mundo real o, al menos, el más importante– que “las nuevas autoridades de la TV Pública tomaron la decisión de no renovar el programa de las Madres de Plaza de Mayo para el año 2024”.
Las nuevas autoridades de la TV Pública tomaron la decisión no renovar el programa de las Madres de Plazo de Mayo para el año 2024. Fin. pic.twitter.com/teN4jfD9Mv
— Manuel Adorni (@madorni) February 24, 2024
En esos términos podría decirse que el Gobierno comunicó una decisión, que como todas son discutibles. Pero en una entrevista con la señal de cable del Grupo Clarín, TN, Adorni fue un paso más allá: “A mí me puso muy feliz, porque en definitiva empezamos a desarmar parte de la vieja política. Pensar que este tipo de programación la sostienen los mismos pobres e indigentes que con sus impuestos, directa o indirectamente, paga, este tipo de producciones”.
Ahí aparece la cuestión central del relato mileísta, que procura abastecer de odios por medio de mentiras o medias verdades a su núcleo duro de seguidores y zonas aledañas, el neofascismo reaccionario.
Es difícil cuantificar cuántos impuestos pagan los pobres e indigentes (algunos, como el IVA, no pueden eludirlos), pero se sabe por datos estadísticos de universidades privadas que en los últimos meses 3,6 millones de personas cayeron en la pobreza por ingresos. Es decir que el gobierno está fomentando la existencia de contribuyentes pobres.
Decir que el programa de las Madres en la TV Pública se financia con impuestos de los indigentes y no con los del conjunto de los contribuyentes no es un error, sino una decisión política. El resto de la programación del canal estatal también se sostiene con los mismos recursos.
El relato oficial que procura encender el discurso reaccionario de La Libertad Avanza (LLA) quedó perfeccionado cuando Adorni dijo en el mismo programa de TN: “A mí me parece sensacional que esto haya desaparecido”. Desaparecido el programa de la asociación creada por las madres de personas desaparecidas durante la última dictadura.
A través de un comunicado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo dijo que “no nos sorprende la medida” porque “este Gobierno que ha manifestado su intención de destruir los medios públicos, sabe que tiene en las Madres una organización dispuesta a luchar con todas sus fuerzas para impedirlo”.
“Por lo demás –siguieron– lamentamos el grosero error de cálculo de Milei: si piensa que por sacarnos del aire acabará con nuestra lucha, se equivoca largamente”.
No se trata de un episodio aislado: el cuadro más formado que el gobierno de LLA posee en materia de negacionismo del terrorismo de Estado, la vicepresidenta Victoria Villarroel, hija de un militar que participó de aquella represión ilegal y clandestina, designó esta semana al coronel retirado Esteban Vilgré La Madrid al frente del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, cargo que ocupaba Edgardo Esteban, un soldado que peleó en la guerra de 1982 en su condición de conscripto, autor del libro Iluminados por el fuego que dio origen a la película homónima.
Vilgré La Madrid, según contó la periodista Luciana Bertoia, cree que ligar la guerra con el gobierno de facto que la inició es una forma de “desmalvinización”.
“Después de Malvinas, para evitar cualquier intención argentina de volver al conflicto hasta el año 91, crearon una serie de planes, entre los cuales estaba demostrar que la guerra fue producto del mismo proceso de gobierno que hubo a partir del 76 en Argentina, que es la continuación de (Leopoldo Fortunato) Galtieri y de todas las políticas de Estado de ese momento, y que a raíz de eso ellos tuvieron que intervenir como país amigo para salvar a los kelpers de la tortura y la desaparición”, dijo Vilgré La Madrid en una entrevista. “Yo creo que el primer paso de la desmalvinización fue mezclar un gobierno y una época de nuestra historia con la guerra de Malvinas”.
A fines de enero, la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), denunció que “Milei designó como nuevo director titular de Fabricaciones Militares Sociedad del Estado a Hugo Alejandro Pascarelli, hijo de Hugo Idelbrando Pascarelli, genocida condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino El Vesubio”.
Recordó que “se suma a la designación de días atrás de Claudio Pasqualini como secretario de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa. Defensor de la «memoria completa». Su suegro, Athos Renés, está condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad” en la provincia de Chaco.
La libertad de prohibir
El día que se conmemora la creación y primer izamiento de lo que luego sería la bandera argentina, el 27 de febrero, el Gobierno produjo dos acciones, una de menor cuantía y otra de indisimulable relevancia.
El ministro de Economía, Luis Caputo, emitió deuda pública por 12 mil millones de dólares y 5 billones de pesos, estos últimos atados a la inflación y a vencer entre 2025 y 2026, mediante el lanzamiento de tres bonos.
El vocero Adorni anunció que el Gobierno va a iniciar “las actuaciones correspondientes para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en la administración pública nacional”. ¿Cuál cree el lector que fue la noticia del día?
Otra vez, el hábil vocero liga una decisión oficial que avanza hacia atrás con lo que llama “el negocio de la política”, que es todo lo que se allane a la voluntad del Gobierno.
“Es un debate en el que no vamos a participar, porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política”, apuntó, y no anunció la desarticulación de ese “negocio”, sino de la política estatal de género.
Consultado por El Eslabón sobre los efectos de esa medida, el doctor en Ciencias Sociales y ex secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del gobierno santafesino, Luciano Fabbri, dijo que “si bien siempre fue clara la oposición ideológica del gobierno de Milei a las políticas de género, el momento en el cual lo hacen tiene que ver con una maniobra distractiva a partir del efecto que tuvo en las redes, lugar al que prestan excesiva atención, la prohibición del lenguaje inclusivo por parte de Luis Petri en el Ministerio de Defensa: al día siguiente extendieron ese asunto a la administración pública en general”.
Fabbri cree que la medida se adoptó “con la finalidad de fidelizar a ese núcleo de apoyo claramente reaccionario con el que cuenta el gobierno actual, dándole medidas simbólicas que celebrar, cuando el conjunto de la sociedad no tiene nada para celebrar, en el marco de esas políticas de gobierno que se basan en el saqueo y la crueldad, en el ajuste a los trabajadores y las clases medias”.
Además, incluyó en su análisis que “el efecto principal tiene que ver con controlar la agenda de debate en las redes sociales, en los medios y la opinión pública, desviando el foco de atención de las políticas económicas y sociales que están implementando”, y recordó la deuda tomada por Caputo en la misma jornada.
“Sin embargo –dijo– casi todos los portales digitales de los grandes medios difundían la prohibición del lenguaje inclusivo anunciado por Adorni esa mañana”. Circo sin pan.
También cree Fabbri que la medida busca la construcción de un enemigo, una de las tareas más evidentes de las políticas oficiales.
Una cosa que empieza con E
“En un segundo plano podría decir que tiene un efecto ordenador, en el sentido que establece como una enemistad pública con los feminismos, con las políticas de inclusión o los progresismos, con ese discurso sobreideologizado que Milei llama el marxismo cultural, globalista. Todos aquellos que se van a oponer a las medidas de prohibición del lenguaje inclusivo vamos a ser identificados como enemigos del cambio que ellos proponen”, resaltó después.
Pero además, existe un tercer asunto a tener en cuenta: “Si se quiere un efecto más preocupante para quienes a diario trabajamos esta agenda, tiene que ver con el efecto de disciplinamiento sobre las personas que impulsaron el lenguaje inclusivo, porque parece que las políticas de género son el mainstream, el establishment y la casta, cuando olvidamos que es muy reciente y muy precaria la inserción de las políticas feministas y de la diversidad sexual en la agenda estatal”.
“Aquellas personas que se reconocen no binarias, ven en riesgo la posibilidad de ser nombradas acorde a su identidad de género autopercibida, que es lo que establece la ley de identidad de género y la normativa internacional a la que el Estado argentino adhiere”, continuó Fabbri.
No derogar la ley ni la adhesión a las normas internacionales, alimenta la idea del ofrecimiento de baratijas para olvidar el ruido en el estómago.
El docente universitario recordó que “cuando hablamos de lenguaje inclusivo no hablamos exclusivamente del uso de la e, la x o el arroba, sino de la diversidad de modalidades posibles para desmontar el uso del género gramatical masculino como universal”.
Por último, remarcó que “si el Estado en el ámbito de las políticas públicas desconoce, ignora y deja de nombrar las diversas identidades de género, las desigualdades estructurales atravesadas por el género y las sexualidades, básicamente lo que está haciendo es reproducir esas desigualdades, esa invisibilidad, reproducir que hay ciudadanías de primera y de segunda, y efectivamente reproducir una lógica de exclusión”.
Discriminación política
Antes de prohibir la perspectiva de género, el Gobierno había anunciado el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como parte de una política integral “de desmantelamiento”, no de la discriminación negativa en la comunidad, sino de “diferentes institutos” que calificó –otra vez– como “grandes cajas de la política o simplemente lugares para generar empleo militante”.
Si así fuera, ¿no bastaría con que un Gobierno que desprecia la militancia como práctica y abjura de las “cajas de la política” realice las reformas necesarias para convertirlo en un instituto modelo?
Pero esa no es la cuestión. “Hay un sinfín de institutos que el presidente Milei está decidido a cerrar o desmantelar ya que nuestra prioridad es que el Estado debe achicarse para reducir el gasto público con el objetivo de bajar impuestos, que es otra de las metas de mayor relevancia del Gobierno”, dijo Adorni. Por ahora, los gravámenes los han subido, pero sólo van 80 días de gestión.
El modo en que el vocero comunicó el cierre del Inadi por la red social X fue el inverso al del programa televisivo de las Madres. Es decir, alentó el prejuicio desde un posteo carente de –al menos– profesionalismo: “Saluden al Inadi que se va”.
Saluden al INADI que se va…
— Manuel Adorni (@madorni) February 22, 2024
Como la realidad y el derecho internacional exceden a las bravatas en el ex Twitter, el Ministerio de Justicia emitió luego un comunicado en el que informó que las tareas del Inadi serán absorbidas –como su personal, o parte de él– por la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
“El Inadi fue creado por ley y conforme convenciones internacionales, por lo tanto su supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”, señala el comunicado, que evita los saludos. La persecución por razones políticas es una forma de discriminación.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 02/03/24
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