Con la complicidad de los medios mainstream que discuten sobre caniles, las organizaciones sindicales –con eje en las estatales– dan forma a la resistencia al ajuste inhumano de los hermanos Milei.
Por ser el sector más directamente agredido, por su ejercicio más cotidiano de la pelea, su trayectoria y dinámica de lucha, los sindicatos de trabajadoras y trabajadores estatales se ubicaron en las últimas semanas a la cabeza de la construcción de la resistencia a las políticas destructivas de lo público que orienta el gobierno de los hermanos Javier y Karina Milei, aunque no son los únicos que procuran generar anticuerpos frente al experimento “liberal libertario” sobre seres humanos iniciado a mediados de diciembre pasado. Mientras en los medios tradicionales y en los controlados por las “5 grandes” –cuya capacidad de manipulación y control es ostensiblemente superior a la de sus antecesores– la conversación pública se inclina por el debate sobre caniles y canes, el Gobierno avanza en el desguace del Estado mediante despidos y no renovación de contratos laborales, cerrando dependencias y organismos sin un plan que guíe sus acciones más que el de reducir hasta donde pueda la idea de lo público. Al cierre de esta edición de El Eslabón, el jueves 4, se llevaba adelante un paro nacional de Ctera, la confederación que reúne a los gremios docentes, a quienes la Casa Rosada les bajó el salario mediante la eliminación del Fonid (Fondo de Incentivo Docente). La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una medida de igual magnitud y alcance para el viernes, mientras la CTA y la CGT coordinan una posible huelga nacional y los Camioneros de Pablo Moyano prometen parar el país si la Secretaría de Trabajo no les homologa el aumento salarial pactado con las patronales transportistas.
“Estamos convencidos de que tenemos que ir a un paro nacional y estamos en tratativas con los compañeros de la CGT. Las dos CTA ya lo decidimos, creo que las condiciones están dadas para el paro nacional. Todos los trabajadores y trabajadoras tenemos que demostrar que no nos vamos a arrodillar ni nos vamos a dejar llevar por delante”, dijo el secretario general de la CTA de los Trabajadores, el docente Hugo Yasky.
Uno de los líderes de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), informó que el 11 de abril se reunirá el Consejo Directivo de la central sindical y que allí se definirá un plan de acción. “No descartamos nada, ni paro ni movilización”, dijo el dirigente, que apunta a una masiva movilización el 1 de mayo, mientras se muestra más tímido y especulativo ante la convocatoria a una huelga general.
En unidad
Tal vez por la reducción brutal del gasto corriente para el Correo Argentino –empresa que desea privatizar–, el Gobierno evitó enviar notificaciones a los empleados de la delegación Rosario del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para informales el cese de sus tareas, y en cambio fue la Policía Federal la encargada de desalojar la oficina local el miércoles 3 a modo de telegrama de despido, violando todas las normas laborales.
El delegado local de Enacom, Franco Balzaretti, dijo que “venían circulando muchas versiones, pero el miércoles pasado pusieron un patrullero en la puerta y ayer (por el miércoles 3 de abril) cuando se presentaron a trabajar había Policía Federal y seguridad del Correo informando que no podían entrar a sus lugares de trabajo”.
“Todo esto sin haber recibido telegrama ni comunicación oficial”, agregó el ex delegado en declaraciones a Radio Dos. Explicó que la decisión de levantar las oficinas de Rosario y Santa Fe del organismo, deja huérfanos de defensa a los usuarios y en libertad de hacer lo que les plazca a las empresas, algo coherente con el ideario oficial.
“Una de las cosas que regulaba el Enacom eran las tarifas, algo que se desreguló y lo otro que hacíamos era la defensa del consumidor de telefonía móvil, fija e internet. Cuando uno tenía un problema con la empresa, era Enacom quien litigaba y el gobierno tomó la decisión de no seguir imputando y exigiendo a las empresas”, dijo Balzaretti.
La otra tarea vital que cumple la oficina está relacionada con la seguridad aérea. “El aeropuerto de Rosario trabaja permanentemente con el Enacom por la comunicación entre la torre de control y los aviones. Muchas veces hay interferencias de radios que tienen algún inconveniente técnico o mucha potencia y eso genera dificultades entre la torre de control y los aviones que llegan o salen. Cuando eso sucede, el Enacom interviene y en cuestión de minutos se hace que esa señal que interfiere se baje para evitar una catástrofe. Hoy eso no lo está controlando nadie”, explicó en la misma entrevista.
El mismo, en la vereda de la sede céntrica de la Ansés Rosario, tuvo lugar un acto de unidad de las entidades gremiales con representación en el organismo, también afectado por despidos y cierre de oficinas regionales.
En el acto local en repudio a los 11 mil despidos de la administración pública nacional y sus empresas, convergieron ATE, UPCN, Apops y Secasfpi, los dos últimos ligados directamente a los empleados de Ansés. Con globos negros, paraguas por la intensa lluvia y los nombres de los despedidos antecedidos por la leyenda “acá falta…”, la concentración exhibió la unidad de los distintos sindicatos y el apoyo de otros.
Con la idea de que la salida no es individual sino colectiva, participaron también del acto Amsafé Rosario, Siprus (médicos), el Sindicato de Prensa, Bancarios, trabajadores del Conicet y dirigentes políticos como el diputado Eduardo Toniolli (Movimiento Evita); la concejala Norma López (La Corriente) y Octavio Crivario (Frente de Izquierda y trabajador de Ansés).
Los despidos en el organismo no sólo afectan directamente a los cesanteados, sino que empeora la atención al público. En Santa Fe, el recorte de personal en Ansés tuvo como consecuencia el cierre de las oficinas del organismo en las localidades de Vera, San Javier y Villa Ocampo, por lo que trabajadores y jubilados que tengan que hacer trámites deberán viajar entre 80 y 150 kilómetros hasta la ciudad de Santa Fe para poder cumplirlos.
Estado policial
La cesantía de unos 11 mil estatales de diferentes áreas y organismos en todo el país provocó que el miércoles 3 ATE convoque a un “ingreso masivo” a los lugares de trabajo, como protesta por la medida del Gobierno.
La respuesta oficial no fue la conciliación obligatoria por medio de la Secretaría de Trabajo, sino el envío de fuerzas de seguridad a las oficinas. Menos ley, más fuerza, y no justamente del cielo.
“Son despidos de gente que tiene hasta 15 y 20 años de antigüedad. Lo que quieren hacer es destruir el Estado, degradar la Secretaría de Trabajo para que un empleado de Techint maneje los conflictos sindicales, prohibir a los trabajadores poder desempeñarse en su tarea y convertir a los trabajadores en esclavos”, dijo Yasky, de la CTA de los Trabajadores.
El lugar común acerca de que el ajuste cierra con represión cede su sentido de frase hecha para convertirse en inequívoca política de (¡ay!) Estado. Porque el minarquismo –también llamado “Estado vigilante nocturno”- no aplica su idea de reducción estatal a las fuerzas de seguridad, ya que en un país con la tradición de lucha popular como la Argentina requiere de su empleo cuando las políticas gubernamentales apuntan a producir miseria, empobrecimiento, desempleo y desolación social.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) consideró que “el despliegue policial con armas de fuego en los ingresos y dentro de las oficinas del Estado, coordinado por el Ministerio de Seguridad, es atemorizante y un peligro para miles de personas, tanto para quienes están siendo despedidas como para quienes conservan su trabajo”.
Agregó a través de un posteo en la red social X que “el Gobierno muestra así su cara más policíaca para avanzar con despidos masivos. A la crueldad y la incertidumbre de quienes llegan sin conocer su situación laboral, se le suma la violencia de la ocupación policial de las oficinas”.
Efecto motosierra
Al menos una parte de la población se entusiasma todavía –y en algunos casos hasta celebra– la pérdida de puestos laborales en el sector público, que por su magnitud nadie puede confundir a esta altura con la pretendida limpieza de “ñoquis” ni activistas partidarios. Sin embargo, la motosierra irracional sobre el Estado –sin planificación ni fundamentos– es una de las caras del plan económico contra los humanos que encaran los hermanos Milei.
La buscada caída de la actividad (recesión) con baja del consumo, pero niveles altos de inflación –y aún no repercutieron en el índice los incrementos en las tarifas de servicios como gas y electricidad– afecta también al sector privado.
La consultora Tendencias Económicas y Financieras registró en febrero 16.840 despidos, contra ninguno del mismo mes del año anterior, debido a la “pronunciada caída de ventas, cierres de empresas, ajuste de gastos de municipios y paralización de la obra pública”, según su informe de ese mes.
A la vez, se produjeron 16.553 suspensiones por falta de insumos importados y desacuerdo en las negociaciones paritarias que paralizó la actividad de las plantas pesqueras en Puerto Madryn, Chubut y disparó paros metalúrgicos de 24, 48 y 72 horas en las plantas siderúrgicas en las tres primeras semanas de marzo, detalló el informe de la consultora.
La afectación que las políticas gubernamentales producen sobre el mundo del trabajo se espejan, en algunos casos, en el incremento de la conflictividad social.
El director de Tendencias Económicas y Financieras, José Luis Blanco, dijo a Infobae antes de que concluyera el mes pasado que “en marzo ya llevamos más de 220 conflictos entre paros, suspensiones y despidos”.
“Se complicó mucho el panorama desde diciembre. Este mes, el grueso fueron paros de docentes, judiciales, colectiveros y del sector público. Despidos registramos más de 10.000, entre organismos del Estado, obra pública y otros sectores como textiles y electrodomésticos. Pero ahora va a venir la segunda tanda de las desvinculaciones estatales (conocidas a fines de mes y principios de abril)”.
En cuanto a las suspensiones, sostuvo que “hubo menos que en el verano, porque no están las de las terminales automotrices en marzo”.
El jueves 4 los obreros de Acindar, ubicada en Villa Constitución, marcharon por las calles de la vecina San Nicolás, bajo el paraguas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM)).
Las cuatro plantas que la acería posee en el país están paradas por caída de las ventas. Los sueldos de sus trabajadores, están congelados desde noviembre, con una inflación mayor al 70 por ciento desde entonces, lo que evidencia quién paga el ajuste.
A fin de marzo, las partes acordaron la suspensión de 600 trabajadores. La movilización del jueves en San Nicolás estuvo motivada por la puja salarial.
El delegado de la UOM de Villa Constitución, Silvio Acosta, dijo a Cadena 3 que “había un planteo de actualización por inflación, pero Techint (la acería de la familia Rocca) dice que no puede pagarlo. Hay una posición muy fuerte de Acindar, que se plegó a esa posición”.
“Hay que ver si podemos destrabar el conflicto, porque está muy duro. Estamos con el salario de noviembre del año pasado”, sostuvo el dirigente de base, quien adelantó que la semana próxima los metalúrgicos volverán a marchar, en esa oportunidad por las calles de Villa Constitución. Las plantas están paradas, según la empresa, hasta el 15 de abril. El sindicato prepara un paro en los días previos para forzar un incremento salarial.
La construcción perdió 80 mil puestos de trabajo desde diciembre pasado, cuando los hermanos Milei accedieron a la administración de lo que consideran “una organización criminal”, el Estado.
Paralelamente al avance de los propios jefes contra esa propia organización, en términos “liberales libertarios”, se organiza la resistencia a las políticas neoliberales recargadas de los Milei, por ahora con acento en las organizaciones gremiales y movimientos sociales que procuran organizar la bronca y construir la alternativa, tan importante una como la otra.
También se organizan espacios culturales, cooperativos, asociativos y asambleas barriales, como expresiones del descontento respecto de las políticas de exclusión y miseria planificada que desarrolla el Gobierno, con la tirante participación de una porción de los gobernadores provinciales, que consideran “dotar de herramientas” darle a la Casa Rosada las normas que buscan ahondar la desigualdad y profundizar el inhumano ajuste sobre amplios sectores sociales.
La operación cuenta con la dócil complicidad de una buena parte del entramado comunicacional mainstream, que coopera con inigualable frenesí en la producción semántica que busca convertir un tarifazo descomunal en “sinceramiento”, la entrega de la soberanía en apertura al mundo y el hambre en dieta consentida.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 06/04/24
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