Con alto acatamiento, la CGT y las dos CTA pararon por segunda vez en cinco meses. Motivos objetivos sobran, cierta tolerancia al ajuste aún persiste. Pullaro, el preceptor de huelgas estatales.
“Un 31 por ciento de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, el 87 por ciento de paralización en obras públicas, el 39 por ciento de ajuste en subsidios al transporte, el 76 de disminución de transferencias a las provincias, el 18 de recorte a las universidades y el 13 de reducción en programas sociales, son algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta, sino que recae sobre los sectores más vulnerables”. La enumeración que realizó la CGT en un comunicado conjunto con las dos CTA el día anterior a la huelga general del 9 de mayo, es suficiente para sustentar los motivos del segundo paro al gobierno de los hermanos Karina y Javier Milei, desde su asunción en diciembre pasado. El nivel de agresión a buena parte de la sociedad merecería incluso una respuesta aún más contundente, pero además de los datos objetivos acerca de la pérdida de poder adquisitivo, empobrecimiento y recorte de derechos, juegan en la percepción social elementos subjetivos en los que la Casa Rosada monta su relato de tinte religioso sobre lo sacrificial como paso previo al arribo al paraíso: “El sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiera de nosotros, nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales o nuestras energías para llevar a cabo Su obra. El Señor dio el siguiente mandamiento: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia… » (Mateo 6:33)”. Es cierto que nuestro Señor ejerce una mística particular, a través de médium y canes, pero su palabra ha llegado al corazón de miles de desangelados que, con más fe que racionalidad, no dudan –por ahora– en que se gana perdiendo. La medida de fuerza nacional estuvo precedida, en Santa Fe, por un paro de la intersindical estatal fundado en el corte de prestaciones de la obra social Iapos. El gobierno del ex progresista Maximiliano Pullaro la emprendió entonces contra los y las trabajadoras de la educación, mediante la imposición de un sistema de autodenuncia de adhesión al cese de actividades con el fin de descontar el día de huelga, cuyo ejercicio está garantizado en la Constitución nacional. Una medida simpática para quienes están convencidos de que la casta es un laburante con derechos adquiridos en anteriores luchas, y que exhibe una vez más al mandatario en su doble juego de acercamiento y toma de distancia del líder libertario, según el tema del que se trate. Amsafé, el principal gremio docente de la provincia, respondió con un ilustrativo flyer que muestra una foto de la nutrida marcha del miércoles tomada desde un dron, acompañada del siguiente texto: “La declaración jurada la llenamos en la calle”.
No se vende
Bajo la consigna “La patria no se vende” y “Milei pará la mano”, la CGT realizó su segundo paro general al gobierno el jueves, con la adhesión de las dos ramas de la CTA. Es decir, el conjunto del movimiento obrero organizado, uno de los principales blancos de las políticas “libertarias” y el que se puso al frente de la resistencia al modelo de empobrecimiento con tolerancia social.
Sin clases en escuelas y universidades, sin atención bancaria ni en la administración pública, con ausencia de transporte en buena parte del país, la medida de fuerza consiguió una buena adhesión, a pesar de los intentos oficiales y mediáticos por ningunearla primero y desprestigiarla después. El comercio minorista abrió, la caída de las ventas no le deja margen para parar. También lo hace durante los feriados, que no son convocados por entidades gremiales de trabajadores.
Según informó Infobae, el Gobierno y el Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) estimaron las pérdidas ocasionadas por el paro en 554 millones de dólares. Con independencia de la confiabilidad de la estimación, la difusión del dato que interesa a los hermanos Milei con el fin de desprestigiar los rechazos a sus políticas deshumanizantes, es contradictoria con la idea libertaria de que los y las trabajadoras no producen riqueza, que sería potestad exclusiva del empresariado, que el presidente denomina “benefactores sociales”.
Con una coherencia indiscutible, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios –que agrupa a las principales empresas del país– manifestó su “rechazo al paro general” al considerar que la medida de fuerza “resulta injustificada y por demás inoportuna”.
Pero a continuación, señaló en el mismo comunicado que “el país registra evidentes y dolorosas dificultades socioeconómicas, entre las que pueden mencionarse la retracción de las ventas, la erosión del poder de compra del salario y el aumento de la pobreza”. Nada como para justificar una huelga.
No es menos contradictoria la idea de la inoportunidad del paro. “Aunque algunas de ellas se agudizaron en los últimos meses”, admite, sin embargo “los padecimientos presentes tienen su origen en desaciertos previos, algunos de larga data y otros que se magnificaron notablemente durante los últimos años”.
Sin embargo, el gran empresariado local considera que la pérdida del poder adquisitivo y el empobrecimiento agudizado y con inusitada celeridad, son positivos porque van “de la mano de las imprescindibles correcciones macroeconómicas encaradas por la actual administración”.
Para la CGT y las dos CTA, en cambio, el Gobierno “promueve una quita de derechos laborales y sociales, redefine el rol del Estado, cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población, generando de esta forma cientos de miles de despidos de servidores públicos”.
Además, recuerda que los hermanos Milei decretaron “la paralización de la obra pública generando un descomunal desempleo” a la vez que “llevan adelante un brutal desfinanciamiento de la seguridad social, de la salud pública, de las universidades, de la educación, de la ciencia y la cultura, poniendo en riesgo la vida de nuestros mayores y de la población en general”.
Como en anteriores intervenciones, la CGT y las CTA dan cuenta del rol que ocupan los trabajadores a la hora de “participar en el diseño de la sociedad a la que aspiramos”, para lo cual “ponemos a consideración pública de todos los actores sociales e institucionales, la construcción de un programa de consenso multisectorial, que nos permita avanzar hacia una agenda de diálogo para una Argentina del desarrollo, la producción y el trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades”.
Durante una rueda de prensa en la tarde del jueves 9, uno de los conductores de la CGT, Héctor Daer, señaló que “cuando nos dicen que es un paro político, efectivamente estamos discutiendo el rumbo de la Argentina, todas las acciones que vienen dañando el entramado social”.
“La contundencia del paro que vimos hoy demuestra que el Gobierno debe tomar nota. Nosotros tomamos nota del acompañamiento, el Gobierno debe tomar nota y reconfigurar su política de ajuste, que nos está llevando a extremos”, dijo el dirigente de la Sanidad, para agregar que “lejos de ser sustentable, se está llevando a extremos a sectores de la ciudadanía que difícilmente se puedan recuperar si esto sigue”.
Preceptor de paros
Decidido a ajustar el salario de los estatales mientras reclama el fin de las retenciones al agro, el Gobierno de Pullaro avanzó en estas semanas –aunque ya venía haciéndolo desde antes– con la práctica de intentar convertir a los docentes en enemigos de “los ciudadanos”.
Con el objetivo de reducir la contundencia del paro del miércoles 8, convocado por la totalidad de los gremios estatales y los municipales, ideó una declaración jurada para que las maestras y maestros completen en forma personal, mediante la cual informen que no adhieren a la huelga.
En una rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, anunció que “vamos a descontar el día no trabajado del miércoles 8 de mayo”, pero no por él, sino por los santafesinos. “No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe que, como este gobierno y como todos, hacen enormes esfuerzos para todos los días levantarse a mantener en pie la invencible provincia de Santa Fe”. Los docentes, evidentemente, no se levantan todos los días. O, lo hacen, pero además se quejan por el salario que perciben.
Bastía distinguió entre el paro general convocado por la CGT y el de los estatales provinciales. “Hoy el país atraviesa una situación muy compleja que motiva a que la Confederación General del Trabajo (CGT) convoque a un paro nacional para el jueves 9 de mayo. Entendemos el alcance de la medida y el contexto en el que se da. Pero nos encontramos que para el día 8 hay una convocatoria de distintos gremios públicos de la provincia de Santa Fe a un paro contra el gobierno provincial y la sociedad santafesina”, dijo el lunes, al anunciar la declaración jurada rompe huelga.
El ministro de Educación, José Goity, detalló que “hemos implementado un mecanismo que nos permite tener la información para poder obrar con justicia, con fundamentos y de manera racional. Para eso hemos establecido una declaración jurada para que el docente dé fe de que prestó servicio o que no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado, o si no le correspondía prestar servicio ese día, todo esto se va a poder consignar”.
El mismo miércoles del paro, el Gobierno aseguró a través de una comunicación oficial que sus estimaciones “indican que entre el 55 y el 60 por ciento no adhirió al paro, de acuerdo al ritmo en que ingresan las declaraciones juradas”. Aunque señaló que “a las 10 de la mañana ya se habían presentado el 25 por ciento”, es decir, la mitad.
Luego aclaró que “el Gobierno estima que entre un 55 y un 60 por ciento terminará completando hasta el viernes la declaración jurada para informar la asistencia al aula en este miércoles 8 de mayo”.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó que el mecanismo permitirá descontar el día a los huelguistas. “Hay 4 millones de santafesinos que, o van a tener menos clases o menos servicios, y al mismo tiempo ven con preocupación que al final de mes tienen que pagar sus impuestos que van a los salarios de los que paran”, señaló el titular de la cartera, que no contempla los tributos de los estatales en las cuentas públicas.
“Con la declaración jurada estamos asegurando el derecho constitucional a trabajar”, afirmó el funcionario.
Tal derecho, consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, es más amplio que la mera labor: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial”.
Además, “queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.
El gobierno provincial no busca garantizar el derecho al trabajo, sino esmerilar la fuerza de las organizaciones sindicales de los trabajadores de la educación que enfrentan el ajuste propuesto.
Durante el acto del 8, como corolario de la nutrida movilización, el titular de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, dijo: “Podemos decir que más del 90 por ciento de las compañeras y compañeros en la provincia de Santa Fe están haciendo este paro de actividades que resolvimos democráticamente. El gobierno se vuelve a equivocar. Ya probó intentando con el descuento. Ya probó amenazando. Ya probó con la declaración jurada”.
Y agregó: “Ahora que pruebe con lo que debe probar, con una buena propuesta paritaria que mejore el salario, que mejore las condiciones de trabajo, que dé marcha atrás con el presentismo y que por supuesto, también dé marcha atrás con esta reforma jubilatoria”.
Su par de Sadop (docentes privados) Rosario, Martín Lucero, sostuvo que “lo que sucedió está expuesto: las escuelas estuvieron cerradas y tanto en Rosario como en Santa Fe las movilizaciones fueron enormes. Lo palpable termina de matar el relato oficial”.
En esa línea, enfatizó en que “a tal punto llega la intención de mostrar y/o falsear cifras, que se exigía que el personal de licencia o que no trabaja los miércoles complete las declaraciones. Claramente el falseamiento de los datos se pergeñó en el momento mismo que se mentó el extorsivo sistema: inflar datos y números para poner a circular desde los medios”.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 11/05/24
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 3000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
