Las organizaciones de educadores anunciaron un paro nacional de universidades para este viernes 12 de septiembre. La oposición deberá reunir una mayoría de dos tercios si quiere revertir la medida del gobierno.
El Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el Proyecto de Ley Nº 27.795, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública y la recomposición salarial de docentes y no docentes. La medida fue formalizada a través del Decreto 647/2025, publicado este miércoles 10 de septiembre, y representa un fuerte rechazo a la iniciativa sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto.
Tras conocerse la noticia, las organizaciones de educadores del país nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FEDUN y UDA, entre otras, anunciaron que las universidades nacionales de todo el país irán al paro este viernes y anunciaron que se prepara una nueva Marcha Federal Universitaria.
El Proyecto de Ley de «Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente» Nº 27.795 buscaba medidas claras para consolidar el financiamiento de la Universidad Pública en todo el país. A continuación, se resumen los puntos centrales:
Garantizar el financiamiento: Establecía como objeto “garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA”.
Partidas presupuestarias específicas: Determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional debía definir partidas presupuestarias destinadas al programa 26 “Desarrollo de la Educación Superior” para:
Afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad del estudiantado.
Garantizar la formación continua.
Asegurar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes.
Incrementar recursos para tecnología digital.
Impulsar la formación y fortalecimiento del personal.
Ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias.
Promover la función de extensión universitaria.
Desarrollar la función de investigación.
Prever la provisión y mantenimiento de infraestructura y equipamiento.
Impulsar la internacionalización inclusiva de la enseñanza, investigación y extensión.
Asegurar y profundizar programas de bienestar estudiantil e incrementar la inversión en becas.
Actualización por IPC: Encomendaba al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero de 2025 el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2024.
La objeción total al proyecto de ley se fundamenta en la visión del Gobierno de mantener el control sobre el gasto público y evitar lo que considera intromisiones en las facultades del Poder Ejecutivo para administrar los recursos del Estado. Sin embargo, la medida abre un nuevo frente de conflicto con un sector que reclama mayores fondos para garantizar la calidad y accesibilidad de la educación superior.
