El Gobierno nacional, después de una serie de fallos en contra, pudo torcer sus suerte ante la central obrera. La Justicia confirmó el traspaso del fuero laboral al Contencioso Administrativo con asiento en CABA.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 resolvió este viernes hacer lugar al planteo del Estado Nacional y declaró que ese fuero es el competente para intervenir en la causa iniciada por la CGT, que busca la inconstitucionalidad de numerosos artículos de la norma impulsada por el Gobierno.
La decisión implica, en los hechos, desplazar el expediente del Juzgado Nacional del Trabajo N°63 —donde había sido radicado originalmente y se declaró el freno de más de 80 artículos— hacia el fuero contencioso administrativo, un terreno históricamente más vinculado a los litigios donde el Estado es parte y donde se dirimen cuestiones de derecho público.
La resolución de la jueza Macarena Marra Giménez no entra en el fondo del planteo sindical —esto es, si la reforma laboral vulnera derechos constitucionales—, pero sí define un aspecto estratégico: qué juez debe analizar esa discusión.
Para la central obrera, el fuero competente es la Justicia Nacional del Trabajo. El argumento es razonable. Es el organismo especializado en la temática con décadas de funcionamiento.
Para la jueza Marra Giménez, el argumento de la CGT no es válido. Como la demanda está dirigida hacia el Poder Ejecutivo Nacional, debe tratarse en el fuero que trata las causas contra el Estado nacional, es decir, el Contencioso Administrativo.
Desde el equipo jurídico de la CGT apelarán el fallo de Marra Giménez. Este revés era esperable pero, aseguran, no enturbia la estrategia judicial de la central obrera. En paralelo, sigue en marcha la otra presentación judicial hecha en la Justicia laboral, que suspendió 82 artículos de la reforma laboral.
Más allá de la discusión jurídica, hay un trasfondo político. El Gobierno considera a la Justicia Nacional del Trabajo como un fuero tendencioso a favor de los trabajadores y en contra de los empresarios. Por eso, a último momento, metió en el tratamiento de la reforma laboral el traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires, un distrito, en principio, más amigable con los intereses empresarios.
De hecho, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) viene resistiendo el traspaso a la Ciudad. Tanto para el sindicato como para la CGT significaría el fin del fuero laboral y una mayor desprotección para los trabajadores. Según la reforma laboral, ese traspaso debería concretarse a los 180 días de la sanción de la ley. Todavía no está claro si el Gobierno logrará concretarlo en ese tiempo.
