Un día más en el país de la identidad en disputa. La jornada arranca con un revés para el gobierno que buscaba la aprobación de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Se trata de una declaración de principios que, por un lado, cierra filas en defensa de los intereses privados. Pero por otro deja entrever que lo único que no se puede violar en nuestro país son los intereses de quienes más tienen.
El argumento es siempre el mismo, con ligeros ajustes según la problemática: promover la inversión. En este caso, se habla de la que vendría del extranjero y se lanzan cifras –como los prometidos 15 mil millones de dólares– que no tienen ningún sustento real. Inversiones que, por otro lado, no parecen tener un destino que sirva a los argentinos, como hacer obras de infraestructura o generar empleo. Desde la asunción de Milei, todas las medidas llevadas adelante cumplen con una regla básica: o son entregas de riquezas o concesiones de enclaves geopolíticos; o son modificaciones al cuerpo jurídico, administrativo y fiscal que implican una pérdida de derechos para las clases populares.
Si bien el oficialismo dio marcha atrás en el artículo que establecía el aumento de los topes a la extranjerización de tierras para asegurar los votos necesarios en el Senado, pretenden avanzar con los demás aspectos del proyecto. El objetivo es claro: profundizar la protección al propietario privado por encima de los intereses del Estado, es decir, por sobre el interés público. Es la misma lógica que la de la Ley Bases: desregular y acelerar procesos judiciales para que el Estado termine pagando los gastos del capital concentrado. Vamos a desglosar los aspectos que continúan vigentes en el proyecto de ley que impulsa el Poder Ejecutivo.
Expropiaciones: atar de manos al Estado
En primer lugar, se plantea la reforma de la Ley 21.499 de Expropiaciones con cambios sustanciales que desalentarían al Estado a ejercer esta facultad. Se exige una indemnización previa y en efectivo, cuando antes el Estado podía pagar en cuotas o incluso con bonos. Además, se establece una tasa punitoria muy alta, similar a la de los juicios laborales, lo que dificulta cualquier expropiación.
Otro punto clave es el valor de las propiedades: el proyecto plantea que se tome el valor internacional, considerablemente más alto que el fiscal o catastral, a lo que se le sumaría el “daño emergente y lucro cesante”, una especulación sobre los montos que el dueño dejó de percibir.
A esto se agrega la prohibición de la ocupación previa impidiendo que el Estado tome posesión hasta haber depositado la totalidad del dinero, y la reducción de los plazos para iniciar y finalizar el trámite bajo apercibimiento de caducidad. El objetivo es dejar sin herramientas al Estado para recuperar tierras ociosas y destinarlas a vivienda social o infraestructura pública.
Desalojos exprés: vulnerabilidad en 72 horas
Se establece un nuevo procedimiento de desalojo exprés. Los jueces deberán dictar sentencia en un máximo de 30 días desde la interposición de la demanda. Luego, la fuerza pública tiene 48 horas para proceder al desalojo prohibiéndose las medidas cautelares que lo suspendan. Se aumentan las multas y sanciones por usurpación, y se tipifica como agravante si es con violencia o en grupo.
Para los inquilinos, la situación es crítica: el juicio pasará a ser por vía sumarísima (la más rápida) y se elimina la posibilidad de “purgar la mora” (pagar la deuda ya no frena el desalojo). Organizaciones de inquilinos advierten que, en la práctica, una familia podría quedarse en la calle en 72 horas ante una denuncia del propietario. Esto aumentaría drásticamente la cantidad de familias en situación de calle.
Manejo del fuego: el incentivo perverso para quemar
Uno de los puntos más graves, y que se mantiene en el proyecto, es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La normativa actual establece que durante 30 años un terreno incendiado no puede ser vendido ni se le puede cambiar el uso productivo. Esto evita la especulación con tierras arrasadas por el fuego. El proyecto del gobierno elimina ese plazo de veda para tierras rurales y agropecuarias. Es decir, un campo que se quema podría ser inmediatamente vendido o cambiar su actividad, por ejemplo, de forestal a inmobiliaria. Esto no sólo es un retroceso ambiental sino que crea un peligroso incentivo económico para la quema intencional.
Por otra parte, en esta cruzada por dar garantías a los inversores por sobre los derechos civiles, se actualiza y digitaliza el Registro de la Propiedad Inmueble con un plazo de 18 meses habilitando la inscripción de transferencias, hipotecas y embargos con validez jurídica digital. Se reducirían los aranceles beneficiando a grandes operadores y fondos de inversión. Respecto al saneamiento de títulos, se reduce de 20 a 10 años el plazo para adquirir la propiedad por usucapión (posesión continua y pacífica, habiendo pagado impuestos y realizado mejoras).
También se simplifican los trámites para regularizar dominios informales, lo que puede facilitar el “blanqueo” de tierras adquiridas ilegalmente durante la dictadura o en conflictos con pueblos originarios. Se incorpora, además, una cláusula que establece que cualquier conflicto judicial sobre una propiedad de más de 500 hectáreas o que supere los 500 millones de dólares puede ser llevado a la justicia federal. Esto, además de ser una intromisión en las jurisdicciones provinciales, es una garantía para los “inversores” sobre la resolución de potenciales conflictos.
La libertad de ser despojados
Esta ley es el antecedente para entender la lógica en la que se enmarcan las políticas públicas que favorecen al capital privado. Desde su aplicación se perdieron más de 300 mil puestos de trabajo registrados, alcanzando la informalidad el 43 por ciento. El año pasado, sólo se registraron 16.700 trabajadores a través del régimen de regularización previsto por la ley y, aun así, empeoraron las condiciones laborales bajo el cartel de “modernización”. El hilo que une ambas leyes es la precarización y la entrega de recursos a cambio de improbables inversiones que, de hecho, nunca llegaron. Cuando hablamos de la tierra también hablamos del agua, de los minerales y de los alimentos.
La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al igual que la Ley Bases, representa una claudicación de los derechos laborales, sociales y ambientales en favor de un modelo que privilegia los grandes capitales por sobre el interés nacional. Un modelo que desregula y somete al Estado a ser un financiador de los sectores concentrados de la economía.
Es momento de poner límites a esta avanzada y salir a la calle a decir que no estamos dispuestos a regalar una historia de lucha que nuestros próceres, los movimientos emancipatorios primero y el movimiento obrero después, sostuvieron a lo largo de más de 200 años. Porque ser argentino es ir a festejar los partidos que ganamos en el Mundial pero también es honrar el ejemplo de los pibes de Malvinas y de cada uno de los mártires que dieron su vida por una Argentina grande en la que podamos ser felices.
Publicado en el semanario El Eslabón del 8/8/26}
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