La iniciativa fue aprobada en la madrugada del miércoles último en la Cámara de Diputados, tras un debate de trece horas. La ley busca recaudar $300 mil millones para volcar a planes productivos y sanitarios.

El decreto ratificado implica que los servicios estarán obligados a contar con la autorización del Gobierno cada vez que considere necesario variar los precios