En el comienzo de la causa que investiga los secuestros y torturas de trece personas que pasaron por el centro clandestino de detención La Casita, en Santa Fe, y el homicidio del militante montonero Emilio Feresin; un grupo de familiares de represores provocó a quienes acompañaban a las víctimas con las mismas consignas esgrimidas desde el gobierno nacional. En Rosario se reinició Guerrieri III.
“Basta del curro de los derechos humanos”, “8.000 verdades, 22.000 mentiras. LIBERTAD a los presos por las mentiras” y “Basta de indemnizaciones millonarias a TERRORISTAS ASESINOS de los ‘70. Las paga ud. Las pago yo. Las pagamos todos”, se leía en los carteles pegados en las inmediaciones de los tribunales federales de la capital provincial donde el pasado jueves comenzó el juicio oral y público contra cinco represores acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada y La Casita.
Además, una veintena de familiares de los acusados se amuchó en una de las puertas de ingreso de los tribunales en un hecho inédito, por lo menos para quienes asisten –desde sus inicios– a los juicios en Rosario. Con una actitud netamente provocadora, los manifestantes desplegaron una bandera argentina y mostraron pancartas que rezaban: “Ba$ta”. Y, como si eso fuera poco, se aseguraron la mitad de las ubicaciones disponibles para el público en el recinto.
Cuando ingresaron los cinco acusados –el ex juez federal santafesino (en aquel momento secretario penal) Víctor Hermes Brusa; el ex jefe de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y coordinador del Area de Defensa 212, Juan Calixto Perizzotti; el ex comisario de la seccional 4ª de policía, Ricardo Ferreyra; el ex ayudante del Departamento de Informaciones Policiales (D-2), Eduardo Ramos, y la ex escribiente de la GIR María Eva Aebi–, los visitantes aplaudieron de pie.
Todos somos hijos
Juan Emilio Basso Feresin, de Hijos Rosario y querellante en el juicio por la desaparición y el asesinato de su padre, el militante montonero Emilio Osvaldo Feresín, secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, un mes después, por las torturas padecidas, contextualizó la protesta local en el marco nacional. “No es la primera vez que funcionarios de un gobierno democrático justifican o pretenden justificar el terrorismo de Estado o tratan de relativizar la memoria, la verdad y la justicia, esas banderas que se han convertido ya en un emblema del pueblo argentino”, dijo el también trabajador de prensa y director de este periódico. “Este gobierno pretendió borrar los feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio, todas fechas que nos tocan muy de cerca, porque lo que buscan en definitiva es tratar de borrar la historia de lucha por la independencia y por la construcción justa de una Nación para todos los argentinos, agregó Juane, y concluyó: “Hay en este gobierno un intento de retomar un proyecto de Nación que se emparenta con ese que quiso imponer a sangre y fuego la dictadura. El punto de contacto está muy claro, y tiene que ver con el modelo económico que está aplicando, con la diferencia no menor de que estos llegaron a través de los votos”.
Ya en el marco de la audiencia, la abogada Nadia Schujman, esposa de Basso, solicitó al tribunal que se les permita escuchar la sentencia a sus hijos, Juana y Pedro. “La Convención de los Derechos del Niño habla del derecho a la identidad y a conocer sus orígenes. Y ellos tienen derecho a saber la verdad sobre lo que ocurrió con su abuelo”, indicó.
La primera jornada del proceso oral y público, sirvió para la lectura de las acusaciones. Además, el cuerpo de magistrados presidido por Beatriz Baravani de Cavallero, e integrado también por Omar Di Gerónimo y Ricardo Vázquez, rechazó el pedido de recusación a este último, realizado por Eduardo Ramos, uno de los cinco represores que se sentaron en el banquillo de los acusados, decisión que fue abucheada por la mitad del público, esa que hasta aquí jamás había acompañado a sus familiares.
Guerrieri III
En Rosario, este viernes se reinició el proceso conocido como Causa Guerrieri III, en el que se investigan 47 crímenes de lesa humanidad cometidos por diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército.
Los acusados son los militares (RE) Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza y los personales civiles de inteligencia (PCI) Walter Salvador Dionisio Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach (quien además fue comisario de la policía provincial).
Los querellantes son la ex diputada provincial Alicia Gutiérrez; su hijo y actual concejal de Rosario, Eduardo Toniolli; Fernando Dussex; Sebastián Álvarez; Sabrina Gullino Valenzuela Negro; Pablo Del Rosso; Ignacio Laluf y María Rosa White, quienes son representados por Nadia Schujman, Matías Gomez, Sofia Barros Fosin y Franco Porporato –integrantes del equipo jurídico de Hijos–. En tanto que Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano, lo harán por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El tribunal está integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, y la acusación es realizada por la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villate.
Fuente: El Eslabón
