Con 45 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley jubilatoria impulsado por el gobierno de Cristina Fernández que establece un aumento periódico para el sector pasivo que comenzará a regir a partir de marzo de 2009.
Según informó la agencia Télam, para calcular la suba se tomará en cuenta lo que pasó en cada semestre calendario: de enero a junio para el ajuste de septiembre y de julio a diciembre para el ajuste de marzo del año siguiente.
Habrá dos índices alternativos: Uno ("a") medirá la evolución de los salarios (por el INDEC o el RIPTE-Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables-, de ambos el más alto) y de la recaudación impositiva que va a la Seguridad Social, dividido por beneficio. El otro ("b"), la evolución de los ingresos de la Ansés, por beneficio.
El proyecto fue aprobado por 45 votos a favor, y 22 en contra, luego de un debate que llevó ocho horas y que contó con casi una treintena de oradores.
En su discusión en particular, el oficialismo logró aprobar todos los artículos con un número que oscilaba entre 43 y 44 votos, pero aquellos referidos a la fórmula y a la fecha de inicio de la movilidad, cosecharon sólo 39 respaldos contra 28 oposiciones.
Durante el debate de la norma, el jefe del bloque del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, expresó que "más allá de las dudas sobre la fórmula, este gobierno merece un crédito por todo lo que hizo en materia previsional; ir siempre en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los jubilados, la necesidad de ajustar por salario y la necesidad de recaudar". "Es una muy buena ley que instala la movilidad por encima de la discrecionalidad de los gobernantes", sentenció.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Fabián Ríos, indicó que "estamos dando un plazo para establecer un criterio de movilidad, un sistema sustentable y razonable"; y admitió que "vamos a continuar con la presión del 82 por ciento móvil, porque creo que los jubilados se lo merecen".
A su turno, el porteño Daniel Filmus consideró que "es ilegítimo en el debate no reconocer lo que se hizo" por las jubilaciones argentinas "en este lugar donde se votaron leyes que fueron regresivas respecto de los jubilados".
El santacruceño Nicolás Fernández fue más duro con la oposición, al argumentar que "después de 18 años de absoluta inequidad con el sector pasivo, lo mínimo que vamos a pedir es silencio", y le envió un mensaje a "los poetas del odio" a quienes les dijo que en marzo del próximo año, cuando se otorgue el primer aumento, "deberán reconocer el aumento, porque no hacerlo sería indigno y además, inmoral".
Por el lado de la oposición, las bancadas unificaron su discurso para reclamar que se considere que la movilidad comience a operar en octubre o noviembre de este año, y no en marzo tal como dice la nueva ley.
También criticaron la fórmula que se utiliza para hacer el cálculo de los aumentos, y propusieron que la movilidad jubilatoria esté atada directamente al índice de aumento de los salarios de los trabajadores activos directamente.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, el radical Gerardo Morales remarcó que "la fórmula en el futuro tira para abajo el incremento de los jubilados", y pidió que los haberes "aumenten en función del nivel general de salarios y en función de los recursos".
El socialista Rubén Giustiniani remarcó que la Ley votada es "anticonstitucional porque no respeta la movilidad", y también dijo que es "tramposa y es ciega, porque nadie puede dilucidar acá cuál será el aumento de marzo", tras lo cual agregó que la iniciativa "no es un paso adelante porque no mejora la redistribución del ingreso ni la calidad institucional".
