El Colegio de Abogados de Rosario también rechazó la postulación del juez Edgardo Bistoletti como defensor del Pueblo, tal cual lo propuso el gobernador Binner. Prefieren que sea un abogado con “sólidos antecedentes” en su trayectoria profesional. Aliados al gobierno provincial también habían criticado al candidato de la Casa Gris.
A través de un comunicado, el Colegio de Abogados planteó su rechazo a “que se proponga para ese cargo a un magistrado (el propuesto u otro) en ejercicio de su función, sin que esto constituya una evaluación sobre la investidura, integridad moral ni la capacidad profesional de la persona propuesta”.
En cambio, la entidad “entiende primordial designar para el cargo a un abogado en ejercicio activo de su profesión, ya que, por su habitual rol de asesor y representante de parte en el proceso judicial, está mejor preparado para asumir la defensa de los derechos e intereses que la Constitución de la provincia somete a su cuidado”.
Incluso, la entidad dirigida por Arturo Araujo señala que “más deseable aún sería que este abogado contara con sólidos antecedentes en materia de derecho constitucional, administrativo y clara vocación en la defensa de derechos humanos y de incidencia colectiva”.
La postulación por parte del gobernador Hermes Binner del juez rosarino Bistoletti para ocupar la vacante que dejó el ex defensor del Pueblo, Carlos Bermúdez, ya había sufrido impugnaciones públicas.
El primero en arrojar una piedra fue el titular del PDP, Carlos Favario, aliado al Frente Progresista que conduce Binner. Para el ex diputado de la democracia progresista el hecho de que Bistoletti haya sido nombrado como juez por un gobierno justicialista de la década del 80 no coopera a transparentar la función de defensor del Pueblo.
También el concejal radical Jorge Boasso rechazó la postulación por entender que desde su magistratura Bistoletti favoreció al gobierno socialista de Rosario en algunas causas judiciales, vinculadas a concesiones municipales en la costa del Paraná.
Por último, desde el Colegio de Abogados rosarino recordaron que la entidad “viene bregando para que los diferentes servicios jurídicos que se prestan a la población –particulares, institucionales, judiciales, de paz, etcétera– sean desempeñados por abogados, que son los profesionales técnicamente idóneos para garantizar su adecuada prestación”. Y rematan: “La defensoría popular no tiene por qué ser la excepción”.
