El gobierno provincial, a causa de problemas financieros que aún no precisó oficialmente, cancelará desde ahora sus deudas con los contratistas de obra pública en un plazo de 120 días, y no de 60, como establece la normativa vigente. Según un portal de noticias económicas, el ministro de Economía, Ángel Sciara, ya abrió negociaciones con las empresas afectadas para reprogramar los plazos. Los ejecutivos de estas compañías anunciaron que “si es necesario reprogramaremos plazos, siempre tratando de evitar la pérdida de la fuente laboral”.
La causa no revelada aún por la administración socialista pero sí por el titular de la Cámara de la Construcción, Ricardo Griot, sería la caída de la recaudación, pero la misma administración binnerista lo desmiente: la subsecretaria de Ingresos Públicos, Teresa Beren, señaló que “sostenidos por la recaudación propia, los ingresos públicos de la provincia de Santa Fe en el mes de abril fueron de 756,45 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 9,55 por ciento respecto del mismo mes de 2008”.
Según el portal de noticias económicas Punto Biz, “el gobierno provincial anunció a los contratistas de obra pública que dejará de pagar a 60 días, como establece la ley, para abonar a 120 días”. Y uno de los efectos, que debió haber previsto el gobierno de Hermes Binner, es que las compañías afectadas por la decisión de retrasar 60 días el pago es, como precisa el medio “el descalce financiero, la retracción del capital de trabajo” y eventuales despidos, que los constructores están tratando de evitar en defensa propia: ninguna constructora puede afrontar la demanda sin contar con mano de obra propia.
Uno de los directos involucrados, Griot, consultado sobre las razones esgrimidas por el gobierno de Binner –en privado– para retrasar los pagos, respondió: “Ante consultas con el gobierno, nos manifestaron la dificultad por la caída de la recaudación”.
Como se sabe, las más fuertes críticas de la oposición a la performance económica del gobierno socialista se fundan en preguntas aún no respondidas en forma contundente por la cartera a cargo de Sciara: ¿Qué fue del “colchón” de 1.500 millones de pesos que habría dejado el gobierno anterior? ¿Por qué no se usa el fondo anticíclico creado en la anterior gestión para hacer frente, precisamente, a contingencias o imprevistos? ¿Por qué este gobierno incrementó tanto el gasto corriente?
Pero tal vez el colmo de las contradicciones se observan en esta tensión que se da entre la presunta falta de recursos corrientes para afrontar la cancelación de certificados de obra pública y el anuncio con bombos y platillos respecto de la evolución positiva de la recaudación fiscal, tanto la que proviene de la Nación como la que genera la propia administración provincial.
Según informó la propia Subsecretaría de Ingresos Públicos de la provincia, en un parte de prensa fechado el 5 de mayo del corriente, “del total percibido en abril pasado, unos 457,47 millones de pesos corresponden a ingresos nacionales coparticipados, y 298,98 millones a recaudación propia”, lo que representa casi un 10 por ciento de incremento.
Es más, con la intención de diferenciarse de la administración nacional y exhibir logros propios, el gobierno de Binner anunció que mientras los ingresos nacionales transferidos a la provincia en abril representan un 5,43% más que lo transferido en el mismo mes de 2008 y sólo el 1,53%) que en marzo del corriente año, “los tributos provinciales tuvieron mejor comportamiento: La recaudación creció un 16,52% ($ 42,39 millones) respecto de lo ingresado en abril de 2008”. ¿Se lo habrán dicho a Griot?
Las demoras en los pagos comenzaron a principios de 2009, pero recién hace 30 días el gobierno provincial reconoció los retrasos y rápidamente los justificó por la menor recaudación. “El Ministerio de Economía comenzó a reunirse con los directivos de la Cámara de la Construcción (delegación Rosario y Santa Fe) a quienes justificó las demoras en la caída de la recaudación y tiró sobre la mesa la posibilidad de reprogramar plazos”, publicó Punto Biz.
Pero tal vez la más dramática conclusión a que llegan los empresarios es que, en sus cálculos más pesimistas, “si no hay una pronta normalización pueden estar en peligro 1 mil empleos, que sería igual dos conflictos en Mahle (la autopartista alemana que cerró su planta de Rosario dejando a 500 personas sin trabajo)”.
Para Griot, la obra pública que contrata la Nación no tiene problemas en cuanto al pago de certificados de obra: “Lo que tiene que ver con Vialidad Nacional está bastante al día”, e incluso alabó la línea de créditos anunciada por el gobierno nacional para viviendas. “Nosotros entendemos que es una deuda histórica, creo que esta vez están buscando la solución a través del Banco Hipotecario. Nuestra Cámara está trabajando con gran expectativa. Todavía no tengo los lineamientos, pero creemos que se está tratando un proyecto serio, lo cual es importante”.
Alejada de los despachos donde Sciara negocia con los constructores, y aparentemente rotas las líneas de comunicación con quienes realizan la ingeniería para pedalear los pagos de obra pública, la subsecretaria Beren señaló que “en lo que hace a la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el principal tributo provincial, se ubicó en el primer cuatrimestre del año en 820,14 millones de pesos, un 24,18% más que la recaudación correspondiente al mismo período del año anterior”. Y lo argumentó con un razonamiento que quizás provoque urticaria a su jefe: “Este resultado tiene que ver con la profundización de las tareas de fiscalización que viene llevando adelante la Subsecretaría de Ingresos Públicos”. Tantas diferencias podrían zanjarse con una buena conferencia de prensa en la que se aclare quién exagera. O quién miente.
(Fuente: Punto Biz)
