Ni el subjefe de Fábrica Militar Domingo Matheu, Antonio Vicario, ni los dos jerárquicos que también declararon este martes en el juicio Guerrieri, Jorge Nader y Héctor Gargiullo, reconocieron haber visto u oído alguna de las atrocidades ocurridas dentro de aquel predio en el que funcionó un centro clandestino de detención y torturas controlado entre otros por Pascual Guerrieri, Jorge Fariña, Juan Amelong, Walter Pagano y Eduardo Costanzo, los cinco acusados del primer proceso oral y público contra represores de la dictadura en Rosario. La fiscal Mabel Colalongo solicitó al tribunal que sea citado a declarar el ex director de la Fábrica, Enrique Jordana Testoni, quien –según consultó redaccionrosario.com– estaría trabajando para el gobierno de Mauricio Macri.
The Wall
La jornada de testimonios de este martes estuvo marcada por la expectativa de lo que pudieran declarar los militares retirados que cumplieron funciones directivas en la fábrica militar de armas Domingo Maheu. Los jerárquicos no sólo defraudaron con sus dichos a los interesados en saber sobre el destino de tres de los desaparecidos de ese campo de concentración, sino que dejaron la sensación de que “saben algo más”.
Las declaraciones de los militares retirados coincidieron en desvincular lo que ocurría en un sector del predio de la fábrica militar que había quedado bajo el control del Segundo Cuerpo de Ejército. Los testigos acordaron en señalar la construcción de un muro que dividió un sector de la fábrica a la que ellos no tenían acceso y sobre la que no tenían control.
El argumento está cortado con la misma tijera que el utilizado por el que fuera director de la fábrica en los años del terrorismo de estado, el teniente coronel Enrique Jordana Testoni, quien de esa manera se defendió durante la etapa de instrucción de esta causa –en la que había sido procesado en su momento por el juez Omar Digerónimo– y así consiguió que se le dictara la “falta de mérito”.
En diciembre del año pasado, organismos de derechos humanos de Capital Federal denunciaron que en la Agencia de Control Comunal del Gobierno de la Ciudad de Mauricio Macri, en ese momento presidida por Federico Young, ex juez de la Dictadura Militar y seguidor de las actividades organizadas por Cecilia Pando, había contratado entre otros represores al teniente coronel Enrique Jordana Testoni.
La denuncia fue producto de una investigación realizada por el equipo de asesores del diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Cambandié, quien cehqueó la información con la agrupación H.I.J.O.S. Rosario, cuyos abogados integran la querella en la causa que hasta esos días se denominaba “Jordana Testoni y otros”, pero que en la actualizad lleva el nombre Amelong, aunque es más conocida como “Fábrica Militar”.
El de Enrique Jordana Testoni es el nombre que dio título a la carátula del expediente que originalmente investigó las violaciones a los derechos humanos cometidos en aquel el centro clandestino, que posteriormente fue unificado con la causa Guerrieri (Quinta de Funes) y que por estos días atraviesa la instancia de juicio oral y público.
Nacido en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante el cautiverio de su madre, desaparecida en ese cetro, Cabandié –quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña–, expresó al hacer pública la denuncia en 2008 que “el macrismo está buscando crear en la ciudad una suerte de búnker para represores. Young sigue reclutando amigos ex militares con un pasado oscuro. Este tipo de acciones van a contramano de la democracia y el respeto de las instituciones”. Federico Young renunció en marzo de este año a la Agencia Gubernamental de Control, pero según informaron desde H.I.J.O.S. Capital a redaccionrosario.com, Jordana Testoni y la larga lista de represores que el ex juez de la dictadura convocó a la Agencia macrista, siguen en funciones.
Situación procesal de Jordana
En 2004 cuando comenzó a investigarse la causa Fabrica Militar, en la justicia federal de Rosario, el juez Omar Digerónimo ordenó la indagatoria de Jordana Testoni. El militar, de 75 años, fue detenido –recibió el beneficio de prisión domiciliaria– hasta que le dictaron una falta de mérito con el argumento de que “ningún detenido en el lugar lo vio dentro del centro clandestino”.
La abogada de H.I.J.O.S. Ana Oberlin explicó que “es ridículo que exijan que un represor haya sido visto, cuando por la forma clandestina propia de la detención eso es prácticamente imposible”. Por el sólo hecho de ser una de las máximas autoridades del lugar donde funcionó el centro de detención y torturas, Testoni es el superior responsable de todo lo que allí sucedió.
En la audiencia de este martes la fiscal Mabel Colalongo solicitó al tribunal que Jordana Testoni sea llamado a declarar como testigo, pero los jueces contestaron que primero pedirán la información correspondiente al juzgado de instrucción federal Nº 4 para conocer su situación procesal.
Cabe recordar que si una persona declara en un proceso como testigo, la información que brinde no podrá utilizarse luego como prueba en su contra. Si bien Testoni tiene dictada una falta de mérito, no ha sido sobreseído por la justicia federal, razón por la cual podría ser imputado en esta misma causa. Más si se considera inverosímil la versión brindada por el propio Testoni de que él no puede ser responsabilizado de delitos cometidos en un predio en el que si bien era el director, había una parte que “no controlaba”.
Represores Pro o pro represores
Según denunciaron los organismos de derechos humanos porteños a fines de 2008, además de Jordana Testoni, “entre los represores contratados por el Gobierno de la Ciudad, se cuentan el General de Brigada Enrique Santiago Servático, quien fue Jefe del Regimiento de Caballería de Tanques 6 en Concordia, Entre Ríos, donde funcionó un Centro de Detención Clandestino; También al Teniente Coronel Lucio Strazza que en diciembre de 1976, revistó en el Batallón de Arsenales 181 y después recalo en la SIDE durante el menemismo; el Oficial de Inteligencia Luis Rogelio Sánchez, que integró el tenebroso Batallón 601 del Ejercito, símbolo de la represión que funcionaba bajo las ordenes del genocida Suárez Mason; O Por ejemplo Rubén Arturo Ortega que fue Jefe de Operación del RIM 22 de San Juan ; Además figura en el listado de contratados el Capitán Juan Jorge Ferreira que revisto desde enero de 1976 hasta septiembre de 1979, participaba de los operativos realizados por el Grupo de Artillería 7-GA 7”.
