La Defensoría del Pueblo investiga si la Empresa Provincial de la Energía cobró la tarifa del servicio eléctrico a un valor mayor que el correspondía durante dos bimestres, desconociendo las resoluciones dictadas por la Secretaría de Energía de la Nación que disponían la suspensión del cuadro tarifario vigente desde diciembre de 2008, durante los bimestres junio-julio y agosto-setiembre.
En el mes de octubre de 2008, la Secretaría de Energía de la Nación dictó la resolución Nº 1169, que establecía los nuevos valores de las tarifas energéticas, fijando además nuevos rangos de consumos para los clientes residenciales.
En función de ello, la EPE emitió la resolución Nº 380 adecuando sus tarifas al nuevo cuadro de precios mayoristas fijado por CAMMESA.
En agosto de 2009, la Secretaría de Energía de la Nación dictó la resolución Nº 652 que suspende la aplicación de la resolución 1169 durante el período que abarca desde el 1º de junio hasta el 30 de setiembre del corriente año. Esta suspensión implica la no aplicación de los mayores costos a quienes consumieron más de 1.000 kw y sucesivos rangos.
Ante la negativa de la Empresa Provincial de la Energía de aplicar la resolución 625, la Defensora adjunta a/c de la Defensoría del Pueblo, Liliana Loyola, envió un oficio a la Gerencia General de la empresa solicitando las explicaciones del caso, sin recibir respuesta alguna.
Por ese motivo, Loyola remitió una nota al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando que interceda ante la Secretaría nacional de Energía, a fin de conocer los alcances de la medida en relación a nuestra distribuidora local.
Paralelamente, la Defensora pidió informaciones a los entes reguladores de energía de las provincias de Entre Ríos y de Córdoba, quienes señalaron que dicha normativa fue aplicada tal como lo había dispuesto la Nación. Incluso el ente regulador de Entre Ríos envió una circular a todas las distribuidoras provinciales para que se acrediten los montos pagados de más y se apliquen a futuras transacciones.
Adicionalmente, la EPE de Santa Fe no se encontraba obligada a abonar a CAMMESA los mayores costos, en virtud de la resolución 652/09.
De lo actuado, la Defensoría investiga si la empresa de energía cambió sus tarifas bajo el argumento de un incremento en el costo pero a la hora de la suspensión de éstos, no procedió en el mismo sentido con los usuarios del servicio.
Rechazo de los pedidos de excepción
La Defensora del Pueblo adjunta para la zona Norte, Liliana Loyola, denunció además que la EPE rechazó todos los pedidos de excepciones a la aplicación de la resolución 1169, que fijaba mayores costos del kw y nuevos rangos de consumo residenciales, hecho que fue notificado –también- a la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Loyola recordó que el Secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, le dirigió a CAMMESA la nota 4259, en la que le expone la existencia de excepciones al nuevo cuadro tarifario y le señala el mecanismo a implementar por parte de las distribuidoras.
Estas excepciones alcanzan, entre otras, a quienes no poseen servicio de agua potable, gas natural por red o sean electrodependientes.
