El Concejo Municipal de San Lorenzo resolvió la noche de este martes rechazar el pliego del concejal electo Pedro "Pili" Rodríguez e impidió que ocupe una banca por estar procesado en causas que investigan delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura, cuando fue director de Asuntos Jurídicos de la municipalidad. “Cumplimos con nuestro deber de legisladores, ahora es el turno de la Justicia”, expresó al salir del recinto la concejala Marcela Lozano del SI, una de las impulsoras de la impugnación al Pili. Los ediles sanlorencinos ya habían rechazado el ingreso de Rodríguez en diciembre de 2009 pero tuvieron que refrendar la decisión en el marco de una sesión ordinaria.
Pili Rodríguez se presentó por una lista vecinalista en las últimas elecciones legislativas y cosechó unos cinco mil votos; los suficientes para ocupar una banca de concejal. La escuálida presencia de gente que se llegó este martes hasta el Concejo Municipal de San Lorenzo para acompañarlo, dio cuenta de la pérdida de apoyo del polémico abogado, quien además está señalado por haber entregado a las garras del terrorismo de estado a los delegados combativos de los gremios que representó legalmente antes y durante la dictadura.
Rodríguez está procesado como “partícipe necesario” por delitos de lesa humanidad durante el golpe de Estado de 1976, cuando estuvo al frente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo. Actualmente se encuentra libre bajo fianza.
El "aguante"
La sesión del Concejo de San Lorenzo comenzó a las 20.30 de la noche con una sala llena de público, en su mayoría perteneciente al Colectivo de derechos humanos La Ventolera, grupo que promovió diferentes actividades de repudio a Rodríguez y que convocó a realizar una “aguante” frente al Concejo de San Lorenzo, junto a sobrevivientes de la dictadura y organismos de derechos humanos y referentes de Rosario, entre los que se pudo ver a la diputada provincial Alicia Gutierrez, Norma Ríos de APDH, Inés Cozzi del MEDH, Alicia Lesgart, Angel Ruani, testigos y querellantes de causas contra el terrorismo de estado y militantes de la agrupación HIJOS Rosario. También hubo una veintena de seguidores de Rodríguez.
Si bien el número de vecinos y militantes que exigían la impugnación de Rodríguez, que colmaron la sala y el frente del Concejo Municipal, fue notoriamente mayor al de los que apoyaban a Pili, la impresión del cronista fue de cierta indiferencia de parte de la sociedad sanlorencina ante el dilema que se resolvía esa noche en la ciudad. Uno de los vecinos presentes, Toni Cervera, otrora dirigente justicialista local, explicó a redaccionrosario.com, que “el tema no logró instalarse fuertemente en la agenda pública de la ciudad”.
Luego de un durísimo debate, en el que Pili Rodríguez pidió dos veces la palabra para amenazar sus colegas con futuras “demandas judiciales” y decir con esta decisión se atentaba contra la Constitución, alrededor de las 22.30 se pasó a la votación y el pliego de Rodríguez fue rechazado por cinco votos en contra, los de Marcela Lozano del SI, la justicialista del Frente para la Victoria María Mariani, y los radicales Eduardo Ros, Marcelo Roggi y Claudia Moyano; uno a favor de su asunción, el de Gustavo Oggero, y una abstención del socialista Ramón Dicilli.
Al cierre de la jornada, entre abrazos de alegría y el recuerdo de los nombre de los militantes desaparecidos del Cordón Industrial, los organismos de derechos humanos festejaron el resultado de la votación. “El triunfo de hoy no hubiera sido posible sin el apoyo, el compromiso y la lucha mancomunada de todos los organismos de ddhh; organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, políticas; querellantes, y todos aquellos ciudadanos de la ciudad de San Lorenzo que ya sin miedo se sumaron a esta causa”, expresó Soledad, del Colectivo La Ventolera.
Apego a la Constitución
Alguno de los argumentos que utilizó Pili Rodríguez para defenderse fue que “se avasallaba el derecho de las minorías” y que eso hacía “inconstitucional” la decisión. Resultó sorprendente al menos la apelación del procesado como “participe necesario” por el delito “de secuestro y torturas” contra militantes del Cordón Industrial, quien fue nada menos que Director de asuntos Jurídicos de la Municipalidad de San Lorenzo durante la dictadura que suprimió la Constitución, las minorías y las mayorías, los partidos políticos, la actividad gremial, además de unas treinta mil vidas. Cabe recordar que la Constitución Nacional y el Código Penal argentino definen que la participación de personas que fueren funcionarios de un gobierno de facto deben considerarse “traición a la patria”.
Delito doloso
El principal argumento contra el cual Pedro Rodríguez no puedo esgrimir ninguna defensa y que es un atributo al que recurrieron los concejales que tomaron la actitud de rechazar su pliego, es un artículo del reglamento del Concejo Municipal que señala explícitamente como causa de inhabilidad moral para ejercer el cargo de concejal, el hecho de poseer un procesamiento por un delito doloso. Huelga aclarar que el procesamiento como “partícipe necesario” en el “secuestro y tortura” de militantes políticos, configura sobradamente un tipo legal que reune esas características.
