La Secretaría de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe y la de Derechos Humanos firmarán un convenio para “resguardar y conservar los archivos referidos a las personas privadas de su libertad, dependientes del Poder Ejecutivo Nacional durante los gobiernos de facto”.
El acuerdo se firmará este miércoles a las 11 en la sede de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios y estarán presentes su titular Leandro Corti; el secretario de Derechos Humanos, Rosa Acosta; y el director provincial de Investigación y Reconstrucción de la Memoria Histórica, Jorge Pedraza, entre otros.
Según se informó oficialmente, el convenio prevé “desarrollar acciones de colaboración entre las partes” para cumplir con los “objetivos de la Secretaría de Derechos Humanos de obtener, analizar, clasificar, duplicar, digitalizar y archivar informaciones y testimonios sobre el quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Durante la última dictadura, los detenidos “a disposición del Poder Ejecutivo Nacional” eran aquellos “blanqueados” por la maquinaria represora clandestina.
Suponía, para muchos, un paso intermedio a recuperar su libertad, o al menos a figurar como detenidos legales del Estado, que en general optaba por la ilegalidad de los centros clandestinos de detenciones donde masacraba y torturaba.
Los detenidos a disposición del PEN permanecían detenidos en cárceles comunes. En Santa Fe, la mayoría fue alojado en la prisión de la localidad de Coronda.
