En consonancia con las investigaciones que viene llevando a cabo con el fin de detectar maniobras de evasión fiscal, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), ha centrado su atención en la empresa Molinos Río de la Plata, propiedad de la familia Pérez Companc, ante la sospecha de irregularidades en sus operaciones de granos.
Fuentes de la Afip dijeron al periódico Miradas al Sur que Molinos Río de La Plata es “la principal trianguladora del país”. Las fuentes precisaron que la empresa de los Pérez Companc “exportó a Uruguay por unos u$s 1.000 millones durante 2009”.
En el organismo que conduce Ricardo Echegaray aseguran que son las sociedades radicadas en las zonas francas de Uruguay, pero controladas por sus matrices desde la Ciudad de Buenos Aires, las que despiertan las mayores sospechas.
Las dudas de los sabuesos son, en principio, las mismas que dispararon las inspecciones en Bunge Argentina S.A. y Cargill S.A., y que desembocaron en sendas denuncias por el presunto delito de evasión.
“Al igual que en otros casos, ya les requerimos información y estamos a la espera”, confió la fuente con relación a Molinos Río de La Plata S.A. La empresa, adquirida por Gregorio Pérez Companc a Bunge & Born en 1999 por unos u$s 400 millones es la joya del holding familiar e integra el top ten de las mayores exportadoras del país con un monto que alcanzó los u$s 1.400 millones el año pasado.
En rigor, la información requerida apunta a invertir la carga de la prueba para que sean las propias empresas que integran el club de las cerealeras las que demuestren que las sociedades vinculadas o sus controladas en el exterior tienen “riesgos y funciones”. En buen criollo: que no son pantallas destinadas a eludir al fisco. Radiografía de un grupo.
Creada en enero de 2001, cuando se derrumbaba la convertibilidad y arreciaba la fuga de capitales, PCA International S.A. es una de las firmas constituidas en Uruguay que controla en su totalidad la familia Pérez Companc mediante Molinos Río de la Plata. Con domicilio legal en la zona franca de Montevideo, su actividad declarada es la comercialización y venta de soja, aceite de soja y sus subproductos; pero también el financiamiento de otras empresas del grupo.
Una sociedad de características similares es Molinos International S.A. Fundada a mediados de 2005, la firma es controlada desde la sede del holding, en la localidad bonaerense de Victoria. Con domicilio fiscal en la misma zona franca que PCA International, su objetivo es el comercio internacional.
Nacido como naviera durante el primer gobierno de Perón y dedicado al negocio petrolero durante la presidencia de Frondizi, el grupo cobró vuelo como contratista del Estado en la década del setenta hasta conformar un conglomerado de medio centenar de firmas a fines de la dictadura. Su expansión no se detuvo hasta que alcanzó, privatizaciones mediante, una presencia que ningún otro holding local logró.
Hacia mediados del menemismo comenzó a modificar sus inversiones para concentrarse en el sector energético y de las telecomunicaciones, áreas que abandonó con el boom agropecuario. La compra de Molinos Río de la Plata constituyó el golpe de timón.
Consecuencia del rumbo que decidió Gregorio Pérez Companc antes de entregar el timón a sus hijos son algunas de las sociedades que el grupo tiene repartidas en distintos países. Una de esas firmas es Molinos Ríos de la Plata Holding S.A. Nacida en 2003, la compañía realiza inversiones en Chile y presta servicios a empresas constituidas en el extranjero desde el barrio Los Condes de la capital trasandina.
Otra empresa que integra el conglomerado es Molinos do Brasil Comercial e Industrial Ltda. Establecida en San Pablo a fines de 2007, su objetivo es la importación y exportación de alimentos. El capital accionario pertenece en un 99,90% a Molinos Río de la Plata S.A. y el resto a Molinos International.
Quienes conocen el grupo afirman que menos claro es el objetivo de Molinos Overseas S.A., otra sociedad uruguaya relacionada con el grupo y que mantiene contratos de suministro internacional de mercaderías con Molinos Río de la Plata. La firma, en forma conjunta con Molinos Uruguay S.A., repartió el año pasado dividendos provisorios por unos u$s 15 millones entre los accionistas de la chilena Molinos Río de la Plata Holding, operación exenta de tributación en el país trasandino por tratarse de rentas provenientes de una fuente extranjera.
Durante los últimos años, Molinos Río de la Plata compró varias empresas. Dos de esas adquisiciones son Virgilio Manera Sacifi y el Grupo Estrella S.A. –por unos u$s 50 millones–. En 2008 pagó u$s 12,5 millones a la chilena Comercial Carrozi S.A para quedarse con casi el 50% del paquete accionario de Bonafide Golosinas S.A., convertida hoy en Compañía Alimenticia Los Andes S.A.
En la actualidad, las apuestas del grupo incluyen, además de sus inversiones a nivel regional, una cerealera en Ucrania, las bodegas Nieto Senetiner, la agropecuaria Goyaiké, establecimientos ganaderos en Chile y el frigorífico Friosa, que el grupo compró en 2006 por u$s 70 millones.
Párrafo aparte merece Molinos USA Corp. Sus objetivos son más amplios que los declarados por el resto de las firmas que integran el conglomerado. En realidad, son casi infinitos. Con domicilio en la Suite 510 del 1110 de Brickell Avenue, en Miami, su actividad declarada es “cualquier negocio lícito permitido bajo las leyes de Estados Unidos y la ley de sociedades de Florida”. Al igual que el resto es controlada en su totalidad desde el cuartel general de Victoria. Su presidente es Cristóbal Prat Gay, hermano de Alfonso, el hombre elegido por Elisa Carrió para operar en el terreno económico.
La decisión del Gobierno de auditar a fondo a las cerealeras disparó la alarma entre los directivos del sector, dominado por un puñado de compañías que monopolizan las exportaciones de granos, soja y sus derivados. “Entraron en pánico”, aseguran en la Afip. Quienes conocen la operatoria comercial de las firmas aseguran que los casos de Bunge Argentina y Cargill serían la punta de un iceberg que podría oculta maniobras de evasión y elusión.
Para graficar la sospecha explican que existirían “gruesas diferencias” entre los precios de venta declarados y los efectivamente pagados por los compradores.
El acento está puesto en empresas que tienen sociedades controladas en las zonas francas de Uruguay. Aunque el país no califica como paraíso fiscal, su sistema financiero alentó triangulaciones off-shore por u$s 8.000 millones durante el año pasado. La mitad corresponde al rubro “aceites y cereales”. No es el único caso. En 2009 se concretaron exportaciones a Suiza por u$s 4.300 millones, pero sólo arribaron bienes por u$s 1.500 millones.
Las sospechas se sustentan, además, en otras muchas triangulaciones, como las realizadas vía Barbados y las Islas Caimán. Al primero de los paraísos se realizaron ventas de combustibles y minerales por u$s 870 millones y sólo llegaron productos por u$s 3 millones. En el segundo caso, las ventas totalizaron –en concepto de pesca, maní y combustibles– u$s 700 millones, pero apenas arribaron mercaderías por u$s 41 millones.
Más allá de las complejidades del comercio internacional, la reiteración de las maniobras y los montos revelerían que el objetivo es reducir al mínimo el pago de las retenciones y del impuesto a las ganancias, dejando las utilidades en cabeza de las filiales radicadas en zonas de baja o nula tributación.
