La defensa del nieto recuperado Manuel Gonçalves Granada evalúa la posibilidad de recusar al juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, tras la decisión de la Cámara Federal de Rosario de revocar el sobreseimiento de dos ex jueces y dos ex funcionarios judiciales.
Además, la Cámara Federal le ordenó al magistrado nicoleño la reapertura de la investigación por la presunta adopción irregular de Manuel Gonçalvez durante la última dictadura, quien este miércoles consideró "un paso muy importante" la reapertura de la investigación sobre su adopción irregular, en la que se involucra a funcionarios judiciales, porque "posibilitará avanzar en la recuperación de la identidad" de hijos de desaparecidos apropiados durante el terrorismo de estado.
En la causa en cuestión están imputados el juez de Menores de San Nicolás durante la dictadura, Juan Carlos Marchetti, el entonces juez civil Delfín Castro, y los asesores de Menores de la época, Juan Carlos Magni y Francisco García Cortina.
El expediente es un desprendimiento de la causa en la que se investigó la llamada “Masacre de Juan B. Justo” de San Nicolás, un operativo conjunto del Ejército, la Policía Federal y la bonaerense realizado el 19 de noviembre de 1976 en el que fueron asesinadas cinco personas, cuyo único sobreviviente fue Manuel Gonçalves, luego entregado en adopción.
En ese operativo fueron asesinados Omar Amestoy y su esposa, María del Carmen Fettolini, junto a sus hijos Fernando, de tres años, y María Eugenia, de cinco.
También murió Ana María del Carmen Granada, quien alcanzó a cubrir a Manuel con un colchón y dejarlo en un ropero de la vivienda, ubicada en calle Juan B. Justo de San Nicolás.
La abogada Ana Oberlin, que junto a Lucas Ciarniello representan también en la causa a Abuelas de Plaza de Mayo y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo este miércoles a Redacción Rosario que “podría haber causales de recusación” del juez Villafuerte Ruzo, “quien el año pasado sobreseyó a los imputados sin siquiera llamarlos a indagatoria”.
La causa por el quíntuple homicidio, en la que están procesados el ex coronel Fernando Saint Amant, el ex coronel Antonio Federico Bossie y el comisario Jorge Muñoz, fue elevada a juicio oral y tiene fecha de inicio el 29 de agosto próximo.
Tras el operativo, Manuel Gonçalves, de seis meses, fue entregado en adopción a una familia “vinculada al juez de menores Marchetti”, explicó la abogada Oberlin.
Según la abogada, en el trámite de adopción “el juez cometió un montón de irregularidades, jurídicamente por la ley de la época tenían que cumplirse una serie de requisitos que no se cumplieron; es más, se incumplieron sistemáticamente”.
En abril del año pasado el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruso, dictó el sobreseimiento de Marchetti y los restantes imputados por la supresión de identidad de Manuel Gonçalves, quien recuperó su historia en 1995.
“La resolución de Villafuerte es terrible, le echa la culpa a la madre de suprimirle la identidad a Manuel porque le cambió el nombre cuando se fueron a vivir a San Nicolás, luego de que el padre fuera secuestrado en Zárate el 24 de marzo de 1976”, contó Oberlin.
“Además, los sobreseyó sin siquiera llamarlos a indagatoria, algo que le pedimos desde 2007”, añadió.
La Cámara Federal de Rosario revocó ayer esos sobreseimientos y le ordeno al juez Villafuerte Ruzo reabrir la investigación por las irregularidades en la adopción de Manuel Gonçalves.
Según Oberlin, la resolución de la Cámara Federal rosarina “dice que no están cumplidas todas las medidas, que fue prematura la resolución (de Villafuerte) y que hay pruebas que no se habían sustanciado”.
“Lo que nosotros decimos –completó– es que con la cantidad de elementos probatorios que hay en el expediente ahora, no sólo existen elemento para que se los indague sino para que se los procese”.
"Investigar guardas o adopciones va a generar que otros responsables sean condenados y eso es lo importante… Mi historia ya está encaminada, pero a partir de esta nueva investigación se pueden generar otras muy serias que pueden permitir encontrar chicos que todavía no recuperaron su identidad", aseguró por su parte Manuel Gonzçalvez.
El fallo judicial extiende la medida a dos asesores de Menores y señala que no fueron realizadas las medidas básicas para reconstruir cómo fue entregado el entonces bebé, tras el asesinato de su madre y el secuestro de su padre.
"No tengo duda que la justicia tiene que dar un segundo paso y entender que lo que ocurrió fue un golpe cívico-militar, donde no sólo hubo uniformados implicados sino también funcionarios y personal civil que operaban en usinas donde se generaban las supuestas legalidades en las entregas de hijos de desaparecidos", señaló el joven que recuperó su identidad en 1995.
Gonzçalvez fue querellante en el juicio que el 14 de abril pasado condenó a cadena perpetua al ex intendente de Escobar Luis Abelardo Patti por el asesinato de su padre, Gastón Gonçálvez, secuestrado el mismo día del golpe de Estado -24 de marzo de 1976-, encerrado en un celular en el predio de la comisaría en la que Patti cumplía tareas como agente, y asesinado días más tarde en un camino rumbo al río Luján.
También, uno de los 103 nietos recuperados por Abuelas de Plaza d Mayo, se apresta a asistir a un nuevo "acto de justicia" cuando se presente como querellante en el juicio que el 29 de agosto llevará al banquillo de los acusados a los asesinos de su madre, Ana María Granada, en la causa conocida como Masacre de Juan B. Justo.
