El juez federal Norberto Oyarbide aceptó como querellantes a los sobrevivientes del centro clandestino montado en la planta de Acindar en Villa Constitución. De esta manera, el ex ministro de Economía de facto, José Alfredo Martínez de Hoz, y otros ex directores de la metalúrgica quedaron a un paso de ser juzgados por crimenes de lesa humanidad.
La querella está constituida por Alberto Piccinini y Juan Jesús Actis, ambos sobrevivientes del centro de detención clandestino instalado en el predio de Acindar, y que impulsan la causa junto a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Además de aceptarlos como querellantes, Oyarbide también consideró que los delitos cometidos en ese contexto son de “lesa humanidad” y, por lo tanto, imprescriptibles.
En la causa número 16.251/10 se detallan los crímenes cometidos en el marco de la “Operación Serpiente Roja del Paraná” perpetrada a las 6 de la mañana el 20 de marzo de 1975, cuando la Policía Federal, la policía provincial y un grupo de policías rurales autodenominados “Los pumas” allanaron ilegalmente la planta y desataron una cacería que terminó con más de 500 trabajadores y vecinos secuestrados y 20 muertos contabilizados hasta el momento.
La empresa también aportó su helipuerto para el operativo. Asimismo, al prestar sus instalaciones, en particular el albergue de trabajadores solteros, creó el primer centro clandestino de detención de la Argentina.
El abogado querellante Olivier Reboursin explicó que se le pedirá a la actual composición del directorio de Acindar que aporte información sobre quiénes fueron los directores de la empresa al momento del operativo represivo para así poder citarlos a indagatoria.
Hasta el momento, los querellantes tienen identificados a dos gerentes de la época, el jefe de personal de la empresa, Pedro Asnarez, y su par de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini. “El Estado los tiene que investigar. No eran miembros del directorio pero sí personal jerárquico, les pagaban a los policías para mantener la zona militarizada”, detalló Reboursin.
Los querellantes también imputaron a la viuda de Juan Domingo Perón, quien gobernaba el país durante el operativo. Sin embargo, para hacer efectiva su citación será necesario pedir su extradición a España.
“El centro clandestino que se conformó dentro de Acindar siguió funcionando durante la dictadura. Se encarceló a toda la comisión gremial interna. Estos crímenes generaron el terror, modificaron las condiciones de trabajo y la empresa pudo hacer grandes negociados durante la dictadura. Hubo una serie de créditos autorizados por el Banco Nacional de Desarrollo que la empresa nunca pagó, deuda que después fue estatizada por Domingo Cavallo cuando fue presidente del Banco Central y luego asumida por el Estado en forma total durante el gobierno de Raúl Alfonsín”, detalló el abogado.
El mismo Martínez de Hoz fue presidente de Acindar antes de convertirse en ministro de Economía de Jorge Rafael Videla. Hasta el momento, la multinacional Acindar, compuesta hoy por capitales indios e ingleses, no ha repudiado los delitos de lesa humanidad cometidos en sus instalaciones.
A casi 37 años del comienzo del terror en Acindar se abre la posibilidad de enjuiciar a los represores, tanto militares como civiles. Sin embargo, hay testimonios, como el de Carlos Sosa, un vecino de la fábrica que fue secuestrado y torturado y que falleció en junio a sus 65 años, que no llegó a aportar su testimonio en la causa. “Por lo menos Martínez de Hoz sí está vivo para ser juzgado”, sostienen los querellantes.
Y agregó: “Tantos años de impunidad garantizaron la impunidad ideológica a los represores y también a los empresarios.”
Fuente: Tiempo Argentino
