Como en la Argentina, los grandes grupos de la comunicación cuestionan la llamada Ley de Medios que oficialismo y oposición negocian los votos para su tratamiento este miércoles en la Asamblea Nacional. El proyecto deriva de un mandato constitucional votado en consulta popular.
La Constitución aprobada en el 2008 y las reformas que propuso el presidente Rafael Correa, que tuvieron el visto bueno de la ciudadanía el año pasado, obligó a una nueva Ley de Medios, demorada 929 días si se tiene en cuenta la nueva Carta Magna.
No obstante, la aprobación de la iniciativa -que la mayoría de medios llama ley mordaza- no está asegurada porque hasta última hora habrá negociaciones entre oficialismo y oposición en busca de los 63 votos necesarios.
Las bancadas opositoras promovieron sobre todo en el último año una serie de postergaciones y ya adelantaron que rechazarán el proyecto, pese a las casi 40 modificaciones que se hicieron al texto.
Los bloques opositores argumentan que aunque la población respaldó una nueva ley no apoyó este proyecto -ya discutido en primera y segunda instancia- que, advierten, puede además ser vetado por Correa o favorecer cierto totalitarismo del Ejecutivo.
La nueva iniciativa establece un 34 por ciento de las frecuencias se destine a medios comunitarios, 33 por ciento a medios públicos y 33 por ciento a medios privados con fines de lucro, y dispone la profesionalización de quienes están a cargo de los contenidos informativos en los medios de comunicación.
Esa disposición significa que la ley garantizará que quienes tengan el cargo de editores, directores o jefes de información y reporteros deberán contar con preparación académica, lo que, según Correa, “reduce los riesgos de manipulación informativa”.
En cuanto a la difusión de la música nacional, se propone que en aquellas radios que poseen programación netamente musical o de variedades, el 50 por ciento de difusión debe corresponder a artistas nacionales, a los que se les deberá reconocer un pago por derechos de autor.
A esto se suma la obligación que tendrán los canales de televisión y periódicos a colocar la fecha de origen de los videos y fotos que difunden y publican.
La demora en la sanción llevó a Correa a advertir que si se desoye el mandato popular la Corte Constitucional podrá dictar una Ley de Comunicación transitoria.
“La Constitución da alternativas y por desacato a mandato expreso, además de las sanciones que pueden tener esos asambleístas, la Corte puede dictar una ley temporal hasta que los asambleístas cumplan con su deber”, explicó el gobernante, que rechazó la «descarada manipulación» de los grandes medios.
El proyecto en debate tuvo el aporte de medios, organizaciones no gubernamentales y organismos del Estado, y tiene 105 artículos y 17 disposiciones transitorias. Por el momento, buena parte de las chances de la iniciativa parecen radicar en qué harán los independientes de la Asamblea Nacional, aunque el oficialismo confía en lograr los 63 votos que necesita.
Fuente: Télam
