El gobierno santafesino pasó a disponibilidad a cuatro policías de la norteña localidad de Florencia, acusados de torturar a tres jóvenes. A fines de junio uno de los testigos de tal vejación apareció muerto.
Roberto Valenzuela, Lucio Prieto y Martín Gómez, de entre 18 y 20 años, fueron quienes elevaron la denuncia contra los cuatro efectivos policiales de la comisaría de Florencia aduciendo que fueron coaccionados -en mayo pasado- con tormentos a confesar supuestos crímenes cometidos por ellos. Los jóvenes afirmaron haber sido golpeados, picaneados y sometidos a “submarino seco”.
La desvinculación de los cuatro agentes se decidió a partir de un informe presentado la semana pasada por la dirección de Asuntos Internos de la policía: el Ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, junto con el jefe de la Unidad Regional IX de la policía santafesina, Daniel Wilhjem, oficializaron finalmente el despido de Pablo Fantín y otros tres efectivos, cuyos nombres no se dieron a conocer.
«Al margen de la investigación judicial, que deberá definir las responsabilidades penales, nosotros evaluamos que existen responsabilidades administrativas autónomas, de inmediata resolución», señaló el Secretario de Control del Ministerio de Seguridad, Matías Drivet.
“Si el juez llama (a los acusados) o no a indagatoria, es un resorte que excede a la autoridad administrativa”, apuntó, y agregó: “Mientras tanto, estamos dando una clara señal de que no existe ninguna connivencia del poder político y además, queremos impedir cualquier obstáculo a la investigación judicial en marcha».
En tanto el defensor general Gabriel Ganón resaltó la “extrema gravedad institucional” del asunto, siendo el juez de instrucción de Reconquista, Virgilio Palud, el responsable a cargo de la actual investigación y quien había procesado en su momento a los muchachos por los delitos “confesados» sin dar intervención a la defensoría oficial y haciendo caso omiso a las denuncias de los jóvenes y sus marcas evidentes de torturas.
Otro aliciente en el caso es la extraña muerte de uno de los testigos, Emanuel Duarte, quien el pasado lunes 25 de junio -estando detenido- fue hallado sin vida. La policía local lo calificó como suicidio.
Además, un relato similar al de Valenzuela, Prieto y Gómez sostienen dos trabajadores de la cosecha, Orlando Romero y Angel Caraballo quienes manifestaron que una comisión policial los detuvo con la intención de hacerlos responsables de una serie de delitos acaecidos en la zona.
Despojados de su chapa y arma reglamentaria, los imputados ahora deberán someterse a las investigaciones judiciales y administrativas en marcha, aunque podrán retener hasta el 70 por ciento de su salario hasta tanto culminen las pericias.
Fuente: Rosario 12.
