Budassi, Corelli y Cámpora. Foto: Manuel Costa.
Budassi, Corelli y Cámpora. Foto: Manuel Costa.

Organizaciones de derechos humanos de la región se quejaron ante el Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario por la falta de continuidad en el proceso. “Tenemos de promedio menos de una audiencia por semana”, señalaron.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario se trasladará a la ciudad de San Pedro desde el 5 de noviembre –y durante 10 jornadas– para continuar con las audiencias en las que son juzgados trece represores de la dictadura por delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita del Área Militar 132 entre 1976 y 1978. Por su parte, los organismos de derechos humanos reunidos en el Encuentro Regional por Memoria y Justicia, que impulsan la causa, reclamaron “un ritmo más intenso” a los jueces. “Si sacamos la cuenta, de promedio hasta ahora, se ha realizado menos de una audiencia por semana desde que comenzó el juicio en abril”, plantearon.

A seis meses de su inicio y ante el comienzo de una nueva etapa del juicio conocido como Saint Amant II en la ciudad bonaerense de San Pedro, que ha tenido como particularidad la itinerancia del tribunal –que comenzó las audiencias en San Nicolás y luego continuó en Pergamino–, representantes de los organismos de derechos humanos realizaron un balance del proceso. En diálogo con Diario de los Juicios los testigos y ex presos políticos José María Cholo Budassi, Marisa Corelli y Alicia Cámpora coincidieron en valorar como “positiva” la experiencia de “llevar el juicio al lugar donde sucedieron los hechos” aunque se quejaron de la falta de “ritmo y continuidad de las audiencias”.

“Fue importantísimo que las audiencias se realicen en los lugares donde han ocurrido los hechos. Por ejemplo en Pergamino, se pudo ver un gran trabajo de la comunidad educativa, los alumnos se acercaron a las audiencias, trabajaron mucho el tema con los profesores”, contó Marisa Corelli con respecto a los cambios de sede del tribunal.

“Uno de los días de audiencia que fue feriado se acercó una gran cantidad de gente, incluidos los estudiantes que no tenían clase. Además que las audiencias se hagan en el Concejo Deliberante, le da una institucionalización que es muy importante”, añadió Alicia Cámpora por su parte.

Demoras e intermitencias

“Estamos luchando para que las audiencias tengan un ritmo más intenso porque si sacamos la cuenta, de promedio hasta ahora, se ha realizado menos de una audiencia por semana desde que comenzó el juicio en abril”, se quejó Budassi al referirse a la falta de continuidad en el juicio.

“Ha sido una batalla de tira y afloje”, graficó el Cholo, quien recordó que el juicio comenzó con una audiencia por semana, los días miércoles, pero que tras varios meses –y cuando desde el tribunal nos explicaron que se distendía un poco el juicio Feced II– incorporaron un día más. “En mayo en un momento cortaron, hicieron unas inspecciones oculares a unos centros clandestinos –en la Cárcel, la Brigada de Operaciones, la Comisaría 2a de San Nicolás y la Comisaría 1a de Junín–, todos lugares denunciados por nosotros (los testigos) y después tuvimos un parate de un mes de audiencias”, señaló Budassi. Y agregó: “Y ahora nos hicieron otra, porque teóricamente la primera semana de octubre tendrían que haber terminado las audiencias en Pergamino, pero volvieron a parar con el tema de las inspecciones oculares –una a la Comisaría 1a de Pergamino y la otra a la casa de una pareja de compañeros, Lanzillotto-Santillán, que están desaparecidos–. Esas audiencias pasaron para fines de octubre”.

A pesar de esos señalamientos, los tres entrevistados se mostraron de acuerdo en que a lo largo del juicio “ha habido un muy buen trabajo” con los testigos. “Han venido testigos de Chaco, de La Rioja, de La Pampa; y la fiscalía ha trabajado muy bien garantizando que pudieran llegar y prestar sus testimonio”, remarcaron.

El valor de los testimonios

Los tres coincidieron también en destacar la calidad de los testimonios que se escucharon hasta ahora en las audiencias. “A mi personalmente me impresionó mucho un ex preso de La Pampa, que era la primera vez que declaraba, que además nos dijo que a su familia nunca le había contado lo que le pasó”, mencionó Corelli. “Y un rato antes había declarado un compañero de La Rioja, ex militante del PRT, que era el otro extremo y que viene declarando desde hace años”, planteó Budassi. “También fue muy conmovedor cuando declararon las Madres”, se sumó Cámpora, y agregó: “Tuvimos un guardiacárcel arrepentido que generó mucho debate entre los que integramos la Mesa de la Memoria, pero aportó datos muy valiosos. Fue todo muy importante por el nivel de denuncia de los testimonios”.

“Está el caso del Negro (Luis) Lita, que fue el primero en declarar y que lamentablemente falleció”, recordó Budassi. “El Negro fue un ex militante de la UOM y del PRT que estuvo detenido y que cuando lo liberaron fue a vivir a Olavarría, porque en San Nicolás estaba amenazado y perseguido. Y allá se vinculó desde un primer momento con los organismos”, describió el Cholo. “Era muy lindo escuchar cómo era capaz de vincularse y hablarle a los pibes”, indicó Alicia.

Próximas audiencias

Antes del cambio de sede del juicio se realizarán las últimas dos audiencias en Pergamino, los días 29 y 30 de octubre. En San Pedro, las audiencias estarán abocadas a desarrollar los casos de los hermanos Theulpin, militantes del Partido Comunista, quienes fueron privados ilegalmente de su libertad; el caso Periz, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que aún permanece desaparecido; el caso Shiell, militante de la Juventud Peronista que también permaneció secuestrado en un centro clandestino de esa ciudad; la causa Montalvo, en la que están incluidos militantes del Partido Comunista y del Frente Antiimperialista al Socialismo; y el de los hermanos Hofer, que aún permanecen desaparecidos.

El expediente por el que se está llevando adelante el juicio está integrado por 15 causas que fueron unificadas en una megacausa en la que se investigan los delitos de lesa humanidad, cometidos entre 1976 y 1978 en la esfera del Área Militar 132 con asiento en San Nicolás, jurisdicción militar que comprende también otros tres distritos del norte bonaerense: San Pedro, Baradero y Pergamino.

Hay 15 imputados (tres integrantes del Ejército; uno de Aeronáutica y el resto de la Policía bonaerense), 77 víctimas y más de 230 testigos. Asimismo, el nombre de la megacausa se desprende de quien fuera teniente coronel, Saint Amant, a cargo del Área Militar 132 entre los años 1976 y 1977, época en la que fueron cometidos la mayor parte de los delitos que se investigan.

Entre 1977 y 1978, el mando del Área Militar estuvo a cargo de Norberto Ferrero, quien también está imputado.

Según el cronograma de audiencias que manejan los integrantes de la Mesa de la Memoria, en San Pedro está pautado que declaren 40 testigos, y luego –cuando el juicio vuelva a retomarse en San Nicolás–, harán lo propio otros 30, de las causas Zuelgaray, donde hay muchas víctimas, y la de los estudiantes del Colegio Don Bosco.

“En San Pedro, lo que sería la tercera etapa del juicio, arranca el 5 y 6 de noviembre y termina el 10 y 11 de diciembre”, informó Jos María Budassi, quien explicó además que “están previstas diez jornadas” y cuya última audiencia está prevista para el 30 de diciembre, en San Nicolás.”

Los pibes van al juicio

Para José María Budassi, “otra cosa para resaltar de este juicio es que nosotros pedimos que pudieran ingresar los pibes de las escuelas secundarias a las audiencias”. El testigo, sobreviviente de la dictadura y referente de la Mesa por la Memoria y la Justicia de San Nicolás, contó que –ante ese pedido– “primero el tribunal nos respondió diciendo que hay una acordada por la cual sólo pueden ingresar los mayores de 18 años”. Pero la cosa no quedó ahí. “Entonces –prosiguió Budassi– nosotros hicimos una reunión de los jueces con los profesores, donde los jueces se mantuvieron en su postura pero se mostraron abiertos a charlar con los chicos después de las audiencias. Y por otro lado, los integrantes de la Mesa Regional hicimos una carta al secretario de la Cámara de Casación y desde Casación le reenviaron la carta al tribunal. Y además sacaron una resolución administrativa donde recomendaban autorizar el ingreso de los menores. Así que sin esperarlo, porque no sabíamos lo que habían hecho en Casación, un día llegamos a la audiencia y nos dijeron que los chicos podían entrar”.

El testigo explicó que luego de eso, “con grupos de pibes del programa Jóvenes y Memoria (de la provincia de Buenos Aires), previo a las audiencias, organizábamos una charla con los chicos de la que participaban ex presos y familiares”, y destacó: “Los chicos iban con grabadoras, con cámaras, hacían preguntas y los poníamos en situación de los casos y de la forma en que se desarrollan las audiencias. Y entonces empezaron a entrar y tuvimos una gran asistencia de estudiantes y, por ejemplo en Pergamino, gracias al gran trabajo que hicieron los compañeros llegaron a asistir hasta 40 chicos en una oportunidad”.

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