La seguridad se convirtió en el eje central de la campaña electoral, incluso para los postulantes al Palacio de los Leones. Un repaso por las razones que justifican el fenómeno, más o menos novedoso en el proselitismo rosarino. ¿Qué rol debe asumir el ejecutivo local? ¿Qué opinan los candidatos sobre las propuestas de policía municipal?

Un candidato propone comprar cien patrulleros y echarlos a rodar por las calles. Otro crear cien nuevas comisarías y treinta fiscalías barriales para acercar las fuerzas de seguridad y el servicio de Justicia a cada distrito. Un tercero plantea crear una policía municipal y que el intendente sea su jefe. Varios añoran la presencia de Gendarmería y sostienen que debe regresar a la ciudad para afrontar “la emergencia”, que ya está en edad de ingresar a salita de tres. Una postulante se apoya en su “equipo” para abordar el problema, donde confluyen especialistas capaces de brindar soluciones, como es esperable de todo especialista. El gobierno provincial reparte patrulleros, camiones hidrantes y drones. A la derecha, a la izquierda o en el centro del espectro ideológico, la campaña electoral por la Intendencia de Rosario está signada por un tema preponderante, casi único, que “la gente” pone al tope de sus inquietudes, según arrojan las mediciones de los medidores del humor de “la gente”: la seguridad. O, mejor dicho, el binomio seguridad/inseguridad.

No es para menos. Independientemente del tratamiento mediático-político del tema, que por lo general tiende a incrementar los niveles de miedo, los datos objetivos son inapelables: en 2008, primer año de gobierno del Frente Progresista en la provincia, se registraron 125 homicidios dolosos en el departamento Rosario. La cifra se duplicó en 2013 con 264 casos y descendió, apenas, el año pasado, cuando se reportaron 248 homicidios.

Los números son alarmantes si se los compara con la media nacional, cuya tasa llega a 6 por cada cien mil habitantes, mientras que en Rosario alcanza a 24 homicidios por cada cien mil habitantes. Lo cual vuelve estéril el argumento sobre que la violencia y el narcotráfico son fenómenos nacionales y mundiales, atento a las particularidades y guarismos que exhibe la ciudad en la que Manuel Belgrano enarboló por primer vez la bandera argentina.

En este caso, ni siquiera pueda aplicarse el dicho “mal de muchos, consuelo de tontos”, porque el mal ofrece una intensidad local que no se replica en el resto de las ciudades del país, ni aun a las de mayor densidad poblacional.

De todos modos, no parece ser la creciente estadística de crímenes la que perturba a “la gente”, eufemismo mediático de la clase media urbana. Aún hasta hoy perdura el efecto del analgésico argumental que liga los presuntos “ajustes de cuenta” a homicidios que se producen “entre ellos”, y cuyo resultado permite articular el aliviador teorema de Eduardo Feimann: “Uno menos”.

En esos casos, la víctima es un Otro cuya condición social, características culturales y modo de vida lo hacen pasible –cuando no directamente merecedor- de una “justa” muerte a balazos. Si, al final, se la buscó.

De hecho, los homicidios en ocasión de robo ocupan una porción menor del conjunto de muertes violentas ocurridas cada año en la ciudad y, por lo general, están vinculados a la resistencia de las víctimas. Sin que deje de ser preocupante, no constituyen el meollo del abordaje de los homicidios.

Robos y hurtos

En cambio, lo que pareciera alterar más el nivel de neurosis promedio es el delito contra la propiedad: robos, hurtos, escruches, entraderas, arrebatos, aderezados con violencia hacia las víctimas. Su número es infinitamente superior al de los crímenes, aunque su efecto es menos grave.

Imposible saber, por fuentes oficiales, la evolución de los delitos contra la propiedad. La última serie publicada por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) corresponde al año 2007. De ahí en adelante la publicación se interrumpió.

De todas maneras, los datos de 2007 permiten observar que del total de delitos denunciados en el departamento Rosario, 59.949, aquellos contra la propiedad treparon ese año a 35.046, es decir más de la mitad.

La mayoría fueron robos (22.017), algo más que el 60 por ciento de los delitos contra la propiedad. En segundo lugar seguían los hurtos, con “7.475” hechos reportados aquél año, y en el tercer puesto aparecían los “daños”, con 3.222 casos.

Esos son los hechos de inseguridad que molestan, que lesionan la calidad de vida de los rosarinos, a pesar de no atentar contra la vida de las personas. Por tal razón la seguridad se convirtió, en la campaña electoral de 2015, en el tema casi excluyente que abordan los precandidatos a intendentes, por cierto que con distintas ópticas.

Que las políticas de seguridad pública en su faz represiva –es decir, la administración de las fuerzas de seguridad- son una competencia provincial, es una verdad de Perogrullo; tanto como que los gobiernos locales poseen injerencia en esos asuntos y pueden aportar lo suyo.

Hasta hace algunos años cabía la posibilidad de que un candidato a intendente de Rosario no hablara de seguridad, o lo hiciera apenas tangencialmente. La recolección de residuos, la carencia de cloacas y la frecuencia del transporte fatigaban los tópicos del proselitismo electoral.

El fenómeno narco

En ese pasaje de las campañas orientadas a cuestiones de servicios públicos a ésta, sobre drones y policías de proximidad, irrumpió en los medios y en la opinión pública el fenómeno narco.

El primer indicio de que las cosas no andaban bien surgió con la detención del ex jefe de Policía provincial, Hugo Tognoli, que la Casa Gris redujo a una operación política del gobierno nacional. Su procesamiento en primera instancia y la confirmación por la Cámara de Apelaciones en dos causas –una en Rosario y otra en Santa Fe- coincidió con los cuerpos que se apilaban en la morgue por presuntas venganzas entre bandas. Antes, un hecho espantoso que intentó ser cubierto como “ajuste de cuentas” sacudió a la zona sur: el triple crimen de Villa Moreno, también vinculado a vendedores de drogas de esa zona y en el que estuvo involucrado la policía.

El asesinato de la militante cristiana de base Mercedes Delgado en barrio Ludueña y el tiroteo a tres pibes del Movimiento Evita en Nuevo Alberdi encendieron, también, luces de alerta. Y la causa contra la familia Cantero, de la banda de Los Monos, terminó por exponer ante los ojos de la sociedad la extensión de la trama narco y su relación con las fuerzas de seguridad.

La causa de Los Monos fue, en rigor, la respuesta que urdió el gobierno provincial para exhibir resultados del “combate contra el narcotráfico” ante la angustiada ciudadanía. Pero la exhibición de algunas características más mitológicas que reales de la banda de zona sur –por caso, los famosos túneles de barrio Las Flores homologados con los del cartel de Sinaloa– profundizó la sensación de indefensión. Y entonces llegó la Gendarmería.

Con excepción de su desembarco, a través del cual “reventaron” 69 búnkeres de venta de droga al menudeo en forma simultánea, las acciones de los “verdes” fueron de patrullaje y control durante nueve meses, con presencia en el territorio. Esa nimiedad resultó un bálsamo para los sufridos habitantes de la ciudad, que apostaban a ver quién encontraba un policía en la calle.

Con esos antecedentes, la campaña para renovar autoridades municipales se centró, casi con exclusividad, en el abordaje de las políticas públicas de seguridad –o ligadas a ellas- que permitan atraer al votante. En esta edición, El Eslabón consultó a la mayoría de los candidatos al Palacio de los Leones sobre sus propuestas al respecto.

Las hay de las más variadas, claro que con distintos perfiles. No es igual encarar el tema desde la oposición que desde el gobierno, como le toca a Mónica Fein.

La única verdad, en esta materia, es que no hay soluciones mágicas para terminar, de un plumazo y para siempre, con los delitos que atosigan a la población. Los remedios que existen al alcance no son de rápida acción sino que requieren de un tratamiento prolongado. Aun así, en lo que todos los postulantes coinciden es en que “algo hay por hacer”. Y que los municipios, por una cuestión de proximidad con sus habitantes, son un instrumento capaz de aportar a la búsqueda de una convivencia más o menos pacífica y apacible.

El tema de la seguridad-inseguridad es un campo fértil para la demagogia punitiva, un discurso agradable a los oídos de los desesperados, pero sin consecuencias efectivas sobre la realidad. Por suerte, no es lo que prima en esta campaña. De todos modos, separar la paja del trigo es parte de la tarea que los electores harán a partir del 19 de abril.

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