La iniciativa de un grupo de senadores justicialistas, encabezado por Raúl Gramajo, y apoyada por Miguel Lifschitz, gobernador electo y único socialista en la Cámara alta, de promover una reforma previsional, fue rechazada de plano por los gremios estatales. «Hablan del sistema como un todo, que incluye tanto al personal civil del Estado como al policial, cuando estos últimos tienen una situación diferente», aclararon los trabajadores.
Todo comenzó cuando, de golpe y porrazo, el senador provincial justicialista Joaquín Raúl Horacio Gramajo, acompañado de sus pares Hugo Pucheta, José Ramón Baucero y Alberto Crossetti, presentó un proyecto de ley, ingresado sobre tablas, en la última sesión de la Cámara alta. Allí se acordó una preferencia de tratamiento para la próxima sesión ordinaria del Senado, en la que se propuso que “se declare la necesidad de reformar el régimen previsional” de la Provincia de Santa Fe, y, además, se proceda a la creación, en el ámbito de la Legislatura Provincial, de una comisión que estudie, elabore y redacte un proyecto de reforma del régimen previsional vigente.
Una vez conocido el proyecto, la Comisión Intersindical del Sector Público (Cisep) se reunió para deliberar. En principio, rechazó las declaraciones del secretario de Seguridad Social de la provincia, Aldo Gómez, y de la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, Alicia Berzero, referidas a la supuesta situación deficitaria del organismo.
Los gremios coincidieron en que dichas expresiones son «falaces, por cuanto la Comisión de Asesoramiento de la Caja no se ha reunido durante el presente año, el estudio actuarial efectuado en 2014 fue rechazado en su momento por los sindicatos, ante las inconsistencias para fundamentar las decisiones políticas que proponían los directivos circunstanciales de la Caja, y objetaron que no se haya permitido la participación de los absolutos interesados, que son las organizaciones sindicales incluidos en ese sistema previsional, mandantes de los afiliados de esa Caja».
¿Qué proponen los senadores?
La idea de Gramajo, Pucheta, Baucero y Crossetti es que “se declare la necesidad de reformar el régimen previsional” de la Provincia de Santa Fe, y, además, se proceda a la creación, en el ámbito de la Legislatura Provincial, de una Comisión que tendrá por objeto el estudio, elaboración y redacción de un proyecto de reforma del régimen previsional vigente”.
La Comisión estaría integrada por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados; tres senadores, preferentemente miembros integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Comisión de Legislación del Trabajo; tres diputados, preferentemente miembros integrantes de la Comisión de Seguridad Social y Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión y un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia.
Esa comisión, que tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con su cometido, deberá redactar un proyecto de ley de reforma del sistema previsional en el plazo de 365 días corridos a partir de la fecha de su constitución.
Además, la comisión podrá integrar a su seno al defensor del Pueblo y jueces competentes en materia de seguridad social y, a propuesta del Poder Ejecutivo Provincial, a representantes de las organizaciones de jubilados y pensionados reconocidas en la provincia, y representantes de las organizaciones estatales de trabajadores.
Gramajo y el resto de los senadores proponen que los bloques legislativos, las organizaciones y sectores mencionados que no integren la comisión, podrán designar un asistente, quien participará en carácter de observador informante.
Las razones del rechazo gremial
Los sindicatos rechazan las declaraciones sobre el supuesto déficit y sobre la insistencia de hablar del sistema como un todo, sin discriminar los distintos regímenes, por ejemplo el sistema de retiro policial del régimen previsional de los agentes públicos.
Además, ante la intención de varios legisladores de conformar una comisión bicameral para el tratamiento de la situación de la Caja, la Cisep rechaza rotundamente cualquier posibilidad de modificación al régimen actual que signifique un ajuste para los intereses de los aportantes y un retroceso en las conquistas por mas derechos de los trabajadores.
Por último, la Cisep señaló que «repudia las reiteradas maniobras políticas que intentan instalar el temor sobre una supuesta situación deficitaria, que sólo busca justificar el ajuste, propio de viejas políticas neoliberales».
La declaración de rechazo a la iniciativa de los senadores, que es apoyada –¿impulsada?– por el socialismo, fue firmada por los gremios que representan a los docentes particulares (Sadop); la Federación de Trabajadores Municipales(Festram); docentes estatales (Amsafe); ATE; Sindicato de Trabajadores Viales; Asociación Bancaria; Siprus; Luz y Fuerza; Personal Legislativo (Apel); Judiciales, y Obras Sanitarias.
En tren de aclarar los tantos, Claudio Leoni, de la Festram, señaló: «Lo que se resolvió, concretamente, es rechazar cualquier intento de reforma del sistema previsional; y bueno, y esperar los acontecimientos para que actuemos en consecuencia. Esa va a ser nuestra posición. Pero no es una posición caprichosa. La verdad es que estamos bastante cansados que todos los años aparezca el tema y siempre detrás de esto con la misma visión de la aplicación de los ajustes, y con muy poca seriedad. La verdad es que nosotros venimos siguiendo éste tema desde la década de los 90, resistimos al intento de transferencia de la Caja y su posterior privatización».
El dirigente agregó: «En su oportunidad demostramos que era una falacia el intento de transferencia; pero siempre se fue buscando políticas de ajuste, porque lo que ocurre acá es que mezclan todo. La verdad es que mezclan todo; y pretenden transferir la responsabilidad a los trabajadores activos y pasivos del sector público, y esto es lo que molesta. Para que sepan, nosotros en ésta última instancia, durante el año 2014 estuvimos trabajando, fuimos convocados por el Gobierno de la Provincia a una comisión que analice la situación de la Caja. Sorpresivamente en esa comisión apareció un estudio actuarial, esto significa un estudio proyectado en años; y obviamente que ese estudio fue rechazado porque tenía gruesos errores técnicos y científicos en su aplicación».
Para los estatales, «hay una Caja de Jubilaciones en la que conviven dos regímenes, uno es la ley 6.915, que tiene que ver con un sistema jubilatorio de reparto solidario, donde los trabajadores que participamos de este sistema tenemos que cumplir los años que exige la ley, tenemos que tener los años de aporte que exige la ley, y otro sistema, que es el sistema policial, que no es un sistema jubilatorio. Y esto es lo que no terminan de aceptar. Lo saben, pero lo mezclan, y esto es lo que molesta. Como se imaginarán, el retiro policial no tiene nada que ver con el sistema jubilatorio o reparto solidario; es un sistema de retiro vinculado a las políticas de seguridad del Estado provincial».
La pregunta que se hacen los gremios es el núcleo de la discusión: ¿Por qué deben pagar, los empleados públicos, cuando hay un cambio político y se va de retiro toda la cúpula policial?. Esto es, sin contemplar los aportes, sin contemplar los años.
Leoni fue claro: «Son medidas de la política de seguridad. Y para eso el Estado debe resguardarse. Nosotros no estamos en contra de ese sistema, lo que estamos en contra es que se mezclen los dos sistemas para sacar números que en definitiva son mentirosos».
