Una de las mejores síntesis de lo que significará para Argentina el acuerdo de pago a los fondos buitre si el Congreso aprueba la ley enviada por el gobierno de Mauricio Macri la realizó esta semana el diputado del Frente Renovador Marcos Lavagna. Dijo que el acuerdo “es carísimo” pero a la vez recomendó “taparse la nariz y seguir para adelante”, atengo a que su partido posibilitó la aprobación del dictamen de mayoría en comisión. Ningún legislador oficialista podría haberlo dicho, por razones obvias: necesitan generar consensos para aprobarlo en la Cámara baja y, en esos casos, la verdad no siempre es una buena aliada. Los congresistas santafesinos manifestaron esta semana sus enfoques respecto al desendeudamiento: los de Cambiemos bancaron el proyecto oficial aun dejando algunas dudas sobre sus alcances reales; los del Frente para la Victoria rechazaron la propuesta y firmaron un dictamen propio –en minoría– mientras convocaron a una consulta popular; los del FR obstruyeron el ingreso de aires fétidos a sus fosas nasales con una mano y levantaron la otra; y los del Partido Socialista no firmaron el dictamen oficial, aunque aún no definieron su posición de cara a la sesión del próximo martes. Los radicales, aliados de Cambiemos, darán sus votos al proyecto oficialista.
MaLaspina
El diputado del PRO Luciano Laspina, que reemplazó a Miguel Del Sel cuando el agobio del debate parlamentario empujó al cómico a renunciar a su banca, fue una de las principales voces oficiales en defensa de la propuesta oficial a los buitres.
El economista con un master del Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos (Cema, cuna del neoliberalismo argentino), explicó durante la semana que la ley “no presenta un cheque en blanco al endeudamiento” del Gobierno y afirmó que el riesgo de litigiosidad de los bonistas que en su momento (2005 y 2010) aceptaron la quita propuestas por el kirchnerismo e ingresaron al canje de deuda es “prácticamente nulo”.
Durante la reunión de la comisión de Finanzas, el diputado renovadorista Felipe Solá dijo que “el riesgo cero no existe”. Laspina no lo contradijo, sólo redujo los márgenes: es “prácticamente” nulo. Se verá.
Si en ese punto ofreció alguna duda, Laspina fue más claro al decir que el sobrante de la emisión de bonos por 15 mil millones de dólares que el Gobierno requiere para pagar a los buitres, podría utilizarse para paliar el déficit fiscal. Es decir, el viejo esquema de endeudamiento que corroyó a la Argentina, habitualmente acompañado por la fuga de divisas.
En una entrevista con el diario La Nación, el diputado santafesino de Cambiemos recordó que “este proyecto de ley autoriza la emisión de deuda para cancelar el pago a los holdouts por un monto máximo que estimamos de 11.684 millones de dólares. Ahora, es probable que desde el punto de vista de conveniencia de mercado, el equipo de Finanzas del Gobierno decida ampliar esa emisión. Si los mercados aceptan una emisión de 15.000 millones, la haremos observando estrictamente los límites que nos fijan la ley de presupuesto y este acuerdo, si el Congreso lo aprueba”.
—El ministro dijo que esta nueva emisión de bonos podría servir para pagar otros vencimientos de deuda y paliar el déficit fiscal—, recordó el periodista de La Nación en relación a Alfonso Prat-Gay.
—Lo que la Argentina debe hacer es recuperar el crédito. Ahora, cómo se utilice ese crédito, mal o bien, es responsabilidad de los gobernantes. Nosotros tenemos la idea de aumentar el gasto en infraestructura. En esta coyuntura tal vez financiemos parte del déficit que hemos heredado para evitar el ajuste fiscal, pero nuestro compromiso es lograr un ordenamiento de las cuentas con el compromiso de llegar a un equilibrio fiscal en estos cuatro años.
Finalmente, el Frente Renovador trocó su apoyo al proyecto del macrismo –que procura derogar las leyes Cerrojo y Pago Soberano, aprobadas durante el kirchnerismo- por una cláusula que impida utilizar el excedente de la emisión de bonos para gasto corriente, y sólo pueda destinarse a obras públicas.
Tal vez menos académico que Laspina fue el también diputado santafesino del PRO José Núñez, al advertirle a sus pares socialistas que si no votan favorablemente el proyecto macrista la provincia no contará con un peso para obras.
Así lo dijo esta semana: “Si la ley no se aprueba, los santafesinos se quedarán sin crédito para obra pública”.
El legislador, que integra la comisión de Finanzas de la Cámara baja, se esperanzó de todos modos con que sus pares socialistas de Santa Fe “nos acompañen en la votación del recinto”.
“Esta votación definirá el futuro de la Argentina. El socialismo pretende seguir con un estancamiento económico y no pagarle a los holdouts”, chicaneó.
Núñez dijo que “si no resolvemos nuestras deudas y nos ponemos en orden, las provincias no van a poder endeudarse para hacer obras, rutas, puentes, escuelas y todo lo que hace falta”. ¿Está claro?
Caro, pero el peor
El proyecto del Gobierno, acordado con los fondos buitres o holdouts, representa la generación de deuda pública –a través de la emisión de bonos argentinos- por unos 15 mil millones de dólares. Es el costo para cancelar la deuda con el 7 por ciento de los tendedores de bonos nacionales que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 para regularizar la cesación de pagos del país.
Por el 93 por ciento que sí aceptó el canje, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner acordaron pagar 30 mil millones de dólares, mientras que ahora el 7 por ciento se llevará unos 15 mil. Por eso el diputado Lavagna dice que el acuerdo entre el gobierno de Macri y los fondos buitres en el juzgado neoyorkino de Thomas Griesa “es carísimo”.
Tampoco queda descartado que quienes sí ingresaron al canje no accionen contra la Argentina para obtener el mismo beneficio que otorgó el generoso Griesa, quien convirtió los papales basura adquiridos por el fondo NML Capital, gerenciado por Paul Singer, en costos bonos judicialmente indexados.
Las principales figuras del Gobierno exhibieron su apuro por cerrar un “acuerdo rápido”. En el juzgado de Griesa se autoimpusieron una fecha para pagar la exorbitante suma fijada por el juez: el 14 de abril. El objetivo, dice el Gobierno, es cerrar el capítulo del extenso default argentino para acceder, nuevamente, al mercado de capitales. En ese punto, también, se enciende una luz de alarma.
Bajo la modalidad “es esto o el caos”, el macrismo asegura que es el único modo de realizar obras públicas y de infraestructura.
Apoyo con disidencias
El diputado santafesino del Frente Renovador, Alejandro Grandinetti, manifestó su apoyo al proyecto de ley del Gobierno “aun cuando sabemos el alto costo social que vamos a pagar”. ¿Por qué lo hace entonces? Porque “resulta fundamental resolver ésta cuestión que, si bien no es la solución de los problemas que tienen los argentinos como la inflación y la pobreza, sí permitirá a la Argentina volver a los mercados internacionales”, sostuvo el periodista.
Adelantó que en la sesión del próximo martes su bloque acompañará en “disidencia parcial debido a diferencias que teníamos con el proyecto original, pero que algunas de ellas fueron subsanadas”. Grandinetti enumeró las modificaciones y propuestas al proyecto original y entre ellas destacó que el Congreso “tendrá mayor injerencia en el control de la deuda pública, que en los términos de este proyecto el Poder Ejecutivo deberá informar trimestralmente (el oficialismo pretendía semestralmente) el avance de las negociaciones, los términos y condiciones de eventuales colocaciones de deuda”. No parece gran cosa.
Como segunda modificación, dijo que “logramos que el Gobierno no pueda disponer para gastos corrientes los excedentes que eventualmente se generen por la diferencia entre lo que se coloque y se pague efectivamente”, lo cual luce más racional.
Grandinetti agregó que “también se limitó la oferta base, para aquellos que no tienen sentencias contra el país para que no se adicionen a esa oferta comisiones u otros gastos extras, como el caso del Nicola Stock”.
En su frágil equilibrio entre ser opositor y, al mismo tiempo, mostrarse como una oposición moderada y “propositiva” en contraposición a los feos, sucios y malos kirchneristas, el bloque del Frente Renovador se convirtió en la llave que le podría permitir a Macri cerrar el “carísimo” acuerdo con los buitres y devolver a la Argentina al camino del endeudamiento externo.
Conmigo no cuenten
Mientras el bloque de diputados justicialista firmó un dictamen en minoría para el acuerdo con los fondos buitres, en consonancia con la política de desendeudamiento que llevaron adelante los gobiernos kirchneristas, el diputado santafesino del Frente para la Victoria, Marcos Cleri, sostuvo que “es muy preocupante y doloroso que el primer proyecto de ley que Mauricio Macri envía al Congreso sea para favorecer a los fondos buitre, a los usureros y especuladores, mientras la realidad que estamos viviendo en nuestra provincia y en todo el país es la caída de la actividad económica, la pérdida de fuentes de trabajo, el empobrecimiento, la exclusión”.
El legislador rosarino recordó que mientras la Casa Rosada exhibe un inusual apuro por cerrar el acuerdo con los fondos especuladores condenados por Naciones Unidas y por el Papa, menos prisa demuestra en la concreción de políticas para las mayorías.
“No hay ninguna medida a favor de la industria, de las pymes, de quienes apuestan al crecimiento y el desarrollo productivo con generación de empleo, con inclusión”, afirmó Cleri.
En esa línea, el diputado recordó: “Nosotros nos comprometimos a ser una oposición responsable, con propuestas, pero con las decisiones que está tomando el gobierno nacional se cierra toda posibilidad de diálogo, de trabajo conjunto”.
Para Cleri, “estamos asistiendo a una descarada transferencia de recursos de los que menos tienen a los poderosos, a los grupos económicos monopólicos, a los que especulan y se enriquecen a costa del esfuerzo del pueblo argentino”.
El diputado de La Cámpora también hizo referencia a los viejos métodos de persuasión de voluntades legislativas revestido, ahora, con los disfraces del consenso y el diálogo. El ex kirchnerista Diego Bossio sería, por caso, su más brutal exponente. Los gobernadores hambrientos de recursos ocupan un escalón menos espurio en ese ranking, aunque ahora ya no se hable de “la chequera disciplinadora” que tanto blandió Carlos Reutemann, de regreso a su silencio autoimpuesto.
“Vemos que Mauricio Macri quiere garantizar apoyo a sus medidas que perjudican al pueblo comprando voluntades, con dádivas, con presiones, reiterando una práctica que nos hace retroceder a tiempos oscuros de nuestra historia como el de la década del 90, cuando había legisladores que negociaban sus votos, que recibían favores a cambio de su respaldo a iniciativas oficiales”, disparó Cleri.
Desde el Movimiento Evita, la diputada nacional santafesina Lucila Deponti, consideró también que “este acuerdo no es conveniente a los intereses de nuestro país”.
La joven legisladora justicialista puntualizó que “se le va a pagar a los buitres una ganancia superior al 1.500 por ciento, emitiendo nueva deuda para afrontar ese gasto y sin resolver de manera definitiva el problema de la deuda”.
Para Deponti, “lo más preocupante es que con este acuerdo se habilita a los tenedores de deuda que ingresaron al canje de 2005 y 2010 a iniciar procesos judiciales contra el Estado argentino, que podrían tener como resultado el aumento exorbitante del total de nuestra deuda externa”.
Por eso, agregó, “consideramos que el acuerdo tal cual está presentado no garantiza ni deja ninguna constancia que nos proteja o le haga más complicado al 93 por ciento hacernos juicio utilizando los mismos argumentos que Griesa usó”.
Indecisos con pasado
La diputada nacional santafesina del Partido Socialista, Alicia Ciciliani, dijo esta semana que la posición de su bloque se definiría el viernes, cuando esta nota estaba siendo escrita.
Los legisladores de esa fuerza no firmaron el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuestos de la Cámara baja –lo cual les valió el apriete de Núñez narrado más arriba- pero aún no se conoce cuál será su posición en la sesión del martes en el recinto.
Ciciliani adelantó, de todos modos, que su partido cree que hay que pagar –objetivo compartido por las demás fuerzas– pero que la cuestión es de qué modo. “No podemos decidir si pagamos o no pagamos, lo que se está discutiendo en el Congreso es ver de qué forma se paga. Hay que hacerle frente a esta situación”, dijo a radio El Mundo.
El jefe partido, Hermes Binner, también se pronunció por resolver el frente externo mediante la cancelación de la deuda en default con el fin de “integrarnos al mundo”.
Ambos planteos van en coincidencia con lo que el ex ministro de Economía socialista, Ángel Sciara, expuso esta semana en Diputados. “El acuerdo con los holdouts será bueno o será malo según lo que se haga con el endeudamiento futuro que se posibilite”, dijo.
En la misma línea, Ciciliani señaló que “lo preocupante ahora no tiene que ver con los fondos buitres, lo preocupante es que se inicia un nuevo proceso de desarrollo basado en el endeudamiento, y ese camino Argentina lo transitó y no nos fue bien, entonces lo que hay que hacer ahora es no volver a caer en los errores del pasado”.
Así, dijo que el gobierno de Cristina mediante la emisión de pesos y el de Macri en procura de endeudamiento externo pueden llevar a un mismo e indeseado puerto. “El gobierno de Cristina sabemos cómo terminó, con tantos problemas de pobreza y problemas estructurales que no resolvió; y el gobierno de Macri que inicia este proceso, en el que nos miramos en el espejo de los 90”, dijo Cicilicani.
—Hay un poquito de responsabilidad de todos–, le recordó el periodista.
—Sí, por eso, hagámonos cargo–, repuso la legisladora.
—Alfonsín, Menem, La Alianza, el socialismo estaba allí, y en el 2005, el socialismo votó a favor de la ley cerrojo–, historizó el periodista de radio El Mundo.
“No, nosotros votamos en contra de La Ley Cerrojo y El Pago Soberano, descreíamos y se los dijimos: vayamos a negociar a Nueva York, no minimicemos a la justicia de Nueva York”, fue la evasiva respuesta de Ciciliani, quien evitó así recordar el cuantioso aporte de la Alianza, que su partido integró, al enorme embudo de la deuda externa argentina.
“Pura transa”
“Lo que están haciendo para tratar de aprobar la entrega a los buitres es cada vez más vergonzoso. Hace 15 años transformaron el Congreso en un cajero automático con la Banelco; ahora parece que lo quieren transformar en una sandwichería”, dijo el viernes el Marcos Cleri, consultado respecto de la conversación por chat entre los diputados nacionales Diego Bossio y Nicolás Massot, jefe del bloque del PRO.
“Lo más grave y lamentable es que el jamón de los sándwiches de Bossio y Cambiemos somos todos los argentinos y argentinas; y por varias generaciones, porque esto que pretenden hacer empeoraría este presente ya muy difícil y significaría confiscar el futuro”, sostuvo Cleri.
El diputado nacional del bloque del Frente para la Victoria llamó a “entender que lo que está en juego es la vida de nuestro pueblo; y esto es algo que no se puede resolver con un toma y daca. Esto de Bossio es claramente pura transa en pos de sus intereses personales y nos remite a aquel oscuro episodio de la Ley Banelco”, indicó el dirigente del peronismo santafesino.
Fuente: El Eslabón
