Las crecientes manifestaciones populares y las medidas de fuerza tienen como fin la defensa del bolsillo y el rechazo a los despidos.
La economía va en tobogán. Mucha clase media cayó al umbral de la pobreza. Las protestas populares se propagan contra las políticas de ajuste de la alianza gobernante liderada por el PRO. El clima social es cada vez más denso aunque para el oficialismo, “en la Argentina del cambio”, está todo cada vez mejor. La defensa del salario y el empleo moviliza a diferentes sectores de la sociedad. La CTA marchará el 30 de marzo y la CGT, apurada por sus representados, puso fecha al paro general –el 6 de abril– al admitir que “hay un malestar generalizado”. El bajo techo a las paritarias que busca imponer la administración Macri más los cierres de fábricas y la consecuente destrucción de puestos laborales, como parte de un programa económico liberal, tienen a mal traer a los trabajadores.
Empleados sindicalizados y movimientos populares mantienen una fuerte puja con el gobierno nacional que está decidido a podar salarios (tope en las paritarias) y apostar a la teoría del derrame, a riesgo de incrementar el malhumor social rumbo a las elecciones legislativas de este año donde plebiscitará su gestión.
Cambiemos ensaya tibios intentos de reactivación económica en la obra pública y en la golpeada industria automotriz con el fin de revertir los malos resultados que cosechó desde que desembarcó en la Casa Rosada.
La política anti-inflacionaria del gobierno pasa por contener aumentos salariales, abrir importaciones a troche y moche y recortar el gasto público. Hasta el momento, la estrategia oficial no cumplió el objetivo: hay aceleración inflacionaria y estancamiento de la economía. Ese estancamiento contrae el consumo y golpea al mercado interno. Esto paraliza la industria local y aumenta la capacidad ociosa de las empresas, que despiden y suspenden trabajadores. Este panorama negativo, a su vez, despeja cualquier pronóstico de “lluvia de inversiones”.
En Santa Fe, en los últimos días hubo paro de docentes del ámbito público y privado, de Amsafé y Sadop (y las medidas de fuerza continuarán la semana que viene con una gran marcha federal educativa). También pararon los municipales, estatales y médicos. Las medidas de fuerza fueron convocadas bajo el mismo reclamo: un aumento en paritarias que les permita, al menos, recuperar parte del poder adquisitivo perdido el año pasado, un recorte que como mínimo fue de ocho puntos en comparación al 40 por ciento promedio de inflación de 2016.
El gobierno provincial ofertó un 21 por ciento de suba salarial, mientras los números del Indec alejan la meta inflacionaria del Banco Central del 17 por ciento, ya que con el 2,5 por ciento que arrojó febrero se proyecta para este año una inflación anual del 25 por ciento promedio. El dato coincide, incluso, con el de consultoras privadas. Es decir que de aceptar la propuesta provincial, docentes y empleados públicos perderían en 2017 otros cuatro puntos en el poder de compra de sus haberes en la carrera con los incrementos de precios al consumidor.
Conflictos en la bota
Desde la asunción de Mauricio Macri como CEO de la Nación, en la provincia de Santa Fe se produjeron 1.724 despidos y 1.200 suspensiones, según datos revelados por el Observatorio Social del Frente Social y Popular (FSP).
El informe elaborado por los diputados provinciales Carlos del Frade y Mercedes Meier hizo foco en los conflictos laborales que se suscitaron en la región desde el 10 de diciembre de 2015.
El reporte de los legisladores opositores señaló que hubo 350 trabajadores despedidos por parte de los hipermercados Coto, Jumbo, Carrefour y Libertad, con la excusa empresaria de la sanción de la ley de Descanso Dominical.
La mayor causal de despidos en el último año y medio, según el informe, fue el cierre de empresas. El relevamiento indicó especialmente los casos de los 420 trabajadores que quedaron en la calle tras el cierre de la empresa química AR-Zinc, en Fray Luis Beltrán, y el reciente episodio en la fábrica de llantas Mefro Wheels, en Rosario, con 170 empleados cesanteados.
Las empresas Pirri, Jandy, Primeros Pasos y La Huella, dedicadas a la producción de calzado, también se vieron en la “obligación de despedir trabajadores” por estar imposibilitadas de competir con productos extranjeros.
Wyler´s, histórica fábrica de calzado de Alcorta, que llegó el año pasado a los medios de Buenos Aires después de que sus trabajadores enviaran una carta al presidente Macri por la caída en las ventas y la avalancha de importaciones. Pasaron los meses y el panorama empeoró, según el dueño de la fábrica Gerardo Cucco. “La situación es más angustiante que en 2002, no se ve ninguna luz”, admitió Cucco con el ánimo por el piso.
El relevamiento del FSP recordó “tres casos puntuales que dejaron como saldo el despido o la no renovación de contratos, becas o subsidios a trabajadores del Estado. El Sedronar se desprendió de 50 personas, mientras que el Inadi de Santa Fe y El Centro de Asistencia Judicial de Villa Moreno, en Rosario, sufrieron el despido de tres trabajadores, cada uno, durante 2016”.
El mismo informe indicó que “los medios de comunicación no estuvieron al margen de la situación. En diciembre de 2016 Radio Nacional Santa Fe denunció 12 despidos que se sumaron a la conocida situación de 82 trabajadores del diario El Ciudadano de Rosario”.
A ellos se sumaron ocho trabajadores de la histórica librería rosarina Casa Bleger, y 30 de la casa de fotografía Triángulo Color.
La lista se completa con 32 puestos de empleo menos en el frigorífico Swift, de Villa Gobernador Gálvez, y 110 en el frigorífico Frideco, de Totoras.
Otros casos relevantes que dañaron el mercado de trabajo en la provincia, no mencionados en el informe, fueron el cierre de la empresa de placas para baterías Nesaglo en Ceres, una quesería en Carmen, las suspensiones en General Motors y el conflicto en Sancor que pone en riesgo más de 500 empleos.
Sindicatos que representan a trabajadores del cordón industrial se movilizaron en la ciudad de San Lorenzo en defensa del empleo, acompañados por la CGT local. La crisis también mete la cola en empresas asentadas en el polo productivo del Gran Rosario, salvo las grandes cerealeras que conforman el complejo agroexportador, uno de los sectores, junto al financiero, beneficiados por las políticas del gobierno nacional.
De todos modos, en el acto y movilización realizada en la vecina ciudad se denunció que “en el sector de puertos se pretende aplicar la flexibilización laboral; las políticas del gobierno nacional pretenden asfixiar industrias y la actividad portuaria”. El cordón industrial fue devastado durante los años 90 y durante la década kirchnerista la región volvió a mostrar su esplendor.
Diferentes sectores gremiales señalaron que “las políticas que viene implementando Macri desataron nuevamente gran preocupación en la zona donde asoma una masiva escalada de despidos y cierres de fábricas”.
Gremios que integran el Movimiento Sindical Rosarino (MSR) convocaron a formar un frente antimodelo, un espacio de articulación con otros sectores de la sociedad dispuestos a confrontar con un proyecto político de “ajuste, desocupación y pobreza”. Según se señaló en un comunicado de prensa, “este modelo ha producido el empobrecimiento de millones de argentinos y la pérdida del empleo para más de 240 mil trabajadores” en todo el país.
También resaltaron que la provincia de Santa Fe “se vio duramente afectada por las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional, que alientan la importación en detrimento de la producción nacional y la consiguiente pérdida del empleo que esto ocasiona, junto el debilitamiento del mercado interno”.
Según destacaron desde el MSR, el resultado del modelo macrista es el “deterioro del mercado interno a partir de la pérdida de poder adquisitivo y aumentos de tarifas que, en muchos casos resultan imposibles de afrontar para las pymes, y el intento de poner un techo a las negociaciones salariales a partir de una inflación que no resiste análisis”.
Ante este escenario adverso, los trabajadores tienen los ojos bien abiertos para defenderse de un gobierno que los pone en el lugar de enemigos.
Fuente: El Eslabón.
