Los paliativos anunciados por Massa, como el refuerzo para trabajadores informales, se dan en un contexto de emergencia socioeconómica. Las medidas buscan contrarrestar el shock inflacionario sobre los ingresos populares y atenuar un nuevo salto en el nivel de pobreza.
Con la economía ocupando un lugar importante en la campaña rumbo a las elecciones presidenciales del 22 de octubre, hubo +anuncios oficiales en dirección a suavizar, aunque sea en parte, el zarpazo inflacionario que desgarra bolsillos de sectores populares. Además, se difundieron datos duros de una realidad difícil, en medio de una larga crisis de ingresos, anabólico para el desencanto, la desconexión y cierto rechazo social hacia el sistema político, donde se sustenta un discurso de extrema derecha que mezcla lo nuevo y lo viejo, con promesas salvajes de planes de ajuste bien punzantes y renunciamiento total a la defensa de la soberanía.
La pobreza medida por ingresos castiga a 18,4 millones de argentinos, según informó el Indec en referencia al primer semestre de 2023, sin considerar todavía la devaluación pos Paso y el derivado índice de precios mensual de dos dígitos que empeoró la situación actual. El número de pobreza refleja el deterioro en el poder adquisitivo que ya lleva ocho años, durante los últimos dos gobiernos (con sus diferencias y contextos), un cuadro de precarización y desigualdad que cristalizó las recetas de ajuste del Fondo Monetario Internacional que se padecen desde 2018 y más tarde puso de manifiesto de manera descarnada la crisis pandémica, cuando el Estado vacunó y asistió a empresas y trabajadores, mientras macristas y los autopercibidos libertarios hablaban de infectadura.
La mano visible del Estado
En una trama de fragilidad socioeconómica, el ministro-candidato Sergio Massa presentó un bono para desocupados de 20 mil pesos pagadero en dos veces (corresponde a asalariados registrados despedidos sin justa causa o por quiebre de empresa que cobran un seguro de desempleo). Y, por otro lado, Massa, junto a la titular de Ansés Fernanda Raverta, anunció un refuerzo de ingresos para trabajadores informales, los más perjudicados, los que no tienen posibilidad de negociar salarios en paritarias. Es similar a un IFE (ingreso familiar de emergencia) pero más acotado en alcance si se lo compara con los IFEs otorgados durante la pandemia del covid, de la que claramente no se salió mejor.
El refuerzo será de 94 mil pesos en dos cuotas y se financiará con un adelanto extraordinario del impuesto a las Ganancias “de aquellos sectores que fueron los grandes ganadores de la devaluación impuesta por el FMI, como bancos, compañías financieras y de seguro”, explicó Massa. Entre los ganadores de la devaluación también se encuentran los (de)formadores de precios, que remarcan sin parar, como productores de la industria alimenticia y cadenas de supermercados.
El ministro-candidato dijo que, como pide el FMI, mantendrá el equilibrio en las cuentas públicas y el orden fiscal, “sin que eso nos imposibilite llegar a los sectores más vulnerables para tratar de mejorarles la calidad de vida”, aseguró. Difícil conjugar ambas cosas. En su última clase magistral en la Umet, la vicepresidenta CFK sostuvo que el déficit fiscal no es el problema ni causa inflación, a la par que criticó el endeudamiento macrista, el manejo del acuerdo con el Fondo que firmó el gobierno que ella integra y el plan motosierra de Javier Milei, que alude a la poda del gasto público.
La ayuda compensatoria equivalente a la canasta básica alimentaria para “no registrados” tiene un costo fiscal de 237.500 millones de pesos, el 1,3 por ciento del producto bruto interno. Este y los anteriores paliativos representan un esfuerzo para un gobierno con pocas reservas en el Banco Central, con el Fondo digitando la economía doméstica y con una inflación del 125 por ciento anual, que golpea más fuerte a su propia base social-electoral. Todos comentan que todo está caro, y muy caro para comer. De una encuesta del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) sobre el panorama político-electoral de Argentina, se desprende que casi el 60 por ciento de las y los consultados cree que las últimas medidas para recomponer ingresos son insuficientes porque la inflación las evapora.
Si bien la devaluación habilitó el desembolso del FMI por 7.500 millones de dólares, su efecto se trasladó rápidamente a precios, como expuso la inflación de agosto (12,4 por ciento a nivel general y más de 15 puntos porcentuales en alimentos). Los nuevos anuncios oficiales se enmarcan en una estrategia que viene desplegando el gobierno del ex Frente de Todos (hoy Unión por la Patria), después de las primarias y el “efecto Milei”, del que tanto se habla y escribe. Con el superministro Massa entre la economía y la campaña, en un escenario complicado y un mapa político, en espejo de las urnas provinciales, cada vez más fragmentado. Hay una palabra repetida en estos tiempos: incertidumbre.
Se estima que las y los beneficiarios del nuevo IFE (el gobierno prefiere llamarlo refuerzo para informales), que deben inscribirse desde la aplicación o página web de Ansés, serían unas tres millones de personas, que no habían sido alcanzadas por las anteriores medidas económicas. Quienes califiquen para cobrar el refuerzo no tienen que tener ingresos registrados ni recibir ninguna asistencia económica del Estado, como la asignación por embarazo, AUH, Progresar, Potenciar Trabajo, entre otros. También tienen que tener una cuenta bancaria. Son dos pagos de 47 mil pesos, en octubre y noviembre.
Esta como las anteriores medidas de asistencia a diferentes grupos sociales (bonos a jubilados y asalariados con ingresos bajos y medios de los sectores público y privado, aumento para la tarjeta Alimentar, eliminación de Ganancias, alivio fiscal para pymes, monotributistas y autónomos, devolución del IVA en productos de la canasta básica en las compras con tarjeta de débito), que en medio del proceso electoral desafían las metas del acuerdo con el FMI, buscan atenuar el impacto de la devaluación e incentivar el consumo en el mercado interno en un contexto de desaceleración de la actividad económica afectada por la sequía, que se mezcla con un bajo nivel de desempleo: hay más trabajo, aunque de menor calidad y mal remunerado.
La pobreza avanza
El dato estadístico del aumento de la pobreza y de la indigencia, que alcanzó al 40,1 por ciento y al 9,3 por ciento de la población, respectivamente, metió ruido en la campaña. Incluso, antes de la primera vuelta del 22-O se conocerá el índice de inflación de septiembre, que se proyecta otra vez de dos dígitos. “Generamos empleo, pero también es cierto que el salario no alcanza. Construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar a la pobreza”, dijo Massa.
La pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica total y a la canasta básica alimentaria mediante sus ingresos monetarios. En el informe del Indec se destacó que más de la mitad (56,2 por ciento) de los menores de 15 años son pobres. La pobreza había sido del 36,5 por ciento en el primer semestre de 2022, es decir que en el último año trepó más de cuatro puntos porcentuales. En el segundo semestre del año pasado estaba en 39,2 por ciento.
En el detalle por aglomerados, en el Gran Rosario, polo portuario agroexportador, la pobreza subió más de dos puntos, pasó de 31,2 a 33,5 por ciento en un año (primer semestre de 2022 contra igual período de este año). En la segunda mitad de 2022, el dato de pobreza en la ciudad y la región había sido de 33,2.
El Indec informó días atrás datos sobre distribución del ingreso y anotó un leve aumento de la desigualdad en la comparación interanual. El 40,1 por ciento de pobreza es el dato más alto desde el pico del 42 por ciento alcanzado durante la crisis por el estallido de la pandemia en el año 2020. La indigencia aumentó en todas las regiones relevadas por el Indec, mientras que el ingreso promedio de los hogares pobres es de 124 mil pesos.
El Centro de Economía Política de la Argentina (Cepa) detectó entre las razones de la evolución de la pobreza y la indigencia a la alta inflación en alimentos, el fenómeno de trabajadores formales pobres (ni hablar los informales), la disparidad de la actividad económica, la desocupación y la pérdida en el poder de compra de planes de ayuda social, como la AUH o la tarjeta Alimentar.
La pobreza estadística tuvo un salto importante durante la última dictadura y su plan económico neoliberal, se consolidó durante el menemismo y luego la Alianza, descendió durante los gobiernos kirchneristas, cuando se redujo fuerte la indigencia, y volvió a aumentar durante la gestión Macri y su “revolución de la alegría”. Y siguió en curva ascendente con la actual gestión, que supuestamente “volvía mejor”. En todos los casos se trasluce una aligerada transferencia de ingresos del trabajo al capital, a favor del índice de riqueza y la concentración económica, marcando una persistente desigualdad social.
Democracia o mercado
El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (Ocepp), de la Fundación Igualdad, dio un pantallazo conciso de los planes económicos de Carlos Melconian (hipotético ministro de Economía de Patricia Bullrich) y Javier Milei, donde ambos se centran en medidas fiscales ortodoxas para abordar el problema de la inflación y el sector externo.
Con respecto a los planes de Melconian, se indicó que apunta a medidas fiscales para combatir la inflación, a un superávit financiero en 2024 mediante recortes en subsidios, gastos ministeriales y programas sociales. Considera mantener las retenciones a las exportaciones y legalizar el bimonetarismo. En tanto, en el plan de Milei, una figura controvertida que se vende como ajeno al sistema político, “se identifican tres alternativas para llevar a cabo la dolarización, aunque todas dependen de un financiamiento externo significativo. Si se implementa, la economía enfrentará importantes riesgos de crisis bancarias y una pérdida de flexibilidad económica”.
Se puede sumar el riesgo de una hiperinflación vía una megadevaluación, al revés de lo que promete Milei con su proyecto medio humeante para dolarizar la economía nacional y así “solucionar” el problema de la inflación. Los ciclos económicos a favor de las clases dominantes y el poder económico real que defiende Milei, como los implementados en la primera mitad del siglo XX durante el pre yrigoyenismo y el pre peronismo, luego la dictadura de 1976, el menemismo y la continuidad en la Alianza (1990-2001) y el macrismo en este siglo (2015-2019), trajeron mayor desigualdad, aumento de la desocupación, de la pobreza y deuda externa.
Es decir, las políticas en las que se inspira el programa de un posible gobierno de La Libertad Avanza agravaría el cuadro de situación, aunque el voto al economista ultraliberal y lo que él representa arrastra otras cuestiones dignas de análisis sociológico y antropológico. Es evidente que se necesita un plan o un programa de gobierno de estabilización progresista, de transformación, más que un plan de liberalización económica y financiera y de políticas pro mercado, como las ideas de privatizar empresas públicas.
A modo de síntesis, desde el Ocepp señalaron que “prestaciones sociales, subsidios de tarifas y salarios públicos representan el 80 por ciento del gasto total del gobierno nacional: lograr el equilibrio fiscal mediante una reducción brusca del gasto implica un fuerte impacto negativo y directo sobre el ingreso disponible de la población. La elevada inercia inflacionaria implica que ningún recorte del gasto público o control cambiario pueden frenar la escalada de precios por sí solos. El desafío consiste en formular un plan de estabilización que contemple la recomposición de los ingresos más deteriorados”.
Sindicalistas de la CGT y de la CTA de los Trabajadores y cámaras empresarias acordaron una suba del salario mínimo vital y móvil del 32 por ciento entre octubre y diciembre. La CTA Autónoma votó en contra y ratificó el reclamo de incremento del 44 por ciento. El piso actual de 118 mil pesos llegará a 132 mil en octubre, 146 mil en noviembre y 156 mil pesos en diciembre. Entre los programas sociales que se actualizan con la movilidad del salario mínimo están las becas Progresar, el Potenciar Trabajo y los seguros de desempleo.
Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, observó que con la nueva actualización, el salario mínimo vital y móvil, un haber de referencia, va a terminar este año con una caída del 8 por ciento. “En comparación con diciembre de 2019 el retroceso será del 15,6 por ciento. Y contra diciembre de 2011 ya perdió un 44,3 por ciento. El mismo día que el Indec informó que la pobreza supera el 40 por ciento. No hay remate”, tuiteó Campos.
El declive socioeconómico y una democracia renga que no garantiza bienestar social para las grandes mayorías parecen dar pie a una nueva ofensiva neoliberal ultraderechizada, que amenazante sobrevuela la campaña y el debate político-económico.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 30/09/23
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