Para morigerar el golpe de la inflación en ingresos populares, que tras la devaluación en agosto llegó a dos dígitos y batió récord, el ministro-candidato Massa redujo el impuesto a las Ganancias y anunció la devolución del IVA en compra de productos de consumo masivo.
El Señor de los Alivios anda recargado. En contraste con el mensaje opositor de derecha de que el libre mercado todo lo puede, el candidato presidencial de Unión por la Patria viene implementando un conjunto de medidas como señales que proyectan el rol del Estado en la postergada y necesaria recomposición del poder de compra de trabajadores y jubilados en un contexto de alta inflación. El índice de agosto llegó a dos dígitos y marcó un récord en las últimas tres décadas después de furiosas remarcaciones por el impacto de la devaluación del 22 por ciento exigida por el Fondo Monetario Internacional y aplicada por el gobierno el día después de las Paso.
Con iniciativa política y con la intención de marcar agenda en la campaña rumbo a las elecciones del 22-O, Sergio Massa primero anunció el aumento del mínimo no imponible en el impuesto a las Ganancias y lo llevó, por decreto, de 700 mil a un 1.770.000 pesos mensuales, el equivalente a quince salarios mínimos, la nueva base de ingresos formales a partir del cual se pagará dicho tributo. Se trata de un largo reclamo de las centrales gremiales y una bandera histórica del líder del Frente Renovador y actual ministro de Economía en el virtual ejercicio de la Presidencia.
El mismo día que se conoció la inflación de agosto, 12,4 por ciento, el índice mensual más alto en los últimos 32 años, número que reflejó el salto devaluatorio, el ministro-candidato trató de dosificar el mal trago y anunció la quita del 21 por ciento de IVA en productos de consumo masivo para unos nueve millones de trabajadores registrados que cobran hasta 700 mil pesos, jubilados, monotributistas, autónomos, beneficiarias de la asignación universal por hijo y trabajadoras de casas particulares en compras con cualquier tarjeta de débito, con un tope de devolución mensual para el cliente de 18.800 pesos. Si se abona con billetera digital no habrá reintegro del IVA, sólo el descuento que ofrece ese medio de pago.
Massa señaló que “el mes de agosto es el que más golpeó con la inflación el bolsillo de los argentinos” y volvió a criticar al Fondo Monetario Internacional por “imponer a la Argentina una devaluación, producto de aquel acuerdo firmado en el 2018 (Macri) para financiar la fuga de capitales, provocando un endeudamiento terrible y estableciendo un programa que nos obliga a convivir con el Fondo”.
El reintegro del IVA rige de manera automática en todos los comercios que dispongan de un dispositivo pasatarjetas (posnet), abarcando alimentos, bebidas, frutas, verduras, carnes y productos de higiene. Apunta a mejorar los salarios de quienes no están alcanzados por Ganancias. “Es la medida más progresiva que se puede tomar tras el impacto de la devaluación. El Estado tomó la iniciativa de reconocer el esfuerzo que deben hacer todos para llegar a fin de mes”, sostuvo el superministro en campaña.
Con la intención de que el Compre sin IVA sobre productos de la canasta básica sea permanente, ya que en principio rige hasta fin de año, el gobierno envió una ley al Congreso. El reintegro del impuesto al valor agregado se acreditará a las 48 horas en la cuenta del beneficiario. Massa anunció, además, la ampliación de créditos para trabajadores (de hasta 400 mil pesos a devolver en 12, 24 o 36 cuotas fijas, con una tasa del 50 por ciento) y un aumento de 15 mil pesos en el refuerzo alimentario para jubilados que brinda Pami.
Estas medidas se suman a un conjunto de iniciativas que viene aplicando el ministro-candidato direccionadas a fortalecer los pulverizados ingresos populares y a reanimar el mercado interno, como refuerzos y bonos para trabajadores y jubilados, más la eliminación del impuesto a las Ganancias para asalariados bien remunerados, todas propuestas que van a contramano de lo que recomienda el FMI en sus recetas de “orden fiscal”. Entre los anuncios oficiales, desde el gobierno también aseguraron que tienen en estudio la reducción de la jornada laboral de 48 horas semanales, con la idea de llevarla a cuarenta horas.
Duro de tragar
Los traspasos a precios de la devaluación fueron rapidísimos. La inflación estrangula los bolsillos, sobre todo en los sectores de bajos recursos. El Indec informó que el nivel general del índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 12,4 por ciento en agosto, el doble que en el mes de julio, y acumuló en lo que va de 2023 una variación de 80,2 por ciento. En la comparación interanual, el incremento alcanzó casi el 125 por ciento. La división de mayor aumento fue alimentos y bebidas (15,6 por ciento), como resultado de la fuerte suba en carnes y verduras. El asado, casi un bien de lujo. Le siguieron salud (15,3) –principalmente por los aumentos en medicamentos– y el rubro equipamiento y mantenimiento del hogar (14,1).
El índice de precios de supermercados de Santa Fe que elabora el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) aumentó más del 17 por ciento en agosto. El dato de inflación general del mes pasado coincidió con lo que venían adelantando las consultoras. Las ventas minoristas volvieron a caer en agosto y suman ocho meses consecutivos a la baja, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). La Asociación Empresaria Argentina, la poderosa AEA que reúne a los popes del empresariado argentino, sacó un comunicado en el que cuestionaron la injerencia del Estado y pidieron reducir la presión tributaria y preservar el sistema de libertad de precios.
El de agosto fue el primer dato inflacionario luego del impacto de la devaluación del tipo de cambio oficial, que aceleró el ritmo de inercia con el que se mueven los precios de la economía, incrementos que encarecen la canasta básica y el gobierno no consigue estabilizar. Según estimaciones privadas, la inflación de septiembre, previa a las elecciones de octubre, también estaría en los dos dígitos, aunque el Ejecutivo resolvió frenar aumentos en precios regulados, como tarifas de servicios públicos, para quitarle presión al mes en curso.
Los sectores más postergados, los que tienen problemas para acceder a productos de primera necesidad, demandan ayuda. El gobierno aplicó algunas medidas compensatorias, sin que estos paliativos se conviertan en un shock distributivo. “Urge convocar al Consejo del Salario para aumentar el salario mínimo. Los trabajadores de la economía popular no paramos de perder en estos años. Urge una medida para los más humildes. Salario Básico Universal ¡ya!”, se posicionó Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán e integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep). Desde las centrales sindicales, en tanto, saludaron las últimas medidas anunciadas por Massa y reconocieron el esfuerzo del gobierno, pidieron profundizar políticas distributivas y advirtieron que una salida electoral por derecha, que promete quitar derechos y privatizaciones, no haría más que agravar el deterioro social que viven miles y miles de familias argentinas.
Pérdidas y Ganancias
La cantidad de empleados registrados que seguirán pagando Ganancias pasará de 9,5 a sólo el 1 por ciento, unos noventa mil contribuyentes a los que se les seguirá descontando el tributo, entre ellos gerentes y directivos de empresas, puestos calificados, jubilaciones de privilegio y cargos políticos. De la esfera estatal quedan excluidos médicos, policías y maestros. La medida, que regirá desde octubre y también se debatirá en el Congreso, beneficia, sobre un universo de alrededor de 10 millones de empleados que están en blanco, a unos 800 mil trabajadores y trabajadoras, los mejores pagos, los que están en la parte más alta de la pirámide salarial (lo que no quiere decir que tiren manteca al techo), quienes dejarán de estar tocados por el impuesto.
Massa anunció la modificación en Ganancias desde un improvisado escenario en Plaza de Mayo rodeado de sindicalistas, que estallaron en aplausos. Algunos dirigentes parecían estar en un cumple, como desentendidos del complejo contexto socioeconómico que atraviesa la mayoría. El ministro-candidato venía de presentar un paquete de medidas (bienvenido pero insuficiente, según se escuchó entre los receptores) con el objetivo de reforzar ingresos para trabajadores y jubilados, como el bono de 60 mil pesos en dos cuotas para asalariados del ámbito público y privado, resistido por empresarios y varias gobernaciones e intendencias.
“El salario no es ganancia”, machacó Massa al reflotar la consigna que empezó a sonar en 2013, cuando él era opositor en la interna peronista y Hugo Moyano le clavaba los primeros paros al gobierno de CFK, en un contexto laboral bien diferente al actual. Aquel año, con el poder adquisitivo en ascenso, casi el 30 por ciento de los trabajadores formales estaba alcanzado por Ganancias, que se había transformado en el principal reclamo gremial. El gobierno kirchnerista atendió la protesta en 2014 y el guarismo de pagadores bajó al 10 por ciento. La cantidad de trabajadores que tributan Ganancias volvió a subir al 30 por ciento al final del gobierno de Mauricio Macri, que en campaña había prometido eliminarlo y lo terminó casi triplicando.
“Mamarracho electoral”, opinó Macri sobre el anuncio de Massa que prácticamente eliminó el impacto del impuesto a las Ganancias en buena parte de los trabajadores, como otra medida destinada a amortiguar la escalada inflacionaria y a la recuperación del salario que corre detrás del aumento desbocado de los precios. La suba del piso de Ganancias para la cuarta categoría complicó y enredó el discurso opositor, que hasta ayer reclamaba la medida y hoy la rechaza balbuceando y volviendo sobre sus pasos. Si bien pedían una modificación en el tributo y hacían campaña con la baja o la eliminación de impuestos, dirigentes del arco opositor se pronunciaron en contra del anuncio oficial. Hablaron de “maniobra desesperada”, “manotazo de ahogado”, “humo y parches”, “propaganda política de campaña”, “una medida Hood Robin”. Los opositores de Juntos y La Libertad Avanza quedaron envueltos en contradicciones discursivas y electorales, y se vieron obligados a anticipar su voto negativo en el Congreso para cuando se discuta la rebaja en Ganancias.
De acuerdo al mapeo sociológico-antropológico y al análisis electoral, entre los votantes del candidato de ultraderecha Javier Milei, que cosechó respaldo transversal en las urnas de las Paso, hay trabajadores jóvenes bien remunerados que se ven seducidos por las promesas del liberfacho de suprimir impuestos, aunque su hipotética ofrenda impositiva se dirija al poder económico y financiero concentrado. En el anuncio sobre Ganancias hay además una disputa del voto con Milei, que también arrastra apoyo entre trabajadores precarizados, que están lejísimos de tributar Ganancias.
Lo que contornea este debate es la necesidad de reconfigurar el actual sistema impositivo, hacerlo más equitativo y menos regresivo. “Ganancias es el impuesto más progresivo del sistema argentino”, opinó el economista Juan Valerdi, especialista en materia tributaria, al tiempo que señaló que su supresión “desfinancia al Estado”, a lo que agregó: “Una buena noticia para la clase media-alta pero no tanto para las mayorías que reciben beneficios del Estado y paga servicios y productos de empresas donde trabaja la mayoría de los que estaban alcanzados por Ganancias (bancarios, petroleros, aceiteros, camioneros, mecánicos, etcétera). Ante los privilegios impositivos de grandes empresas la solución no es que nadie pague”.
Al presentar la iniciativa y tratando de evitar que se le vuelva en contra, Massa les pidió a los beneficiarios de la eliminación de Ganancias que no vayan al dólar como opción de ahorro y les sugirió que mejor “compren un autito”. En un mundo laboral fragmentado y cada vez más desigual, muy afectado desde la doble pandemia (Macri + covid), hay otro sector importante de trabajadores que queda afuera de todo. Con ingresos por debajo de la línea de pobreza, perjudicados por la inflación que licúa bolsillos y empeora la calidad de vida, en una Argentina con 18 millones de pobres, con casi la mitad de los trabajadores en la informalidad, con altos niveles de precarización, y con políticas de ajuste que impone el Fondo como única salida a la crisis.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 16/09/23
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