“No fue fácil confrontar esa negación de la violencia institucional. Nuestra lucha fue esa: confrontar a toda la ciudad”. Julieta Herrera es flaca, tan menuda que parece que puede perderse en una silla. La joven, sin embargo, se achica poco con el micrófono en mano, hablando desde el dolor. Julieta es la hermana de Jonathan Herrera, asesinado en enero de 2015 por la Policía de Acción Táctica y sus palabras tienen tanta fuerza y tanto camino andado en busca de Justicia que se llevan todos los gestos de acompañamiento, respeto y solidaridad de Norma Vermeulen, Madre de Plaza 25 de Mayo. También se los lleva de un público que ya lleva casi cinco horas de una jornada larga y académica, pero que se relaja cuando todos los conceptos que acaba de digerir se transforman en historias de vida. La actividad “Confrontando la negación de la violencia institucional en Santa Fe”, que se realizó el martes pasado en el Concejo Municipal, cerró con una delantera femenina poderosa: Luciana Escobar – hermana de Pichón Escobar, también asesinado por la policía -, Norma Vermeulen, Julieta Herrera; las tres acompañadas por el diputado nacional Leo Grosso, cual indispensable volante ofensivo. Los cuatro marcaron la diferencia y llenaron de motivos concretos una investigación que pretende ser una herramienta de denuncia pero también de cambio hacia nuevas políticas de detección, prevención y sanción de la violencia institucional.
Fueron casi seis horas de debate. La primera conclusión es que sólo temáticas tan intensas, actuales y necesarias pueden hacer que pasen todas esas horas y no se sientan tanto. La jornada buscó, en dos paneles, presentar los principales hallazgos sobre el fenómeno de la violencia institucional y los problemas respecto de la detección, prevención y sanción de dicho fenómeno en Rosario. Los resultados surgieron de un trabajo de investigación de dos años realizado en conjunto entre la Fundación Igualar, la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho (UNR) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Esta investigación forma parte de un proyecto más ambicioso, “Proyecto Violencia Institucional: hacia la implementación de políticas de prevención en la Argentina”, que se lleva adelante en distintas ciudades del país.
Los panelistas y un público muy variado –en su mayoría jóvenes– ocuparon el recinto de sesiones del Concejo Municipal en un acto más que simbólico: un espacio de ese Estado al que se está confrontando fue tomado, por horas, por un discurso que lo interpela directamente. Muchos representantes de ese Estado también fueron parte de la jornada: las concejalas Norma López y Celeste Lepratti, los concejales Pedro Salinas y Eduardo Toniolli, la diputada nacional Lucila De Ponti, el diputado nacional Leo Grosso se sentaron a escuchar, compartir experiencias y pensar políticas públicas colectivamente. El ex concejal Fernando Rosúa sintetizó ese rol de oposición en el comienzo de la actividad: “Y si no estamos en el gobierno, ¿qué hacemos? Esto que se presenta hoy es un aporte valiosísimo. Una investigación es fundamental como forma de contrarrestar el relato y nuestros discursos sean escuchados por al menos uno más”.
La apertura y el cierre de la actividad fueron claves para entender la exposición de los paneles (ver aparte). Estas exposiciones dieron un marco social y político fundamental para entender por qué es necesario contar con datos y conceptos concretos y estudiados. La investigación presentada se planteó así como una herramienta más, tanto para pujar desde los discursivo como para plantear nuevas políticas públicas en materia de seguridad y, más concretamente, en relación a los casos de violencia institucional.
El panel de apertura estuvo a cargo de Enrique Font (UNR), Marcela Perelman (CELS) y Fernando Rosúa (Fundación Igualar), quienes además estuvieron acompañados por los concejales Pedro Salinas, Eduardo Toniolli y Norma López. Perelman, la última oradora de la mesa de apertura, realizó una síntesis práctica de los resultados en común que la investigación lleva adelante no sólo en Rosario, sino también en el conurbano bonaerense, La Plata, Mendoza y Resistencia (Chaco). “La práctica de hostigamiento policial a jóvenes y el uso irracional de la fuerza se presentan como problemas principales en todas las jurisdicciones. Eso es evidente en el acercamiento al campo. Y también lo es la ausencia de estos problemas en el diagnóstico oficial. Así de evidente como son los problemas, es evidente que no hay abordaje oficial de estas problemáticas prioritarias en materia de derechos humanos”, resumió la investigadora del Cels.
La charla, sin embargo, arrancó por otro lado. Fernando Rosúa dio el puntapié inicial. “¿Qué nos está pasando que no logramos, en todos estos años de democracia, poder avanzar sostenidamente en la reducción de la violencia institucional?”, lanzó el referente del Movimiento Evita. Rosúa realizó un pequeño recorrido histórico en relación a las políticas de seguridad implementadas de la democracia a la actualidad. El cierre de ese recorrido fue, obviamente, en los años socialistas: “Creo que el socialismo se equivocó mucho. Al principio de su gestión quiso llevar adelante políticas de profundización, pero después entró en una gran confusión. La agenda mediática y las demandas electorales hicieron que caigan en lo que nunca pensamos que la provincia iba a caer, que es buscar cualquier solución que traiga medianamente tranquilidad o una sea rápida para ganar votos y sacar réditos político”. El ex concejal hizo hincapié en una premisa: malas decisiones políticas repercuten en la vida cotidiana de la gente. “Y así vemos cómo se agravó en los últimos años la conflictividad de la violencia institucional. Las fuerzas de seguridad sin estricto control político pueden terminar en cualquier cosa. Eso es lo que está pasando”.
El criminólogo Enrique Font remarcó a continuación la importancia de poder discutir con datos empíricos. “Muchas veces es la forma de darle voz a aquellas y aquellos que no son escuchados”, destacó. Y entre tantos otros conceptos que desanudó, hizo hincapié en la idea de negación. “El fenómeno de la violencia institucional está negado. Se conoce que existe, pero no se lo reconoce. Y reconocer es acumular los pequeños detalles: quién hizo qué, cómo, cuándo, dónde, y además, sancionarlo oficialmente”. Font habló también de todo eso que se sabe: qué le pasa a los pibes que son detenidos, qué pasa en las comisarías, el verdugueo, la amenaza, el abuso permanente de la autoridad. Todo lo que se sabe pero no reconoce. “Eso implica una negación y nos pareció importante marcarlo. Lo que se niega no es objeto de la política pública o lo es por negación. Nos sorprende encontrarnos con que no existe este fenómeno reconocido”.
La buena política
“El rol de las organizaciones populares es fundamental en esto. Sin organización popular no hay confrontación posible, no hay horizonte de cambio, de éxito. Es la única manera de garantizar que esto funcione. Y aunque seamos Estado, no nos va a alcanzar si no tenemos organizaciones populares atentas. La buena política está ahí”. La exposición de Rosúa terminó así, empoderando a la pelea cotidiana de las organizaciones sociales y políticas, de los familiares de víctimas y de también muchas víctimas. Font también hizo lo propio, y luego de reconocer el rol fundamental de los que la pelean todos los días, destacó la última mesa, la del cierre, la que tuvo esa delantera poderosa.
Norma Vermeulen, Luciana Escobar, Julieta Herrera y Leonardo Grosso se llevaron todos los aplausos. Más que eso. Se llevaron también el silencio más intenso y atento de la jornada, el que hizo que todo valga la pena. La combinación fue perfecta. Los discursos de cierre tuvieron un punto de encuentro involuntario pero no casual en una idea: la de los lazos de solidaridad que se generan en este tipo de batallas. Julieta Herrera y Luciana Escobar lo demostraron más de una vez, dándose la mano, intercambiando miradas, hablando de “nuestras víctimas”, no sólo de las suyas, las que la convocaban. Las dos reclamaron que no se archiven las causas de gatillo fácil y saludaron a la familia de Alejandro Ponce, Carlos Godoy y Maximiliano Zamudio. Leo Grosso, por su parte, no sólo habló de sus experiencias como militante en los barrios y por ende, con su cercanía a la violencia de la policía con los pibes. El diputado hizo hincapié ante todo en la estigmatización de los barrios y en la pelea que se tiene que dar para contrarrestar los discursos hegemónicos: no sólo se trata de reclamar Justicia sino de dejar en claro que los pibes no son delincuentes. También celebró el rol de las mujeres y señaló y celebró la lucha de cada una que lo acompañaba en la mesa.
La Madre de Plaza de Mayo fue la panelista que menos habló. Nadie le demandó más que sus justas palabras. Vermeulen aclaró desde un principio que conoce bien las causas de Escobar y Herrera. “Desde lejos sigo lo que les ha pasado. Yo sé bien”, remarcó la mujer. Después, contó su estupor: “Volver a escuchar la palabra tortura, violencia institucional, injusticia. Después de 40 años de lucha y 34 de democracia, que no se haya podido solucionar esto, y que ahora vayamos en camino de empeorar las cosas”. Norma, concisa, cerró pidiendo justicia, como lo hace todos los días de su vida. “Que haya justicia. Eso, sí. Será justicia, como dice en los tribunales”.
Los paneles
Entre las mesas ya mencionadas se expuso la investigación en cuestión. Fueron dos paneles. Uno, sobre los principales hallazgos sobre hostigamiento policial y sobre los mecanismos para su detección, prevención y sanción en la provincia. El segundo, referido al uso de la fuerza letal por parte de la policía provincial y a los mecanismos para su detección, prevención y sanción. Las exposiciones tuvieron varios puntos de coincidencia. Uno de los principales, la denuncia en las dificultades para conseguir información, datos y estadísticas en los distintos organismos del poder ejecutivo, ya sea nacional, provincial o municipal. También se remarcó el lazo entre las dos exposiciones: la fuerza letal es consecuencia directa de un hostigamiento sistemático. Y las víctimas en ambos temas de análisis también se limitaban, en su mayoría, a un grupo social y etario: jóvenes varones de los barrios rosarinos.
Fuente: El Eslabón
