Un Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló la existencia de 855 fosas clandestinas, de donde se exhumaron 1.548 cadáveres. Pero son datos parciales que surgen de cifras oficiales, muy poco confiables. La realidad es todavía peor. La derecha regional y la OEA miran para otro lado.
La derecha regional pone el grito en el cielo “por la situación de los derechos humanos en Venezuela”. Es ya un clásico de los mandatarios neoliberales de la región. Es un sonsonete que sirve como música de fondo a la restauración conservadora que se pretende afianzar en América latina.
El presidente de la Argentina, Mauricio Macri, lo repite cada vez que puede para congraciarse con el Imperio. Sí, el mismo presidente que dijo que la lucha por los derechos humanos era “un curro”, y que reprime a los trabajadores que protestan. Pero atacar a Venezuela es sacar chapa de cipayo del mes.
Lo mismo hace la Organización de Estados Americanos (OEA), que funciona en forma paralela con el Departamento de Estado de EEUU y la oposición golpista venezolana. El secretario general del organismo, Luis Almagro, viene pidiendo la salida anticipada del presidente Nicolás Maduro, a quien calificó de “dictador”.
Para la derecha, “los derechos humanos” son un comodín que utiliza con fines propagandísticos, sin escrúpulos.
Pero nada dice la derecha de la situación de los derechos humanos en México. Y ese silencio cómplice hace caer las máscaras de los hipócritas. Desnuda a los cínicos. Deja ver qué hay detrás de los discursos interesados.
Demuestra que, en la política internacional, hay distintas varas, distintas morales, distintos criterios, que se aplican según la ocasión. La impunidad, la violencia institucional y la corrupción de las autoridades mexicanas dejan en claro esta situación.
Todo depende de si el gobierno es de izquierda o de derecha. Si es neoliberal o antineoliberal. Si está alineado con Estados Unidos o si, en cambio, pretende llevar adelante políticas independientes y soberanas.
Ni la OEA, ni el presidente Macri, ni EEUU se horrorizan por lo que sucede en México. Es el pueblo mexicano movilizado, los organismos de derechos humanos mexicanos e internacionales, y un amplísimo espectro de organizaciones de la sociedad civil, los que vienen militando y denunciando lo que ocurre.
Estos organismos, después de mucho batallar, después de luchar contra la burocracia de los distintos estamentos estatales (muchos de ellos cómplices de los asesinos) consiguieron obtener información sobre la cantidad de fosas comunes y de cuerpos exhumados en México entre 2007 y 2016.
Las cifras dan cuenta de una situación horrorosa, en la que los límites entre el Estado y el narcotráfico se borran.
Los números permiten pensar, además, cuán farsesca es la denominada “guerra contra la droga”, y también las consecuencias de militarizar la sociedad es busca de mayor seguridad.
Los datos son contundentes, pero parciales: cuatro estados no brindaron información. Y todo hace pensar que los números obtenidos apenas reflejan una parte de una realidad todavía más horrorosa.
El Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México
“El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos”, señala el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, obtenido a través de insistentes solicitudes de información a procuradurías estatales.
“No obstante la voluntad que para atender este tema han expresado en reiteradas ocasiones autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, esta Comisión Nacional advierte la existencia de un problema estructural dentro del diseño institucional y la operación de las distintas instancias del Estado mexicano, que ha impedido el que se hayan registrado avances concretos y relevantes en su atención”, reconoce el informe, que en muchos sentidos, en una suerte de mea culpa, una confesión de un Estado vencido por las mafias, las corporaciones, el narcotráfico y el Imperio.
El documento señala que entre 2007 y 2016 se localizaron oficialmente 855 fosas clandestinas. De estas tumbas se inhumaron 1.548 cadáveres.
Pero los estados de Morelos, Nayarit, Sinaloa, y Tamaulipas no proporcionaron información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre fosas clandestinas y el número de cadáveres exhumados, por lo que es obvio que la verdadera situación es todavía peor.
Guerrero es la entidad en donde se han encontrado más fosas clandestinas, 195 en el periodo analizado. Le siguen Nuevo León y Veracruz con 191; Zacatecas con 83; Coahuila con 51 y Colima con 35 fosas.
De acuerdo al documento, de los 1.548 cadáveres encontrados en fosas, se han identificado los restos de 796.
Veracruz es el estado en la que se encontraron la mayor cantidad de restos humanos: 21.874.
Sin embargo, la CNDH realizó otro conteo, a través de un seguimiento de medios, que reveló números diferentes a los proporcionados por las procuradurías estatales: 1.143 fosas de las que se han inhumado 3.230 cadáveres en el mismo período analizado.
Asimismo, la CNDH reportó que de 2007 a octubre de 2016 hay 29.903 personas desaparecidas, según el Registro nacional de datos de personas extraviadas.
El 82 por ciento de los casos de desapariciones se concentran en 11 estados, de los cuales destacan: Tamaulipas como el estado con mayor número con 5.563 casos, el 19.22 por ciento. Y le sigue el Estado de México con 2.984 casos (10.31 por ciento).
El horror, el horror
“En los últimos veinte años en México, el uso de los cuerpos como mensaje se incrementó conforme las actividades de los traficantes de droga se volvieron públicas. Antes, su tarea era silenciosa y oscura. El tráfico de drogas hizo que la violencia construyera usos e incluso ritos con la sangre de las víctimas. Mujeres a las que se llegaba a mutilar en vida un pezón a mordidas o se les cortaba un trozo triangular de la piel. Cadáveres que eran arrojados a una fosa y rociados con una mezcla de cal y ácidos para que aceleraran su desaparición. Víctimas asesinadas con tiro de bala en la frente, en la oreja o en la boca para indicar, en cada caso, una advertencia a traidores, entrometidos y delatores. En fechas recientes, les inscriben a las víctimas en la frente una letra Z como firma de un grupo delincuencial, abren la tráquea para jalarles la lengua por el corte, le llaman corbata colombiana; descuartizan los cuerpos y arrojan los restos en un recipiente en el que ponen petróleo y le prenden fuego hasta que se quema todo, le nombran horno. Otras veces, vierten en una pipa cocaína y cenizas de una víctima. A este rito se lo conoce como fumarse al muerto. O dejan cartulinas al lado de las cabezas de los decapitados. Asimismo, circulan amenazas en internet en las que las bandas de criminales se desafían, mofan o alardean de su virilidad. Actualizan a la usanza de los tiempos los antiguos corridos o canciones noticiosas. O usan la red para difundir grabaciones en video de asesinatos y furor decapitador. El pánico expansivo”. El fragmento, citado en el suplemento Radar de Página|12 del 9 de abril, pertenece al ensayo El hombre sin cabeza (2009), del periodista mexicano recientemente fallecido Sergio González Rodríguez. En 2002, publicó Huesos en el desierto, sobre los femicidios de Ciudad Juárez, texto que influyó en la escritura de la monumental novela de Roberto Bolaño 2666.
González Rodríguez experimentó la violencia en carne propia en 1999, cuando fue atacado por sicarios. El ataque le dejó secuelas físicas.
Su último libro, Los 43 de Iguala, investiga la desaparición de los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en septiembre de 2014. Un crimen que sigue impune.
Fuente: El Eslabón
