Los recicladores que usan carros y caballos volvieron a manifestarse frente al Concejo, para rechazar el programa que exige reconvertir su actividad. Hubo incidentes y tensión, y se activó una dura polémica muros adentro, mientras se desarrollaba la sesión de los jueves. Además, el tren y el endeudamiento pidieron pista en la agenda y se aprobó por unanimidad una ordenanza que suma vehículos gratis para quienes no lo tienen al momento del examen para la licencia de conducir.
La sesión del jueves venía de curso hasta que la presidenta del Cuerpo, Daniela León, informó que los carreros que estaban apostados desde la mañana sobre calle 1º de Mayo, habían pasado a la acción. Según expresó, tiraron piedras y encendieron fuego frente al portón de ingreso. Intervinieron los bomberos y la cosa no pasó a mayores, pero enfrentó a oficialismo y oposición en un intenso debate.
La ordenanza que puso fin a la tracción, con siete años de diligencias, se concretó el pasado 1º de abril. La mayoría de los carreros reconvirtieron su actividad o rubro, pero el grupo que se resiste a dejar sus caballos expuso su situación con crudeza frente a los ediles: el carro o la nada para sobrevivir.
Hubo reuniones de todo tipo y niveles de gerenciamiento, pero falta una solución y crece una expectativa por parte de los carreros: que se prorrogue el permiso para la tracción a sangre. En ese marco, volvieron varias veces al Palacio Vasallo, y esta semana los ánimos se caldearon. Adentro y afuera.
“Ellos piden que quienes los atiendan del Ejecutivo, tengan poder de decisión”, arrancó en tono encendido la concejala Caren Tepp (Ciudad Futura). Y pidió que se reconozca que el ámbito de solución para el conflicto activo en ese momento “es la Municipalidad de Rosario” y “no la policía teniéndolos que sacar por distintos métodos de la puerta del Concejo; tenemos que ponernos de acuerdo en esto”, enfatizó.
Además, dijo que cualquier modificación a la ordenanza vigente sobre la tracción a sangre, que no logra implementarse en un ciento por ciento, corre por cuenta del Ejecutivo “que debería dejar de mandar la gente acá sin hacerse cargo de la situación, porque no tenemos las herramientas para resolver el problema”, dijo la edila.
Para Tepp, es necesario saber qué piensa el Ejecutivo sobre la solución del problema: “Se avanzó con diferentes grupos, pero con otros no. Todos los actores tenemos que hacernos responsables de esta situación y no zafar día a día, que vayan para acá o para allá, porque después a todos se nos pone la piel de gallina cuando ellos vienen y cuentan cómo viven”.
“Ese es el problema que tenemos que resolver como Estado: ¿qué hace esa gente si se le saca lo único que tiene y que pudo comprar, y que les permite el día a día? Esa situación genera cosas como las de hoy”, insistió Tepp
“La violencia no va más, no va más, son unos violentos”, tronó el radical Jorge Boasso, y agregó: “El Concejo se cansó de recibirlos, si hubo un ámbito que los recibió fue éste, en innumerable oportunidades, es injustificable lo que están haciendo”, enfatizó.
La concejala Celeste Lepratti (Frente Social y Popular) sumó su mirada crítica hacia la forma en que desde el Ejecutivo se encara el tema. “Nadie va a justificar la violencia de hoy ni de ningún otro momento, pero claramente hay que entender que hay una violencia mucho más grande y que viene del sector que tiene que resolverlo”, fustigó, y señaló que la fecha límite de la ordenanza apunta “al sector más vulnerable, que no saben qué hacer para comer, por si no queda claro”, aseguró.
A esta altura la cancha estaba marcada. “No comparto lo que se dice”, arrancó Sebastián Chale (Radicales Progresistas). Y dijo que en el Concejo se peticionan modificaciones normativas o legislativas. “Para quienes están protestando afuera se habrá abrigado la expectativa sobre un corrimiento de fecha o una nueva discusión de la ordenanza”, dijo el edil. Y recordó que unos 2000 carreros reconvirtieron su actividad trabajando en condiciones más dignas y demanera asociativa.
“Estamos hablando de una minoría que va endureciendo su posición. La responsabilidad de los concejales es discutir normativas, porque la fase de negociación este Cuerpo la agotó. Si la posición es no bajarse del caballo, no se puede avanzar bajo la actual normativa que tiene la tracción a sangre en la ciudad”, sostuvo Chale, y fue por más: “Es un grupo con clara intencionalidad política, ninguna violencia es casual y no hay nada que la justifique, así como repudiamos el ataque desmedido en Santa Cruz, también tenemos que ser contundentes, sin rodeos, cuando hay un daño al edificio del Concejo como ahora”, explicó. Y dijo que los manifestantes no aceptaron una reunión, el mismo jueves, con dos funcionarios de alto rango.
“Hago cargo al Ejecutivo Municipal por lo que está sucediendo”, terció Eduardo Toniolli (PJ). “Y también en la cabeza de varios de sus funcionarios, por echar responsabilidades sobre concejales de este Cuerpo y sobre fuerzas políticas de la oposición, en voz baja, a periodistas, empresarios, dirigentes sociales y proteccionistas, diciendo que algunos de los ediles somos los responsables de fogonear esta situación”, aseguró.
“Dejen de tirar de la cuerda, dejen de mentir. Porque si siguen así, vamos a denunciar con nombre y apellido quienes son los funcionarios y funcionarias que andan diciendo eso, haciendo lobby, porque la verdad es que con la situación dolorosa que viven muchas familias, ensuciar a la oposición haciéndonos cargo de lo que está sucediendo, es una irresponsabilidad”, remarcó el edil.
“Aquí hay una organización que no tiene que ver con las fuerzas políticas de este Concejo, creo que tiene que ver con otras cosas”, comentó María Eugenia Schmuck (Radicales Progresistas), y dijo que “hay una ordenanza en vigencia, una fecha que puso el Ejecutivo, una implementación que lleva siete años y familias que no están de acuerdo, pero eso requiere negociación y eso es lo que no está sucediendo. Resolver el problema, es encontrar un justo equilibrio. No discutir los responsables, porque todos lo somos un poco”, aseguró.
Según el socialista Horacio Ghirardi, la ordenanza se votó por unanimidad. “El Ejecutivo avanzó con muchas estrategias y dificultades. Cómo no haberlas si estamos tratando la pobreza extrema en nuestra ciudad”. explicó. Y dijo que hubo trabajo minucioso como lo prueba la gran mayoría de los carreros que aceptaron seguir su actividad con otras herramientas que no sean tracción a sangre. “Busquemos nuevas estrategias para quienes no se sintieron incluidos pero no lo resolvamos culpándonos”, enfatizó Ghirardi.
En el auto de la Muni
El Concejo aprobó una iniciativa del edil Aldo Pedro Poy (Bloque Demócrata Progresista) para que el Municipio provea un automóvil a quien debe sacar la licencia de conducir y no tiene auto propio. “Es la única forma en que se puede cumplimentar, porque si no deben molestar a un amigo. Por ese motivo creo que es una ordenanza simple pero muy efectiva que les permite a muchas personas tener más opciones para un empleo digno. Estoy contento que se aprobó por unanimidad”, explicó el concejal a el eslabón.
Por su parte, Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario), pidió información sobre la reglamentación de la ley N° 13.242, que impulsaba la creación de una empresa mixta para la reactivación del transporte ferroviario en la provincia de Santa Fe. Además, pidió que se involucren todos los actores del Estado en este nuevo intento por recuperar el servicio que ya figura en el Plan Estratégico 2007-2017.
El tema del endeudamiento rozó la sesión a través de Boasso. “¿Cómo se asignarán estos 800 millones de pesos que se le piden al Gobierno de Santa Fe? Interrogó el edil, al fundamentar un pedido de informes sobre el destino que se le dará a la asistencia financiera que solicitó el Ejecutivo.
“Es importante que la información llegue antes del jueves próximo, dado que vendrán a Labor Parlamentaria distintos contratistas del municipio para convencernos que le aprobemos el endeudamiento que solicita la Intendencia”, advirtió.
Una pieza de constitucionalismo
La concejala Marina Magnani (Unidos y Organizados- FpV) realizó una manifestación al cumplirse un nuevo aniversario de la Derogación de la Constitución de 1949, a manos del golpe militar conocido como Revolución Libertadora, el 27 de abril de 1956. Y recordó que entre otros derechos invalorables, la carta magna impulsada por el peronismo “prohibía enajenar los bienes naturales, justo a la inversa de lo que se está hablando ahora”, señaló la edila.
Fuente: El Eslabón
