“Quienes suscriben en carácter de Director (Alcides Leicker) y Subdirector (Francisco Bracalenti) Provincial de Justicia Penal Juvenil informan que mediante la disposición 0003/2017 se da por formalizada la Refuncionalización del Establecimiento ‘Casa Joven’ conforme a lo regulado en el decreto 713/ 2007 (del 10 de abril)”.

Hace unos días, los trabajadores de ese hogar granja de puertas abiertas –ubicado en la vecina General Lagos– tomaron conocimiento de algo que ya preveían y trataban de evitar; pero que denominan de un modo diferente al eufemismo “refuncionalización”. Para ellos, se trata del cierre de uno de los dos centros de puertas abiertas para jóvenes en conflicto con la ley y es parte de un vaciamiento –reducción de recursos humanos y económicos– en el área, que es funcional al avance de políticas de encierro para esos pibes. De hecho, para el otro sitio de puertas abiertas, emplazado en la zona rural de Alvear –aproximadamente a 21 kilómetros del casco urbano– y adonde ya fue trasladado el único chico que quedaba en Casa Joven, también está programada la “refuncionalización”, según se establece en el mentado decreto 713.

Sobre esta cuestión, se había informado en la edición de El Eslabón del 13 de mayo y en los últimos dos meses el personal ha realizado distintas actividades para dar visibilidad al conflicto y frenar una medida, que –según han dicho– se tomó sin darles participación y que, previamente, se había desmentido. “Nos decían que sólo era un rumor”, recuerdan los trabajadores.
Como consecuencia de estos cambios, el personal de General Lagos viene sufriendo trastornos en lo que respecta a sus condiciones laborales; ya que se vienen produciendo traslados y no necesariamente mantienen los mismos horarios de trabajo. En Casa Joven quedarán apenas entre seis y ocho empleados –supo haber cerca de treinta–, quienes presuntamente sería encargados de los talleres que se dictarían allí; pero cuya instrumentación los empleados ven poco probable.

“Hace 22 años que trabajo en esta dirección y esto, para mí, es humo. Lo que quieren es achicar gastos. ¿Cómo van a armar talleres acá, a veinte kilómetros de Rosario, si no hay plata para movilidad para traer a los chicos?”, afirma e insiste: “Me parece que es una mentira. No quieren pagar el costo de cerrar, que es la idea”, afirma Fernando Rangel, quien llegó a Casa Joven apenas un año después de su inauguración.

Lo dicho va mostrando el perfil de la protesta de estos empleados, quienes pese a la incertidumbre que tienen respecto de sus destinos laborales –“ni siquiera tuvieron la delicadeza de decirnos los cambios con anticipación”, observa Rangel– focalizan su atención en el impacto que las medidas tienen en lo que respecta a políticas para chicos y chicas en conflicto con la ley.

De hecho, el propio Rangel ha expuesto sobre la situación en la reciente Aula Itinerante y también es autor de una columna de opinión, “Política pública y jóvenes”, aparecida en el suplemento Educación de La Capital el 24 de junio último, donde traza un panorama sobre Casa Joven y alerta no sólo sobre la reducción de recursos en la órbita de la Dirección Provincial de Justicia Penal Juvenil, sino también sobre el avance de la mirada punitiva y el retroceso de salidas inclusivas para los chicos. Al respecto, no se considera un dato menor las fuertes inversiones que se realizan en instituciones cerradas como el Irar.

Por lo pronto, Casa Joven ya no tiene ningún pibe y el único espacio de puertas abiertas es el de Alvear, sobre el cual los empleados de General Lagos habían planteado sus reparos respecto de que no tiene la estructura de lugar de alojamiento sino de tránsito. “Lo denunciamos varias veces: no es un hogar”, afirma Rangel, quien junto a sus compañeros también han expresado que, pese a la derivación de chicos de General Lagos a Alvear –que se venía dando desde fines de 2015– este último tampoco cuenta con personal suficiente para su funcionamiento.

Y precisamente ese ha sido el destino del único pibe que permanecía en Casa Joven, quien –según Rangel– verá alterada sus rutinas cuando termine el receso escolar de invierno. Sucede que el joven asistía a una escuela de Pueblo Esther, próxima a su lugar de alojamiento; y ahora no se las verá fácil para continuar sus estudios allí. “Hasta hace poco, para ir a la escuela, tomaba el colectivo a una cuadra de Casa Joven. Ahora, va a tener que hacer ocho o diez cuadras por ruta 18, ir a Rosario y de ahí a Pueblo Esther. Para regresar, va a tener que hacer el camino inverso y va a volver como a la una de la mañana”, prevé Rangel sobre la suerte de quien hoy es el principal damnificado por la presunta “refuncionalización”.

Hay, sin duda, un número difícil de precisar de afectados y son todos aquellos chicos que hoy están alojados en espacios de encierro –como el superpoblado Irar– y que encontraban en los espacios de puertas abiertas la posibilidad de torcer un destino, a través de espacios inclusivos, y que ahora la ven vedada.

Fuente: El Eslabón

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