Mientras un ex jefe de la Policía de Santa Fe condenado por narcotráfico y extorsión es juzgado estos días en Rosario en otra causa por delitos federales, el titular de la fuerza hasta marzo de 2016, Rafael Grau, fue detenido esta semana e imputado por asociación ilícita y defraudación a la administración pública junto a otros dos uniformados y cinco civiles. Se los acusa de fraguar reparaciones de automotores oficiales para quedarse con el dinero sin realizar ninguna tarea. La semana anterior 55 efectivos fueron arrestados en dos causas por presunta violencia institucional en Rosario, en una por la desaparición forzada de un joven y en otra por el supuesto fusilamiento de otros dos, a quienes les habrían plantado un arma para justificar su accionar y eludir sus responsabilidades penales. Según datos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe brindados a el eslabón, desde el inicio de la gestión de Miguel Lifschitz en diciembre de 2015 se instruyeron 2.870 sumarios a funcionarios policiales, 700 fueron pasados a disponibilidad y 130 transitan el extenso y arduo proceso de destitución. El ineludible interrogante que plantea ese escenario es: ¿Se trata de casos aislados de apartamiento de las normas o la corrupción policial es estructural?
Casos puntuales
Para el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad provincial, David Reniero, se trata de “casos puntuales” y no de “bandas policiales” las que cometen delitos o infracciones, aunque reconoce que existe una cultura institucional que acerca a la policía a “faltas menores”.
“Tenemos 23 mil policías. Que el diez por ciento tenga sumarios suena a mucho”, dijo Reniero a este semanario. Pero aclaró que en ese universo hay “faltas leves y expedientes que terminan en nada, hasta faltas graves que son investigadas por la Justicia y terminan en destituciones”.
“Del universo de los que tenemos con sumario, por certezas, por procesamientos, por causas penales hay 700 en disponibilidad”, precisó el funcionario. La disponibilidad implica que el policía deja de prestar servicio y cobra un 70 por ciento de su haber hasta que se resuelva su situación, que puede derivar en la destitución o en la reincorporación a la actividad.
“No estamos hablando de bandas policiales, sino que puntualmente han intervenido en robos, otros acordaron con un puntero de un kiosco de drogas”, graficó Reniero.
“No puedo decir que hay bandas policiales, sí hay hechos puntuales”, abundó el secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad.
Para Reniero, “un policía no es la Policía, como un fiscal no es el Ministerio Público de la Acusación, como un maestro abusador no es la educación”.
Según dijo, la mayoría de los 2.870 sumarios iniciados desde diciembre de 2015, cuando Maximiliano Pullaro inició su gestión al frente del Ministerio de Seguridad, contienen casos de faltas vinculadas a incumplimiento de deberes o mala administración de recursos del Estado”.
También, agregó Reniero, hay “muchos casos de violencia de género” interfuerza –entre parejas de policías– o en matrimonios en los uno de los cónyuges integra la fuerza de seguridad.
Para desestimar que la policía sea un organismo estructuralmente corrupto, en función de un sistema que tienda a la comisión de delitos por parte de sus integrantes, el funcionario explicó que “hay muchas denuncias internas de gente que ve y no está de acuerdo con lo que pasa”. En ese punto, Reniero dijo que en muchos casos de corrupción “si no se denuncia desde adentro, es muy difícil conocerlos”.
De acuerdo a las normas vigentes, el Ministerio de Seguridad santafesino no puede exonerar a un policía de la fuerza. El procedimiento requiere de un sumario interno o de una condena judicial firme pero, de todos modos, es la propia Policía –su jefe– la que tiene que pedir a la cartera la remoción de un integrante de la fuerza. Un arcaísmo difícil de sostener en el siglo XXI.
El gobierno envió a la Legislatura un proyecto para que sea el ministerio, es decir un civil, el que solicite la baja de un policía cuando existan razones justificadas para adoptar esa determinación.
Actualmente hay 130 trámites de destitución de funcionarios policiales en Santa Fe que atraviesan el engorroso proceso dictado por la propia institución.
“En un hecho de flagrancia podemos iniciar, aparte de lo penal, la decisión de la destitución. Pero no es directa, es una cuestión que en un momento del trámite pasa por la institución policial, la tiene que pedir el jefe de Policía”, dijo Reniero.
“Queremos que sea ministerial –agregó–, poder hacer sumarios desde el ministerio como lo hace Córdoba, que tiene un tribunal de policía que es civil, ministerial, y lo aprobó la Legislatura”.
En Santa Fe, el proyecto está desde hace más de un año en tratamiento del Senado, cuyo integrantes en algunos departamentos poseen estrechos vínculos con los jefes policiales.
Estado regulador
El diputado provincial del Frente Social y Popular (FSP), Carlos Del Frade, aseguró que “el Estado no está en contra del crimen organizado” sino que “lo regula”.
Con una mirada opuesta a la de los “casos particulares”, el legislador y periodista afirmó que existe “un problema institucional muy grande en la Policía de la provincia, por la complicidad, desde el Estado, con los negocios del crimen organizado como son la trata de personas, el contrabando de armas y el narcotráfico”.
Para Del Frade, “todo esto forma parte del Estado, el Estado no está en contra del crimen organizado, lo regula y tiene nichos de corrupción no solamente en la Policía sino también en la política”.
La detención esta semana del ex jefe de Policía Grau, más la de los 55 uniformados arrestados en las últimas semanas en Rosario en dos causas por violencia institucional, para Del Frade muestran una condición estructural de funcionamiento de la fuerza y no la simple sumatoria de casos aislados.
“No podemos pensar que vamos a sacar de a una las manzanas podridas, cuando lo que está podrida es la caja”, describió el diputado del FSP.
“Esto –abundó– tiene que ver con la historia de la policía santafesina y es paralela a lo que pasa con otras policías de otras provincias argentinas: el Estado desde lo policial regula el delito, es casi la esencia del sistema capitalista”.
Del Frade sostuvo que “el número impacta: son 55 policías, entre ellos el segundo Jefe de Policía de (Antonio) Bonfatti, y que pasa a la gestión de (Miguel) Lifschitz, el primero fue justamente (Hugo) Tognoli que terminó preso”.
Y se interrogó: “Cómo se elige jefe de Policía en la provincia es un misterio inescrutable”.
En declaraciones a Radio Universidad de Rosario, el diputado se refirió, además, al vínculo entre el poder político y la fuerza de seguridad.
“La Policía le ganó al discurso. La Policía gobierna al ministro de Seguridad”, afirmó Del Frade sobre la gestión de Pullaro, quien tras la detención del ex jefe de Policía Grau afirmó que “ante cada caso de corrupción iremos hasta el hueso, caiga quien tenga que caer”.
Para Del Frade, “lo más contundente es que el discurso de la Policía es el que terminan adquiriendo los ministros de seguridad, porque termina siendo la Policía la que regula el delito”.
El legislador insistió en la que existe un problema estructural que atraviesa a la fuerza de seguridad: “Por eso tenemos 55 detenidos en una semana, porque esto forma parte de una matriz y cada vez va a haber más manzanas podridas”.
De la cabeza
El diagnóstico acerca de si los casos de policía que transgreden las normas por cuyo cumplimiento deben velar son aislados o forman parte de un sistema de funcionamiento de una organización armada de 23 mil miembros incide, obviamente, en la respuesta estatal al problema.
Si se tratara de casos aislados, basta con atenderlos puntualmente en su individual dimensión y sancionarlos, en caso de que cupiera. Esa es la mirada predominante en el Ejecutivo provincial, que el propio gobernador Lifschitz expresó hace dos semanas tras la impactante detención de cuatro decenas de uniformados en dos causas: la que investiga la desaparición forzada de Franco Casco (30 arrestados) y la que se sigue por el asesinato tras una larga persecución de David Campos y Emanuel Medina (16 imputados).
Para el mandatario, la voluminosa caída de funcionarios policiales se produjo “por la coincidencia de las dos causas” por lo que “puede parecer impactante”, aunque “al lado de los 23 mil efectivos que tiene la fuerza en la provincia no es significativo”. Teoría de la manzana podrida.
Lifschitz aseguró también que “la mayoría desarrolla su tarea con eficacia, responsabilidad y compromiso todos los días, y los otros son las excepciones que tenemos que reducir, perseguir y evitar que ocurran en el futuro”.
Esta semana fue imputado, con prisión domiciliaria, el ex jefe de la Policía de Santa Fe Raúl Grau en una causa por asociación ilícita y presunta defraudación al Estado. No se trata, de comprobarse los delitos que se endilgan al comisario retirado, de un suboficial infiel sino de la cabeza de la propia institución, sospechada de corrupción. Vale aclarar que la denuncia original la realizó el propio ministro de Seguridad Pullaro.
Además de Grau, fueron imputados el ex jefe del Departamento Logística (D-4), José Leiva; y el habilitado de la Jefatura de Policía, Ariel Villanueva; junto a cinco civiles.
El fiscal Roberto Apullán imputó a Grau, Leiva y Villanueva como miembros de una asociación ilícita y coautores o con participación necesaria en 16 casos de administración fraudulenta que causaron a la administración pública perjuicios por valor de al menos 96 mil pesos en sólo un mes.
Uno de los civiles procesados, de 40 años, fue imputado como jefe de esa asociación ilícita. Es decir que se trataría de una banda mixta, algo similar a lo que ocurrió con la banda de Los Monos en Rosario aunque con otros fines. Participación policial para encubrir –o participar– del delito.
Los otros cuatro civiles involucrados, entre ellos una mujer también beneficiada con prisión domiciliaria por tener dos hijos menores a cargo, son acusados de formar parte de maniobra delictiva.
La investigación que dirige el fiscal Apullán se inició el miércoles 4 de mayo de 2016 a raíz de una presentación realizada en la Fiscalía por el ministro de Seguridad de la provincia, en la que indicó que recibió un sobre cerrado con una denuncia anónima referida al tema.
Los delitos que investiga el fiscal son maniobras defraudatorias en perjuicio de la administración pública, relacionadas con el arreglo y cambio de repuestos de móviles policiales de la Jefatura de la Policía de la provincia –que se facturaban pero no se hacían-, en la que estarían involucrados funcionarios policiales y particulares.
De acuerdo a lo informado por Apullán, el perjuicio patrimonial producido a las arcas públicas fue de 96.616,37 pesos, contando sólo lo verificado al presente estado de la investigación.
Paralelamente a esta causa que tuvo alto impacto público por tratarse de un ex jefe de Policía de la actual administración, esta semana se suspendió una audiencia judicial en la ciudad de Santa Fe en la que 40 policías iban ser acusados por maniobras irregulares con las llamadas Horas Ospe (Orden de Servicio de Policía Extraordinaria).
La presunta participación de un jefe policial en una banda para defraudar al Estado con repuestos de autos; la condena del anterior titular de la fuerza Tognoli por encubrimiento de un narco y el actual juicio por un delito similar; el supuesto encubrimiento de 15 policías rosarinos a otro que habría fusilado a dos jóvenes luego de una persecución; la detención e indagatoria de 30 más por una desaparición forzada seguida de muerte –entre otras causas que involucran a uniformados– permiten presumir un modus operandi que se repite en diferentes ocasiones y se mantiene en el tiempo, una cultura institucional deslizada hacia el encubrimiento y la autoprotección al margen la ley.
Hay que explicárselo al ministro de Gobierno provincial, Pablo Farías, quien la semana anterior reclamó “cautela” a los fiscales a la hora de ordenar detenciones de funcionarios policiales porque, si bien insistió en que hay que “separar” a los efectivos que “no han actuado bien”, dijo que hay que evitar que la fuerza sea “estigmatizada en su conjunto”.
Fuente: El Eslabón
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