Dirigentes opositores como Felipe Solá y Alberto Fernández, y del Movimiento Evita y el Frente de Izquierda, coincidieron en que la persecución a kirchneristas es “una locura” y que se trata de una “venganza” política.

Después de la decisión del polémico juez Claudio Bonadio de dictar la prisión preventiva de Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán y pedir su desafuero –además de las detenciones del líder de Miles, Luis D’Elía y el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini– los distintos espacios opositores se refirieron a la situación con duras críticas hacia el magistrado.

«¿Traición a la Patria? Una locura que solo un no-juez como Bonadio puede usar para hacer los deberes. Y vengarse», afirmó Solá en redes sociales, al evaluar la decisión del juez. En ese sentido, el diputado del Frente Renovador sostuvo que el memorándum de entendimiento con Irán tuvo «pobreza de resultados» y que fue una «pésima idea» creando «una comisión de la verdad absurda», pero no ahorró dardos para Bonadio.

En ese contexto, Alberto Fernández señaló que «la sociedad entera debe salir a la calle a reclamar por el Estado de derecho». Y añadió: «Si Cristina Kirchner quiso encubrir a los iraníes, entonces (Raúl) Alfonsín quiso encubrir a los genocidas con la obediencia debida y nadie se animaría a decir eso de Alfonsín».

«Es injusto lo que están haciendo con Cristina Kirchner», reconoció el ex jefe de Gabinete, y advirtió que «esto no es un problema de la política, es un problema de los ciudadanos. El memorándum fue una de las decisiones más desacertadas de Cristina Kirchner, pero hablar de encubrimiento y de traición a la patria es un disparate».

Y agregó que «hoy le toca a Cristina Kirchner y mañana le puede pasar a cualquiera de nosotros. No hay que ver cómo reaccionan los políticos, hay ver cómo reacciona la sociedad».

En tanto, el Movimiento Evita emitió un comunicado en el que expresó su «absoluto repudio ante las detenciones arbitrarias que se vienen llevando a cabo, porque no respetan el debido proceso y carecen de sustento legal», y agregó: «Se encuadran en el marco de una persecución sistemática contra líderes de la oposición política, social y sindical, violando las garantías elementales que fija nuestra Constitución Nacional».

El escrito señala que «junto a los Movimientos Populares estamos en estado de alerta y movilización, a fin de definir las medidas pertinentes para exigir el fin de la represión, el cese de las persecuciones judiciales/políticas, la no criminalización de la protesta social y la libertad de todos los presos políticos».

Por su parte, el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo indicó que «la imputación a Cristina por un memorándum que fue público y ratificado por el parlamento nacional, es absolutamente un disparate».

Asimismo, el dirigente del Frente de Izquierda Marcelo Ramal, advirtió en declaraciones a Radio 10 que «estamos ante la construcción de un estado de excepción» y consideró que la cuestión del memorándum de entendimiento con Irán es un tema «político» no judiciable. «Nosotros en su momento criticamos el memorándum con Irán» en el marco de «un debate político», recordó Ramal, y evaluó que «la decisión de criminalizar la decisión política de un Estado es parte de un estado de excepción».

Myriam Bregman, por su parte, reconoció que «tengamos acuerdo o no, el memorándum fue votado por el Congreso, no es una medida judiciable. Bonadio toma una decisión política, no jurídica»; en tanto que Pino Solanas aseguró que esta medida “voltea el orden jurídico constitucional”.

Fuente: NA.

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