Las comisiones directivas de los Colegio de Psicólogos y de Trabajadores Sociales del sur de Santa Fe, expresaron su “alarma y preocupación” y denunciaron “situaciones de violencia institucional” sufrida por los profesionales en el ámbito del Servicio Penitenciario.
“Denunciamos la violencia institucional a la que son expuestos los profesionales que se desempeñan en los Servicios Penitenciarios, como la exposición a extensas jornadas laborales, incorporados a un sistema de «Guardias Pasivas» no remuneradas en horarios nocturnos, trasladados en móviles penitenciarios para sostener las mismas”, indicaron los colegios profesionales en un comunicado de prensa.
“Dichas guardias –continuó el comunicado–, tienen como objetivo la participación del profesional en el Protocolo de Resguardo, donde debería intervenir conjuntamente con otros actores ligados a la institución y la defensa del detenido”. “Sin embargo la falta de participación de estos otros actores deriva en una intervención meramente burocrática de parte de nuestros colegas”, añade el texto.
Los colegios profesionales señalaron que “las unidades cuentan con escasos profesionales ante el aumento desmesurado de las personas privadas de su libertad, desconociéndose estándares internacionales en Derechos Humanos”. “Un claro ejemplo es la situación de Piñero, donde se encuentran 1500 personas privadas de su libertad y los profesionales que allí se desempeñan son cuatro psicólogos y cinco trabajadores sociales”.
Para las entidades, la desproporción entre cantidad de detenidos y profesionales trabajando hace “imposible ejercer la labor en pos de la defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales”.
Comunicado completo
ESTADO DE ALERTA Y PREOCUPACIÓN: NO MAS VIOLENCIA HACIA LXS PSICÓLOGXS y TRABAJADORXS SOCIALES
Desde la Comisión Directiva del Colegio de Psicólogxs y del Colegio de Trabajo Social, de la Segunda Circunscripción de la Provincia de Santa Fe, expresamos nuestra alarma y preocupación por la situación de los SERVICIOS PENITENCIARIOS del Sur de la Provincia, pertenecientes a la Órbita del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
Los profesionales Psicologxs y Trabajadorxs Sociales que allí se desempeñan, se encuentran enmarcados en la Ley del Servicio Penitenciario, los rige la Ley Nº 8183/1978, la cual fue sancionada en el periodo en que Argentina vivió la Dictadura Cívico Militar. En el marco de esta ley no pueden, por ejemplo, ejercer sus Derechos Gremiales, derecho fundamental de todo trabajador del Estado. Consideramos que urge de manera imperiosa e impostergable la modificación de esta Ley, con aportes de diversos actores e instituciones en el marco de Derechos Humanos.
Denunciamos la violencia institucional a la que son expuestos los profesionales que se desempeñan en los Servicios Penitenciarios, como la exposición a extensas jornadas laborales, incorporados a un sistema de “Guardias Pasivas” no remuneradas en horarios nocturnos, trasladados en móviles penitenciarios para sostener las mismas. Dichas guardias tienen como objetivo la participación del profesional en el Protocolo de Resguardo, donde debería intervenir conjuntamente con otros actores ligados a la institución y la defensa del detenido. Sin embargo la falta de participación de estos otros actores deriva en una intervención meramente burocrática de parte de nuestros colegas.
Las Unidades cuentan con escasos profesionales ante el aumento desmesurado de las personas privadas de su libertad, desconociéndose estándares internacionales en Derechos Humanos. Un claro ejemplo es la situación de Piñero, donde se encuentran 1500 personas privadas de su libertad y los profesionales que allí se desempeñan son 4 Psicólogxs y 5 Trabajadorxs Sociales, siendo imposible ejercer la labor profesional en pos de la defensa y reivindicación de los Derechos Humanos, la construcción de ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales.
Es ante los intentos de disciplinamiento que los profesionales se encuentran atravesando y las situaciones de extrema vulnerabilidad que desde nuestras instituciones evaluamos, que hacemos responsables a las AUTORIDADES de los intentos constantes de SANCIONES, a modo de callar el ejercicio profesional en perspectiva de DERECHOS HUMANOS.
Es ante lo expuesto que hemos convocado a AUDIENCIA al MINISTRO DE SEGURIDAD, DR. PULLARO a los fines de trasladar este complejo escenario y solicitar de forma inmediata el mejoramiento de las condiciones de encierro de las personas privadas de la libertad y la jerarquización del trabajo profesional interdisciplinario, sin hostigamientos y en defensa de la ética profesional de quienes allí se desempeñan.
