El Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación hasta el 22 de febrero, que obliga a la empresa a retrotraer la medida contra 44 trabajadores de la plata de Alvear, y a levantar el paro del gremio Aceitero.
Tras la reunión que hubo este miércoles en la sede local cartera laboral de la provincia, se dictó la conciliación obligatoria, luego que Cargill le prohibiera la entrada a unos 44 trabajadores de sus plantas de Villa Gobernador Gálvez y de Alvear.
De este modo, los empleados pertenecientes al Sindicato de Aceiteros y a Empleados de Comercio, involucrados en esa medida patronal, podrán reintegrarse a sus tareas habituales.
Junto con el dictado de la conciliación, que rige desde este miércoles 31 hasta el jueves 22 de febrero, el Ministerio intimó a la empresa Cargill para que presente, en el plazo de 24 horas, el listado del personal al que se le había prohibido la entrada, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que prevé la ley.
Paralelamente, la autoridad ministerial citó a ambas partes (gremios y empresa) a una nueva audiencia para el jueves 8 de febrero, a las 9, para evaluar la marcha de los acontecimientos.
El dictado de la conciliación obligatoria retrotrae la situación a su estado anterior a los despidos, con lo cual los trabajadores deben ser reincorporados a sus labores. Ambos sindicatos involucrados rechazaron la postura esgrimida por la parte empresarial “en el sentido de tratar el conflicto a nivel de Ministerio de Trabajo de la Nación ya que –argumentamos– tanto AEC como SOEAR pertenecemos a la provincia de Santa Fe y debe ser Trabajo de nuestra provincia quien intervenga en este tema”.
En las puertas del ministerio, en la esquina de San Lorenzo y Ovidio Lagos, varios gremios se concentraron para reclamar contra las cesantías. A la salida del cónclave, el representante de los Aceiteros Sergio Díaz, sostuvo en diálogo con canal 3 que los representantes patronales “no dieron ningún tipo de explicación” sobre los motivos de los despidos.
Por su parte, el secretario gremial de la Asociación Empleados de Comercio, Juan Gómez, criticó duramente la decisión tomada por Cargill al prohibir la entrada a los operarios, a la vez que rechazó cualquier argumento que pudiese indicar que la medida obedece a problemas económicos de la empresa. “Esta empresa factura millones de dólares diarios. La medida es arbitraria y no tiene ninguna justificación”, afirmó Gómez.
