El régimen que gobierna a la Argentina desde diciembre de 2015 realmente quiere cambiar de raíz la matriz que desde 1945 persiste en construir un modelo de Nación soberana. Energía, minería, producción agropecuaria y sistema financiero son ejes clave en esa transformación, pero primero debe arrasar a los gremios. Bolivia, la contracara de Aranguren.
Los especialistas en economía no ficcional aseguran que las únicas inversiones directas que recibirá la Argentina serán acotadas a los sectores que el macrismo ya se encargó de acomodar en los dos primeros años de gobierno.
Así, si bien no llegará en formato lluvia, las inversiones serán para las áreas de energía, minería, agroexportación y, por supuesto, la preferida por los capitales globales: la timba financiera.
Ese esquema explica dos cuestiones. La primera, el enorme grado de consolidación que ostentan los encargados ministeriales de esas áreas. La segunda, el tenor y volumen de la ofensiva que el gobierno de Mauricio Macri viene llevando adelante contra los sindicatos y los derechos laborales.
Con cierta cuota de ingenuidad, muchos se preguntan cómo subsisten en sus cargos personajes impresentables como el titular de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren; el ministro de Agroindustria y ex presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere; los jefes de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente; el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y el incinerado pero impertérrito ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Cada uno de ellos tiene a su cargo garantizar que desde sus carteras se proceda al desmantelamiento de todo vestigio de “populismo”, se consoliden los negocios que benefician a las grandes corporaciones y a ellos mismos, y todo en el marco de un financiamiento ficcional de la macroeconomía que les permita extender la vida útil del Gobierno, a fin de poder terminar con la ambiciosa faena.
Las políticas públicas de Cambiemos, tantas veces cuestionadas en términos técnicos como erróneas o fallidas, rara vez lo son. Los presuntos fracasos en la política energética, el atraso cambiario o su contraparte, las minicorridas hacia el dólar, la megalómana emisión de letras del Banco Central, los tarifazos, en todos los servicios, son pasos medularmente planificados en pos de un modelo que estratifique en el poder a las corporaciones, la banca trasnacional, el dispositivo de medios hegemónicos con intereses en otros rubros y negocios y, por supuesto, las empresas o instituciones de las que son representantes desde el Presidente hasta el último de sus funcionarios jerárquicos.
Se intentará desde estas páginas trazar un resumen de las acciones que en las últimas semanas vienen desplegando el régimen macrista en esos sectores clave, comenzando por el ataque sistemàtico al movimiento sindical.
El ataque al movimiento obrero
Pese a la cantinela oficial de la permanente convocatoria al diálogo, que tiene como principal difusor al jefe de Gabinete Marcos Peña, la administración Cambiemos exhibe un perfil de extorsión que algunas familias de origen italiano residentes en la Chicago de los años 20 del siglo pasado envidiarían o tenderían a imitar.
Macri es uno de los máximos exponentes del metódico apriete verbal, y en los últimos tiempos se lo ve ensañado con el fuero laboral. Llegó a acusar a los abogados laboralistas de “mafia”.
En oportunidad de la asunción de Jorge Faurie como canciller, en junio del año pasado, Macri lanzó una frase tan temeraria como transparente respecto de los objetivos de su gobierno: “Cuando alguno de los estudios laboristas convence a un pibe de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio, dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores en la calle, porque la pyme cierra”.
Aquella vez fue más allá y sostuvo que existía “un grupo de estudios con un grupo de jueces laboralistas, conducido por (Héctor) Recalde”, quien hasta diciembre fue diputado nacional y jefe de la bancada del Frente para la Victoria.
Dos semanas antes había cuestionado a los jueces laboristas Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, quienes habían avalado la paritaria de los bancarios.
Y pocos días más tarde comparó a “la mafia del narcotráfico” con lo que denominó “la mafia de los juicios laborales”, y lo hizo aduciendo que era “en defensa de los trabajadores”.
El martes 23 de enero, el diario La Nación tituló: “Por orden de Macri, Triaca acelera la ofensiva contra los gremios”. No exageraba. Y en la bajada, redondeaba la táctica oficial: “El ministro prepara una serie de auditorías a sindicatos y refuerza los controles sobre los fondos de las obras sociales”.
El matutino de los Mitre, ya en el cuerpo central del artículo señalaba que, entre otras acciones, se llevaría adelante “el recorte de parte de los subsidios automáticos para las obras sociales de los sindicatos… (y) el inminente comienzo de la fase final de las auditorías a gremios (también a sus obras sociales)…”.
Como siempre que informa en el marco de una operación, La Nación hizo alarde de confidencias de ministros muy cercanos al Presidente, quienes revelaron dos cuestiones: “A Mauricio no le gustó nada el apriete de (Luis) Barrionuevo y los términos que usaron en la reunión de Mar del Plata”, frase que el diario puso en boca de “un ministro que conoce muy bien al Presidente y que habló con él antes de su partida a Rusia”. El segundo chimento fue la interpretación de la queja de los gremialistas: “Lo hacen para ladrar, pero no se dan cuenta de que no hay más margen para la extorsión”.
Por supuesto, en el marco de la maniobra de pinzas entre despachos oficiales y redacciones amigas, Clarín no se podía quedar atrás, y en medio de la descomunal ofensiva contra los gremios, el miércoles pasado publicó entre sus títulos principales “La vida de lujo de los Balcedo: una niñera por hijo, personal trainer, chef y chofer”. Marcelo Balcedo es el titular del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), a quien el juez federal Ernesto Kreplak ordenó la intervención del gremio y se encuentra detenido en Uruguay.
Entre los “detalles” que reveló el diario de Héctor Magnetto, con evidente fruición, se destaca uno: “Para cuidar a sus tres hijos (de 11, 4 y 1 año), el matrimonio Balcedo contaba al menos con tres niñeras. Una de ellas cobraba 3.000 dólares y las otras dos, 2.000 dólares cada una”. Fuera de lo que pudiera caberle en términos penales a Balcedo, hay que inferir que ninguno de los jerarcas de Clarín debe ser tan generoso con su personal, que claramente por una cuestión etaria deberìa abocarse a cuidar a nietos o bisnietos.
El juez Kreplak investiga presuntas operaciones de lavado de dinero, y en la causa están imputados Balcedo, su mujer, Paola Fiege, y su socio Mauricio Yebra, pero Clarín, como en el caso de Omar “Caballo” Suárez, ex secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), detenido y procesado por asociación ilícita, usa los casos para desprestigiar al sindicalismo en general, en una tarea que le es claramente funcional al gobierno macrista.
En esa faena el matutino, en su versión digital, el mismo miércoles, entre “las más leídas”, selección de notas que los editores manipulan en forma descarada, figuraban las siguientes, todas en la sección Política:
- La vida de lujo de los Balcedo: una niñera por hijo, personal trainer, chef y chofer
- Los “gordos” e “independientes” de la CGT dejan solo a Hugo Moyano en su pelea con el gobierno
- Juan Carlos Schmid y su polémica frase para defender a Hugo Moyano por las denuncias de corrupción
- La empleada doméstica demandó al hermano de Jorge Triaca por $3.700.000
- Vialidad Nacional amplió la demanda contra Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública
La ex Presidenta, habitual blanco del “Gran diario argentino”, es protagonista de la única nota que no carga contra los gremios.
La idea es más que obvia, salpicar a todos los sindicatos con la profusión de noticias sobre uno o dos casos puntuales que, sumados al prejuicio que existe contra los dirigentes gremiales, ayuda a debilitar los reclamos, deslegitimar cualquier plan de lucha, y neutralizar argumentos que los sindicatos deben forzosamente poner en juego a la hora de negociar las paritarias.
Parece una burda maniobra, de hecho lo es, pero una extensa franja de la sociedad no sólo no la percibe de ese modo si no que ve con buenos ojos la ofensiva contra “la mafia sindical”.
En medio de toda esa parafernalia, en la semana que culmina la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) anunció el cierre de tres direcciones que hasta el momento tienen como misión relevar y fiscalizar el empleo no registrado.
Una vez más, pese al clamor macrista de que sus reformas ayudarían a erradicar el trabajo informal, la Afip dio de baja tres áreas fundamentales a la hora de fiscalizar el empleo no registrado, un coletazo del modelo de “desburocratización” que contiene el mega-DNU con el que Macri pretende eludir al Congreso para gobernar.
Las reparticiones alcanzadas por la resolución 21-E/2018 de la Afip son subsidiarias de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, encargada de fiscalizar el trabajo no registrado: Supervisión y Evaluación Operativa, regionales de los Recursos de la Seguridad Social y la de Control del Monotributo.
La movida oficial en modo alguno puede desvincularse de los objetivos que tiene la administración que encabeza Mauricio Macri en materia de precarización laboral, fin que enmascara bajo el eufemismo de “reforma laboral”.
El miércoles Página 12 publicó: “Durante el tercer trimestre de 2017 (el empleo no registrado) alcanzó al 34,4 por ciento de los asalariados, un incremento de 0,6 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior. El registro fue el más elevado desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Los datos están en línea con los valores observados a lo largo de los últimos cinco años cuando osciló entre 31,9 y 34,6 por ciento”.
El matutino porteño indicó que “los cambios en la Afip fueron precedidos por una serie de modificaciones que socavan las herramientas de fiscalización del trabajo no registrado”, y recordó que “el primer paso llegó con el desembarco de un directivo de la Sociedad Rural (SRA) a la conducción del Registro de los Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que vela por el cumplimiento de la legislación en uno de los sectores con mayores niveles de precarización, el campo. Abel Guerrieri es el ex director de acción gremial de la patronal agropecuaria que cuando integró la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (Cnta) en representación de la SRA en 2008, votó en contra de eliminar las jornadas laborales de sol a sol y fijar un régimen de 8 horas diarias (Resolución 71/2008)”. Una verdadera monada de funcionario, que explica por qué pese a los embates judiciales de su propia familia, Etchevehere sigue atornillado a su sillón de ministro.
Energía
En materia de políticas energéticas, Aranguren lo hizo, y logró una caída del 1 por ciento interanual en la producción de gas natural, la peor performance desde 2013. Todo ello a pesar de los tarifazos, y según los datos del propio Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren.
El anticipo de la performance del año que acaba de concluir lo publicó el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (Oetec), que precisó: “A dos años del tarifazo, con los precios del gas en boca de pozo entre los más caros del mundo, soportando aumentos como no se tenga registro en ningún país del globo, la producción de gas despediría el segundo año de Mauricio Macri con una caída del 1 por ciento interanual, esto es, el peor desempeño desde 2013”.
El Oetec aclaró que en 2016 esa producción había crecido, pero lo explicó de un modo que no es del agrado de Aranguren y sus socios: “No podemos dejar de señalar que el incremento de 2016 obedeció en un 91 por ciento al gas aportado por el mega-yacimiento Vega Pléyade heredado de la gestión kirchnerista. Es decir, sin dicho aporte, el resultado hubiera sido un estancamiento en 2016, más una fortísima retracción en 2017”.
El observatorio cuestionó severamente al ministro de Energía macrista: “Solamente por este hecho, el señor (Juan José) Aranguren debería ser urgentemente interpelado en el Congreso de la Nación. ¿Dónde fueron a parar los más de 7.400 millones de dólares que las petroleras percibieron entre 2016 y 2017?”. La fuente es nada menos que el Ministerio de Energía, a partir de sus tablas dinámicas.
Respecto del gran verso de que los aumentos de tarifas obedecen al “desastre heredado del kirchnerismo”, Oetec subrayó que en la tercera audiencia pública del gas realizada el pasado 15 de noviembre “el cartel de empresas con poder ministerial publicó el informe técnico titulado «Precio del Gas Natural en el PIST – Octubre de 2017»”. Aranguren & Cía argumentaron: “En ese marco (el de la supuesta pesada herencia gasífera), a inicios del año 2016 se estimó necesario implementar un nuevo esquema de precios de gas natural… que permita fomentar la incorporación de reservas y el aumento de la producción doméstica de gas natural para garantizar el abastecimiento, así como reducir los fondos que el Estado Nacional destina a mantener artificialmente bajos los precios que paga la demanda”.
El observatorio fue lapidario, y desmintió en forma rotunda esos argumentos: “A pesar de los 7.400 millones de dólares en subsidios que las productoras recibieron en dos años –un tercio de los cuales los paga la ciudadanía directamente de su bolsillo–, las empresas desinvierten, reducen sus costos flexibilizando trabajadores y dejan caer su producción”.
La conclusión es sencilla: las tarifas por las nubes, la producción cae en picada, y el abastecimiento prometido pasa a engrosar las mentiras del régimen macrista. La que sigue ganando es Shell, que reparte migajas a YPF y permite a las petroleras trasnacionales que participen de suculentas porciones de la torta del mercado de hidrocarburos.
Lo mismo ocurre con la producción de petróleo, que cayó 6,7 por ciento a nivel interanual, a pesar de una mínima recuperación detectada a partir de abril-mayo del año pasado, que se prolongó hasta noviembre, según Oetec, que concluyó su análisis con un dato estadístico preocupante: “En el contexto histórico, el resultado del acumulado a noviembre para el segundo año de mandato de Macri es el peor desde 1999 (año a partir del cual las Tablas Dinámicas permiten discriminar la producción mensualmente). La caída respecto de 2015 es del 10 por ciento.
El modelo boliviano
Como anverso del modelo macrista de transnacionalización de la producción de energía y de pérdida de soberanía energética, en agosto del año pasado Bolivia creó la empresa estatal Yacimientos del Litio Boliviano, lo que representa un rotundo no a las multinacionales.
El plan de explotación de litio generará 1.500 millones de dólares anuales a Bolivia, que aventaja de lejos a Chile y Argentina, los otros dos países con grandes yacimientos del cotizado mineral.
El sitio informativo Nodal, que dirige el periodista Pedro Brieger, publicó un extenso informe respecto del plan de explotación de litio por parte de Bolivia: “La nueva empresa pública boliviana desarrollará los procesos de química básica de sus recursos evaporíticos con una participación del 100 por ciento estatal para la producción y comercialización de cloruro de litio, sulfato de litio, hidróxido de litio, carbonato de litio, cloruro de potasio, nitrato de potasio, sulfato de potasio, sales derivadas e intermedias y otros productos de la cadena evaporítica”.
La Cámara de Diputados aprobó la creación de la empresa estatal Yacimientos de Litio Boliviano (YLB), que reemplazará a la Gerencia Nacional de Recursos Evaporiticos y que dependía de la Corporación Minera de Bolivia.
“Al aprobar la creación de la empresa, se cambiará el futuro del país. Éste será un día histórico”, subrayó el ministro de Energías, Rafael Alarcón, bien lejos de los antojadizos argumentos de su par Aranguren.
El ministro aclaró que “para la fase de industrialización del litio se requerirá socios que aporten con tecnología, que Bolivia no tiene”, pero la ley es clara: el litio es de Bolivia.
Y para desmitificar que la lluvia de inversiones llega cuanto más neoliberal es un gobierno, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas de Bolivia, Luis Alberto Echazú, reveló que 25 empresas internacionales mostraron su interés en construir la Planta Industrial de Carbonato de Litio, en la región Uyuni-Potosí.
“Son 25 empresas de la más alta calificación, en resumen, son siete empresas chinas; dos de Inglaterra; cinco empresas de Bolivia asociadas con empresas extranjeras, una coreana, una de Estados Unidos, una de Rusia, tres españolas, una de México, una peruana y tres empresas alemanas”, detalló el funcionario.
No por nada, el Estado boliviano lleva adelante el proyecto de industrialización del litio y aventaja de lejos a Chile y Argentina, países que solo explotan y producen la materia prima y por empresas privadas transnacionales.
Echazú sentenció: “En agregación de valor les llevamos bastante tiempo, tenemos carbonato de litio en grado batería, que no tienen en Argentina ni en Chile, en segundo lugar tenemos una planta piloto de baterías, estamos avanzando en la planta de materiales catódicos y luego va a venir la planta industrial”.
Para dar una idea de lo que representa para el país hermano la explotación del litio, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera afirmó. “(el salar de) Uyuni es nuestro banco del siglo XXI, ahí está nuestro destino”.
El segundo del presidente Evo Morales lo explicó así: “La inversión en litio para nosotros es de carácter estratégico. Permitirá a Bolivia producir baterías de litio, cloruro de potasio para la agricultura y el combustible del siglo XXI, tritio para generar energía eléctrica por fusión de átomos”.
García Linera recordó un dato que por un lado es promisorio, pero por otro, con las aves rapaces que rodean al Estado Plurinacional, también representa un riesgo: “Bolivia cuenta con el 40 por ciento de la reserva mundial de litio y Bolivia tiene que tener un papel monopólico de la producción de litio y baterías de litio”.
Fuente: El Eslabón.
