En enero pasado se produjeron en el país más de 200 despidos y suspensiones por día, según un relevamiento del Cepa. Más de la mitad de las bajas fueron en la administración pública. Como si esto fuero poco, la Argentina ya lidera el ránking regional de caída del salario mínimo.
Quedarse sin empleo por cierre de fábrica, ser despedido, suspendido, precarizado o que el salario alcance cada vez menos para vivir dignamente, son calamidades de la era Macri y atraviesan a vastos sectores de la sociedad. El proyecto conservador de la derecha new age trae más exclusión, desigualdad y pobreza, el ajuste macrista arrasa: en enero se registraron más de 200 despidos y suspensiones por día en el ámbito público y privado, en casi todos los rubros y en diferentes puntos del país, según un relevamiento que realizó el Centro de Economía Política Argentina (Cepa). En 25 meses de la gestión PRO-UCR se produjeron más de 100.000 despidos y unas 70.000 suspensiones, de acuerdo a datos no oficiales. Esto engrosó en un 50 por ciento el nivel de desocupación. Los fríos números hablan de un verdadero genocidio social en nombre de “la revolución de la alegría”.
El primer mes del año trajo malas noticias para los trabajadores. El Cepa contabilizó un total de 6.639 cesantías y suspensiones en todo el país, de las cuales el 58 por ciento correspondió a la administración pública, con preponderancia del Estado nacional, pero también provincial y municipal, en su mayoría gobernados por Cambiemos. La cantidad de personas que se quedaron sin trabajo el mes pasado duplicó los guarismos de diciembre y de enero de 2017. Macri fomentó la nueva ola de despidos en otro verano caliente con la decisión de no renovar miles de contratos en el ámbito público nacional y con su llamado a la “austeridad”, enganchado al discurso de “terminar con beneficios personales en el Estado” y el desprecio manifiesto por un tipo de pasta italiana llamada “ñoqui”.
La poda laboral se sintió con fuerza en ministerios y organismos descentralizados. El informe detalló que en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti) hubo 260 despedidos, Coros y Orquestas del Bicentenario 240, Radio Nacional 233, la Televisión Pública 170, el Hospital Posadas 150, el Senasa 138, el Ballet Nacional de Danza Clásica 50, la Superintendencia de Seguros de la Nación 16. Hubo también despidos en los ministerios de Agricultura, Producción y Trabajo.
En enero, los medios de comunicación públicos fueron a desguace: entre la TV Pública, Radio Nacional y el Canal de la Ciudad de Buenos Aires sumaron 425 despedidos, sin contar los efectuados en la Televisión Digital Abierta (TDA), los canales Paka Paka, Encuentro, Depor TV, donde no se renovaron contratos. Se estima que 4.500 periodistas y comunicadores perdieron su trabajo en todo el país en los 25 meses que lleva el gobierno neoliberal de Cambiemos.
En empresas de capital estatal como YPF, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Fábrica Argentina de Aviones se contabilizaron en total 695 cesantías, siempre de acuerdo al reporte estadístico del Cepa, que desde que asumió Macri viene siguiendo de cerca el tema de los despidos.
El sector privado no se quedó atrás. Según el citado informe los despidos proliferaron en medios de comunicación, en la actividad textil (300 suspensiones) y fábricas de autopartes (350 bajas), y en los ingenios azucareros, que acumularon cerca de 1.000 cesantías. De los 2.761 despidos en empresas, el 82 por ciento (2.253 casos) correspondió al sector industrial, donde los tarifazos, la avalancha importadora y la retracción del consumo en el mercado interno provocaron un combo letal. El rubro alimentos y bebidas lideró el ránking de despidos. En tanto, el 22,5 por ciento de las cesantías se dio a raíz de cierres de turnos o de empresas. Números no oficiales, que no aparecen en este informe, hablan de 6.700 pymes desaparecidas por culpa de la apertura de importaciones y aumentos de los servicios.
La gran mayoría de los trabajadores afectados por las políticas de ajuste en curso volverá a ganar la calle como forma de protesta. Estatales anunciaron una huelga nacional para el jueves 15 de febrero, con cortes de rutas y caravanas. Seis días después, el 21F, diferentes expresiones sindicales, políticas, estudiantiles, movimientos sociales confluirán en la que se presume será una masiva movilización contra el gobierno, en defensa del empleo, el salario y las organizaciones gremiales.
La última gran marcha fue en diciembre contra la reforma previsional, un brutal ajuste para los jubilados. La nueva convocatoria opositora, que tiene a Hugo Moyano como protagonista principal, puso de relieve la interna en la CGT, donde se contraponen dos posicionamientos (con matices) frente a las políticas conservadoras del gobierno: los que acompañan y los que se oponen. La movida lanzada por Camioneros, que se fue tornando variopinta, también será una señal para la discutida reorganización del peronismo y hasta volverá a reconfigurar el mapa gremial y político de cara al futuro.
Tijeretazo al bolsillo
En otra faceta del ajuste macrista en la era Cambiemos, Argentina batió récord de caída regional en el poder adquisitivo del salario mínimo, al compás de una inflación galopante. En efecto, el salario redujo su poder de compra un 6,1 por ciento desde que el país se pintó de amarillo. Un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) mostró que la pérdida salarial más fuerte se dio en los gremios con menor capacidad de presión y sin cláusula gatillo contemplada en las negociaciones paritarias. El país también subió en el costo de combustibles y electricidad.
Así, Argentina lideró la pérdida de poder adquisitivo por encima de Paraguay, que registró una baja de 4,7 por ciento en la capacidad de compra de su salario mínimo; de Brasil, cuyo retroceso fue de 3,4 por ciento entre 2015 y 2017; y de Perú, que bajó el 1 por ciento. “Esto obedeció a un fuerte deterioro en 2016 y una parcial recuperación en casi todos los casos, salvo el paraguayo”, se indicó en el trabajo. Por el contrario, según agregó el documento, en Bolivia el poder adquisitivo creció 8,2 por ciento; en Chile 6,2 y en Uruguay 4,9 por ciento en los últimos dos años.
En el caso argentino, “el proceso de deterioro del poder adquisitivo en los últimos dos años tuvo su raíz en el incremento sostenido en el nivel de precios, con un desacople muy marcado respecto de la variación en los ingresos en 2017. El año pasado, por su parte, el establecimiento de cláusulas gatillo en los principales convenios colectivos permitió frenar el proceso de deterioro, aunque la enorme porción de las ramas de actividad no han logrado recuperar la caída de salarios reales producida en 2016”, se explicó en el trabajo del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.
Para clarificar, el estudio comparó las cantidades de determinados bienes de la canasta básica que podían comprarse en 2015 y 2017 en los que se evidencia la pérdida de poder adquisitivo. Por caso, con el salario mínimo pueden comprarse 7,4 por ciento menos litros de leche y 7 por ciento menos kilos de carne. El informe expresa en parte los fundamentos que avivan los reclamos gremiales, que pelean por perforar el techo del 15 por ciento del gobierno para las paritarias de este año, mientras intentan atajar despidos y suspensiones.
