Por día, en Santa Fe, diez laburantes se quedan en la calle. A pesar de su invisibilización en los registros y medios de comunicación públicos y privados oficiales, la sangría de trabajadores despedidos desde que comenzó el año, que en el orden nacional ya superó el número de 6000, y no para, tiene su correlato local. Con más de 350 en 2018, la pérdida de empleos en la provincia representa el 5 por ciento del total país. La apertura de importaciones, la caída del mercado interno, el desmantelamiento de organismos de la administración federal y la persecusión gremial, políticas impulsadas por el gobierno de Mauricio Macri, aparecen entre las principales razones que denuncian desde el movimiento obrero. Sindicatos estatales preparan un paro para el jueves próximo.
No hay información oficial sobre despidos. Lo que los Estados sí publican son datos de empleo y desempleo. Trazos gruesos de la evolución del trabajo registrado. Las 6.639 cesantías y suspensiones contabilizadas esta semana por el Centro de Economía Política Argentina (Cepa), durante 2018, son invisibles para las estadísticas gubernamentales. Las 368 personas que se quedaron sin laburo en Santa Fe, según el relevamiento que pudo realizar este medio, “no mueven el amperímetro” como para modificar los guarismos que publica el Observatorio del Ministerio de Trabajo de la provincia o el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Para aproximarse a la infortunada cifra santafesina, que se debe tomar como incompleta por la ausencia de fuentes estatales al respecto, el eslabón recurrió a la información de los sindicatos, es decir, a lo que denuncian los propios trabajadores afectados y sus organizaciones.
Según los datos aportados por distintas delegaciones de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), estos son los despidos registrados en sedes santafesinas de organismos públicos nacionales: Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), 6 (4 en Rosario y 2 Rafaela); Ansés, 18 (12 en Rosario y 6 en otras delegaciones provinciales); Agricultura Familiar, 13; Desarrollo Social, 4; Fábrica de Armas de Fray Luis Beltrán, 35 (anunciados en vísperas de Navidad); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), 23 (6 son de Rosario); Radio Nacional, 2 (uno de Rosario y otro de Santa Fe capital). Total: 101.
En el sector privado, las pérdida de empleo relevadas son las siguientes: Ilolay Suardi, 70; Cargill Punta Alvear, 44 (cuatro aceptaron retiros voluntarios), La Virginia Rosario, 1; Vassalli Firmat 52 (comenzaron como despidos y concluyeron como retiros voluntarios); Grimoldi Arroyo Seco, 20; Electrolux Rosario, 80 (dos despidos sin causa, una veintena de retiros voluntarios y el resto son contratos dados de baja –ver nota en página 5). Total: 267.
La caída de las ventas por contracción del mercado interno (“los salarios cada vez alcanzan menos”, se quejan) y la “apertura de importaciones”, son algunas de las variables que señalan los gremios a la hora de analizar el comportamiento de los empresarios, que a la vez encuentran un Estado nacional en la misma sintonía, que también achica y despide trabajadores; y que juega a su favor desde el Ministerio de Trabajo, tanto a la hora de arbitrar en los conflictos laborales, como en las paritarias.
El desmantelamiento de organismos estatales para ceder terreno al mercado, la desarticulación de instrumentos de apoyo a los sectores pequeños de la economía que dinamizan el mercado interno, de desarrollo industrial nacional; el ajuste neoliberal clásico (estilo FMI) y la persecusión gremial, figuran entre las principales razones que encuentran los sindicatos para explicar políticamente la nueva “ola” de despidos en el sector público federal, cuyo punto más alto se da en Buenos Aires con alrededor de 4000 trabajadores echados.
Según la mirada de Adolfo Avallone, secretario administrativo de ATE Santa Fe, titular adjunto de la CTA de los Trabajadores de la provincia y delegado del Senasa, “lo que el gobierno de Mauricio Macri persigue con los despidos en el Estado es un desguace de cada uno de sus organismos”. “Por ejemplo, en el INTI, no quiere favorecer el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, ni de las empresas nacionales para lo que fue creado, lo que pretende es achicar y ajustar el organismo en función de la defensa de los intereses que defiende el gobierno, que son los grandes capitales”, explicó Avallone este jueves en diálogo con el eslabón.
“En el caso del Senasa, no sólo se pretende despedir, sino transferir funciones”, añadió el dirigente, y amplió: “En un área que nosotros denominamos de inocuidad alimentaria, tomaron la medida de transferir la responsabilidad en el proceso de elaboración de los productos para consumo interno. Esto impacta en todos los productos que van a consumo interno. En los establecimientos inspeccionados por Senasa, se retira la inspección y se deja en manos de los propios productores de alimentos, sin ningún tipo de control efectivo, con las consecuencias que eso tiene no sólo en la salud humana, sino las que puede tener en la economía ante cualquier circunstancia o suceso sanitario que se pueda presentar”.
Para Avallone, la orientación del ajuste tiene una perfecta coherencia con el proyecto político y económico del macrismo. “Lo mismo ocurre con Agricultura Familiar, que tenía por objetivo apoyar el desarrollo de los minifundistas. Todo eso, ellos lo consideran un gasto y no una inversión”, apuntó el referente sindical, que mientras hablaba por teléfono con este medio, participaba de una toma de la sede central del Senasa en Buenos Aires.
“Además, de cada uno de los organismos desguazados terminan haciendo un negocio, como en el caso de Fabricaciones Militares, donde le hacen hacer negocios a sus amigos con la compra de armas, chalecos y otros elementos importados”, aseguró el dirigente de ATE.
El titular de la delegación Rosario de ATE, Raúl Daz, también denunció la “entrega al sector privado de instrumentos estatales”, al referirse a lo que ocurre con organismos como el Senasa o el INTI, cuyos trabajadores recibieron una abrazo solidario este viernes en su sede de Rosario.
“Donde había cuatro, ahora habrá una persona, el control queda en manos de las empresas, del sector privado”, indicó Daz a este medio. “Esto lo tenían pensado de hace tiempo”, advirtió el sindicalista rosarino, quien además repudió “el mecanismo” con que la administración macrista comunica los despidos en los órganos del Estado. “No hay sumario interno, los telegramas no llegan”, ilustró. “Te avisan que no podés entrar con una lista interna que no te dejan ver”, agregó.
Junto a las altas temperaturas, el primer mes y medio del año estuvo signado por los despidos y las numerosas acciones sindicales en defensa de los puestos de trabajo. La calentura en ascenso marcará otro pico cuando los empleados públicos de todo el país, nucleados en ATE, lleven a cabo el paro nacional decretado para el próximo jueves 15 de febrero.
El pronóstico no augura una mejora del clima laboral. Nuevos despidos, más persecución y carpetazos contra dirigentes, reformas antiobreras y pactos fiscales en las provincias, caída de los salarios e inflación, asoman sobre el horizonte.
Todos factores que explican la convocatoria (ver recuadro) lanzada para el 21 de febrero por sectores de la CGT encabezados por Hugo y Pablo Moyano, a la que se sumaron la Corriente Federal de Trabajadores, las dos CTA, movimientos sociales y diversos espacios opositores. Ojalá que llueva café.
