El caso de María de los Ángeles Paris, la docente hallada muerta en la Comisaría 10a de Rosario, tendrá este martes una jornada clave cuando se realice la pericia a los celulares secuestrados en el marco de la investigación.
La audiencia será a las 10 de la mañana en en el edificio de la Policía Federal ubicado en Azopardo 670 de la Ciudad de Buenos Aires.
En la pericia, que se realizará diez meses después de la muerte “en custodia” de María de los Ángeles, se analizarán siete teléfonos celulares: uno que pertenecía a la docente y seis secuestrados al personal de la Seccional 10º, entre ellos el del comisario. “Cabe destacar que dichos teléfonos fueron secuestrados recién 15 días después de ocurrido los hechos”, se quejaron desde la familia.
“Estas demoras dimensionan los obstáculos que, desde el principio, se pusieron a la investigación”, explicaron desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), que junto a la Cátedra de Criminología y Control Social de la UNR y Amsafé Rosario representan y acompañan a la familia de la docente.
A través de un comunicado, los abogados también aclararon que “hay muchas pruebas que se perdieron, hecho que dificulta llegar a la verdad de lo que ocurrió dentro de la Comisaría 10a”. Entre los registros documentales “extraviados” se cuentan las imágenes de las cámaras de seguridad, que no fueron guardadas, y la ropa que vestía María de los Ángeles al momento de su muerte.
Tal cual lo recuerda el comunicado de la Apdh, María de los Ángeles Paris era una bibliotecaria, que “el 3 de mayo pasado salió de la escuela Técnica N° 464, caminó por Pueyrredón hasta Santa Fe y entró al supermercado Carrefour”. “Ahí se encontró con una colega y su esposo, con quienes estuvo charlando un rato y quienes después la acompañaron a tomarse un taxi. Eran cerca de las 20 horas. Poco después moría en una celda de la comisaría 10a, ubicada en Darragueira 1156 del barrio Alberdi. Estaba esposada”, añade el texto.
Sobre el hecho, desde la Apdh remarcaron que primero las autoridades informaron que “fue un paro cardiorespiratorio, que sufrió una crisis, pero no se conoce el motivo”. “Tampoco explicaron por qué María de los Ángeles estuvo en esa seccional ese día. Su hija y su hermana la llamaron por teléfono porque no volvía a su casa. Los que atendieron el celular fueron los policías que se negaron a pasarles con Paris. «La tienen que venir a buscar acá», les dijeron”, remarcó el comunicado, para luego agregar: “Pero cuando llegaron la noticia fue que ya estaba muerta. No les dejaron ver el cuerpo. Les devolvieron sus cosas, algunas porque otras todavía no aparecen. El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro dijo, a los dos días, que ya no había nada que investigar. Y el gobernador Miguel Lifschitz dijo que «no hubo violencia»”.
Para la familia y sus representantes “lo cierto es que ese 3 de mayo María de los Ángeles fue tomada del cuello por el Comisario de la Seccional 10a de Rosario, arrastrada hacia el interior de la misma, esposada por la espalda, golpeada y abandonada boca abajo en un cuarto, mientras desde la vereda de enfrente la podían escuchar gritar”.
“Deconstruir la mentira –continúa el texto difundido por Apdh– implica decenas de presentaciones ante la Fiscalía, solicitudes a ministerios y secretarías, presentaciones ante organismos internacionales, como la que hicimos en Mayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Hoy, los testimonios y el primer informe de la segunda autopsia realizado sobre el cuerpo de María de los Ángeles confirman lo que venimos sosteniendo desde el primer día: Sí hubo violencia. Hoy las voces oficiales nada dicen, ni se retractan, ni se disculpan, ni asumen un compromiso a la altura de la responsabilidad que les cabe en este caso”.
“El negacionismo estatal, el descreimiento a las víctimas, la estigmatización de quienes sufren el accionar represivo ilegal del estado no son, tristemente, métodos nuevos. Son los mecanismos que utilizan no sólo los Estados terroristas, sino todos los estados que desde el aparato represivo pretenden contener las problemáticas a las que deberían responder con políticas públicas de integración y de respeto por los derechos humanos”, concluye el comunicado.
