El fiscal Gustavo Ponce Asahad brindó este viernes una conferencia de prensa en la que detalló los resultados de cinco allanamientos realizados en Rosario y provincia de Buenos Aires. Hay un policía federal detenido.
Un policía federal de la provincia de Buenos Aires y otros cuatro demorados fueron el saldo de una serie de allanamientos realizados el jueves pasado, en el marco de la investigación por las amenazas vía Whatsapp contra referentes de derechos humanos, dirigentes sociales, sindicales y políticos de la ciudad. Las tres personas de Rosario fueron dejadas en libertad la mañana siguiente. “Hemos logrado identificar una serie de números a partir de los cuales se hizo una tarea de investigación criminal que encabeza la Policía de Investigaciones de la provincia de Santa Fe”, explicó este viernes Ponce Asahad, en el marco de una conferencia de prensa realizada en la sede local del Ministerio Público de la Acusación.
Acompañado por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Marcelo Trucco, Asahad informó que se “llevaron a cabo cinco allanamientos autorizados por el Colegio de Jueces los cuales arrojaron elementos positivos”. “Se ordenaron cinco detenciones y en el día de la fecha he procedido a firmar tres liberaciones, de los detenidos en la ciudad de Rosario, que quedaron a disposición de la fiscalía. Quedan en calidad de detenidos hasta el momento dos personas de la provincia de Buenos Aires, donde también hubo allanamientos. Estas dos personas van a ser llevada a audiencia imputativa el próximo lunes”, afirmó el fiscal, que precisó además que “hay muchos números localizados fuera de la jurisdicción de la provincia de Santa Fe”, y añadió que por ese motivo habrá nuevas medidas.
“En este caso es indudable que hay una tarea de inteligencia, porque se han creado grupos de Whatsapp a los cuales se han agregado números de personas que tienen que ver tanto en su calidad de denunciantes o querellantes de delitos de lesa humanidad, se han agregado funcionarios o magistrados del fuero federal que intervienen en esas causas que tramitan en la ciudad de Rosario, y también a dirigentes políticos, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales, concejales mandatos cumplidos y funcionarios de esferas de la provincia”, describió Ponce Asad ante la prensa.
También detalló que “los allanamientos en territorio bonaerense se realizaron porque se identificó al titular de la línea desde la cual partieron las amenazas calificadas que cercenaron la libertad y los derechos de las personas amenazadas. Dimos con el lugar, con el titular de la línea y secuestramos los teléfonos”, subrayó el fiscal.
El miércoles 28 de marzo, organismos de derechos humanos de Rosario denunciaron que desde principios de mes, personas desconocidas venían creando grupos de Whatsapp en los que compulsivamente y de manera reiterada se añadía a referentes del movimiento de derechos humanos, dirigentes sindicales, sociales, y legisladores nacionales, provinciales y locales con fines intimidatorios y amenazantes. “Muerte a Milagro Sala” o “Tucu vive”, son algunos de los nombres de los grupos creados en los que se profirieron amenazas como “Están todos secuestrados”, “Disfruten sus últimas horas libres” o “prepárense para ser raptados”.
El sábado siguiente, los organismos ampliaron la denuncia y presentaron capturas de pantallas de grupos con nombres como “el Nuevo Videla”, “Muerte a las denunciantes”, “Zitelli Vive” o “Fiscales Hijos de puta”, en los que además de las intimidaciones ya habituales se incluyeron fotos de algunos de los ingresados compulsivamente a los grupos y de sus hijos.
