Con cadena y candado en la puerta, policías y gendarmes custodian la casa de Milagro Sala. “Las llaves la tienen los gendarmes, y para entrar o salir, hasta su esposo –que también reside allí– depende de ellos para poder pasar”, indica Eli Gómez Alcorta, abogada defensora de la dirigente social jujeña.
“Prisión domiciliaria no es trasladar el régimen penitenciario a un domicilio. Ningún genocida, ninguna persona padece una situación como la que vive Milagro”, advierte la abogada, y detalla: “Quince causas de distintos tipos le crearon, desde gente que denuncia que al estar en su casa alguien pasó y la amenazó gritándole que no se meta con la Flaca, hasta administración infiel o uso de dineros del Estado para construir casas”.
“Siempre aparece como instigadora, no como autora, y con acusaciones como «ella mandó a pegarme», pero siempre son sólo imputaciones”, señala. Y sobre la salud Sala, de 64 años, cuenta: “Está mejor que cuando estaba en el penal. Ella tiene problemas gastrointestinales crónicos, algo que obviamente se agravó en prisión, pero ahora es controlada y se siente mucho más fuerte. Le permiten visitas sólo martes, jueves y sábado”.
Detenida por instigar
“Hoy Milagro cumple 815 días de prisión, siendo inocente”, advirtió su defensora el martes 10 de abril, en el encuentro “Derechos humanos vs neoliberalismo”, donde participó de un panel junto a los también abogados Gabriel Ganón (penalista y criminólogo, ex defensor general de la provincia de Santa Fe y querellante en causas de violencia institucional), y Gabriela Durruty (querellante en causas de lesa humanidad por organismos de derechos humanos y miembro de Ciudad Futura).
La charla, convocada por Patria Grande Rosario en el Museo de la Memoria, fue coordinada por Fernando Rey, referente de la agrupación y activista por los derechos humanos.
Cabe recordar que Milagro fue detenida el 16 de enero de 2016, en su vivienda de San Salvador de Jujuy y en un operativo realizado por personal no identificado y sin presencia de miembros de la Justicia. El cargo esgrimido era “instigación a cometer ilícitos y tumulto”, durante un acampe realizado un mes antes en la capital provincial, organizado por la organización Tupac Amaru contra la administración de subsidios del gobierno de Gerardo Morales. El funcionario radical ya había iniciado, en 2009 y siendo senador, causas contra la luchadora social o “piquetera”.
“Sigue siendo inocente”
“En diciembre de 2016 la condenaron a tres años en suspenso, pero la sentencia no quedó firme, y en diciembre del año pasado la absolvieron. Así que Milagro sigue siendo inocente y sin condena de prisión”, dice la letrada que representó a víctimas del Terrorismo de Estado en sus intervenciones como querellantes en juicios por causas de lesa humanidad, y señala que “el Poder Judicial de Jujuy pidió una prórroga en enero, lo que demuestra que es una presa política de Gerardo Morales”.
Esas “desprolijidades” motivaron a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) actué e incluso enviara a altos funcionarios a visitar a Milagro en prisión, para constatar las condiciones en que se hallaba. También se reunieron con el gobernador jujeño.
En una resolución firmada el 23 de noviembre de 2017, la Cidh ordenó que el Estado argentino “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala, en contexto de la privación de libertad en el que actualmente se encuentra”. Luego le otorgaron la prisión domiciliaria, pero el inmueble designado no estaba en condiciones de ser habitado y fuer militantes de la Tupac quienes lo mejoraron. El 30 de agosto fue llevada a una casa del barrio La Ciénaga, pero a mediados de octubre es trasladada nuevamente, y en forma ilegal, al penal de Alto Comedero, por una orden del juez Pablo Pullen Llermanos, quien revocaba la prisión domiciliaria solicitada por el fiscal e ignoraba la cautelar de la Cidh. Un verdadero ejemplo del accionar persecutorio y represivo del gobierno de Gerardo Morales.
El 5 de enero del corriente año, el fiscal Diego Cuzzel solicitó un operativo de excavación en el dique La Ciénaga, por sospechas de que Milagro escondía dinero bajo tierra. Ante la ansiosa cobertura de medios periodísticos que esperaban hallar la fortuna, no encontraron nada.
La abogada defensora de la dirigente social afirma que “es imposible pensar lo de Milagro en forma aislada, hay que articularlo con las detenciones de militantes, el pedido de desafuero de Cristina, el caso de Lula. Milagro es su seria oponente política y Morales no podía gobernar con ella libre, por eso la detienen a los días de asumir el gobernador”. Y también indica que “Lula tenía el apoyo de la mayoría brasileña y molestaba a los sectores de derecha, por lo que también es detenido”. “El ciclo progresivo que vivimos hace años en la región fue histórico y para detenerlo debían romper esos proyectos y atacar a dirigentes populistas, en el buen sentido de la palabra”, afirma.
Economía y derechos humanos
En el transcurso del encuentro en el Museo de la Memoria, Eli Gómez Alcorta señaló que “la política económica del actual gobierno, con los aumentos de tarifas, despidos, ajustes en la reforma provisional, endeudamiento externo y cierre de fábricas, son parte de un paquete de medidas que guardan una absoluta relación con el desaceleramiento de los juicios de lesa humanidad, el desmantelamiento de políticas de verdad y justicia, el cierre de dependencias y oficinas públicas que hicieron posible que durante muchos años los Ministerios de Justicia y Defensa nos acompañaran en los juicios”.
“El gobierno se ha ensañado con un ataque feroz a sus organizaciones, lideresas y líderes”, agrega la también militante por la igualdad de género que además preside el Movimiento de Profesionales para los Pueblos e integra la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas, y subraya que “el actual gobierno vino a romper el principio delimitador entre seguridad interna y defensa nacional. Y utiliza la prisión preventiva como herramienta central de su proyecto”.
“Hay que pensar estrategias desde el derecho, para luchar contra el uso del derecho que es usado para matar pibes o para encarcelar a encarcelar a dirigentes sociales y que no pase nada”, fustigó, y recordó que “en los años 70, las graves violaciones a derechos humanos, la represión ilegal, también se desató contra la clara transformación de la estructura social y económica que se disputaba. En el 74, la distribución del ingreso era del 48 por ciento a favor de los trabajadores, pero tras el 82, ese 48 se redujo al 22 por ciento”.
“La idea de la vigencia de los derechos humanos –sostiene- se refiere a un mundo más justo. Pero el neoliberalismo requiere un individuo sin comunidad, sin solidaridad, competitivos y emprendedores que inviertan en su propia vida, donde lo comunitario no cuenta”, fustigó. En ese sentido, señaló que “los medios hegemónicos buscan disciplinar y aportar a moldear y controlar nuestros deseos para impulsar el consumismo. Por ello, es fundamental que la lucha por los derechos humanos, además de referirse a la memoria verdad y justicia, también remarque lo comunitario”.
“El Cantri” del espacio compartido
La demonizada Túpac nació, en los 90, como una organización barrial que logró una amplia participación de los sectores excluidos en Jujuy y otras provincias. Su trabajo territorial partió desde la base de trabajadores públicos desocupados, cercanos a la CTA.
Jaime Sorín, arquitecto y ex decano de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires (UBA), caracterizó a la obra de la Tupac, en el Alto Comedero (conocido como “el Cantri”), como “un modelo de ciudad poscapitalista”. “Las viviendas, escuelas, centros comunitarios, centros de salud y el parque acuático, tienen como mirador el templo Kalasasaya, réplica del espacio sagrado de las comunidades aymara en Bolivia”, afirmó.
Se construyó “otra política, que ponía el centro en la reivindicación de derechos sociales y económicos de sujetos hasta entonces estigmatizados por un ordenamiento jerárquico, étnico y social”, señaló el académico en una nota de Página|12, de enero de 2017, y concluyó: “La Tupac impuso el derecho a la ciudad como espacio socialmente compartido”.
