Catorce organismos de DDHH, encabezados por Abuelas, Madres, Hijos, APDH y Cels, presentaron en la Cámara Federal de Rosario un escrito con numerosos argumentos contra la reapertura del caso impulsado por grupos pro-dictadura.
El intento de los grupos pro-dictadura de reinstalar institucionalmente la teoría de los dos demonios como estrategia para avanzar hacia la impunidad de los genocidas, a través de la reapertura del caso Larrabure –un militar que se suicidó en 1975 mientras estuvo secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)–, se acerca a su desenlace. Mientras la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario evalúa si da curso al pedido de los defensores de los represores o sostiene la jurisprudencia marcada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del propio juez que recibió –y rechazó– la solicitud, catorce organizaciones de derechos humanos presentaron este jueves 24 de mayo un “Amicus Curiae”, escrito judicial dirigido a los camaristas en el que Abuelas, Madres, Hijos, Familiares, APDH y el Cels, entre otros, definen taxativamente qué es un crimen de lesa humanidad. “Están apuntando a distorsionar en la sociedad la comprensión del pasado, negando el terrorismo de Estado”, plantean los organismos en su documento.
La presentación realizada el jueves pasado, que la Cámara Federal deberá resolver si admite o no, cuenta con el apoyo de Abuelas de plaza de Mayo, Madres de plaza de mayo (línea fundadora) Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Servicio de Paz y Justicia, Asociación Nueva Memoria, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Comisión Memoria Identidad y Justicia Zona Norte.
En marzo de este año, cuando se realizó una primera audiencia en la Cámara Federal local por el tema, las organizaciones de derechos humanos de Rosario habían denunciado “una avanzada de los grupos pro-dictadura”. “Para que un hecho pueda ser considerado crimen de lesa humanidad debe ser cometido por el Estado o con la aquiescencia de éste, cosa que no ocurrió en este caso”, señalaron además.
Sobre el caso
Según explicó en un informe sobre la causa Gabriel Ganón, abogado junto a Pablo Llonto de Juan Arnol Kremer –el acusado por la querella de Larrabure–, en el caso que se intenta reabrir “pretenden enjuiciar los hechos de la ocupación de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, Córdoba, acción emprendida por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo el 10 de Agosto de 1974, seguida de la toma como prisionero de Argentino del Valle Larrabure”.
Un año después de aquel operativo, cuando el 23 de agosto de 1975 el cadáver de Larrabure fue encontrado en Rosario, las primeras actuaciones y pericias judiciales daban crédito a la versión de la organización guerrillera de que –a diferencia de otros casos en los que el ERP reivindicaba “el ajusticiamiento” de la persona– el militar se había suicidado. Inmediatamente las fuerzas armadas manipularon la causa y el cuerpo de Larrabure para montar la historia del asesinato que se sostiene hasta nuestros días por los grupos pro-dictadura, y con la que se justificó en aquel año una feroz cacería humana que dejó un reguero de desaparecidos.
La querella apunta a que se impute a Juan Arnol Kremer, sosteniendo que la toma de la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, los días de cautiverio clandestino y el destino final de Larrabure, son delitos de lesa humanidad, que no están prescriptos y por lo tanto tienen en el acusado y otros a los responsables de esa autoría mediata.
Alerta impunidad
Las organizaciones de derechos humanos denuncian que detrás del intento de reapertura del caso, que ya fue investigado, juzgado y tuvo condenas entre 1975 y 1983, se esconde la intención de provocar un quiebre que desande la jurisprudencia argentina en materia de juzgamiento a los criminales de lesa humanidad, como paso previo a la impunidad de los genocidas de la última dictadura cívico militar.
Con una suerte de operación “Teoría de los dos demonios parte II”, lo que los grupos pro-dictadura pretenden es poner hoy en el mismo lugar que los genocidas, a los integrantes de las organizaciones populares y guerrilleras de los sesenta y setenta, cuyo objetivo era un proyecto de país independiente, con justicia social e integrado a latinoamérica. Sentar a los militantes y sobrevivientes, testigos del horror, en el banquillo de los acusados junto a los criminales de lesa humanidad que integraron el aparato del terrorismo de Estado que secuestró, torturó, violó, robó bebés, conminó al exilio, asesinó y desapareció a cientos de miles de argentinos, con el objetivo de imponer un modelo al servicio del poder económico concentrado local y transnacional.
Amicus
Entre otras firmas al pie del escrito presentado el jueves pasado ante la Cámara Federal de Rosario, se destacan las de Estela de Carlotto (Abuelas), Nora Cortiñas (Madres), Horacio Verbitsky (Cels), Lita Boitano (Familiares), Norma Ríos (APDH), Anabela Montaner (Hijos) y el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel.
“Solicitamos ser tenidos como Amicus Curiae para someter a vuestra consideración argumentos de relevancia para la resolución de la cuestión planteada”, dice la presentación de los organismos de derechos humanos, que pretende “contribuir con un interés objetivo en la suma de otros fundamentos, en un dictamen jurídico que contiene antecedentes, principios y argumentos de derecho constitucional, nacional e internacional de relevancia respecto del concepto de crímenes de Lesa Humanidad”.
Un Amicus Curiae (palabra de origen latino que podría traducirse como “amigos del tribunal”), tal cual se explica en el escrito presentado por los organismos, tiene por objeto que “terceros ajenos a una disputa judicial, pero con un justificado interés en la resolución final del litigio, puedan expresar sus opiniones en torno a la materia, a través de aportes de trascendencia para la sustentación del proceso judicial”.
Además de fundamentar su interés legítimo en los más de 40 años de lucha por memoria, verdad y justicia, las organizaciones de derechos humanos, recuerdan en el Amicus que año tras año han debido enfrentar a quienes “intentan implantar la falsa y perversa «teoría de los dos demonios», y equiparar así el terrorismo de Estado con las acciones de las guerrillas de los 60 y 70”.
“Todos los firmantes de este Amicus –señala el documento judicial–, nos identificamos claramente con la toma de posición como grupos interesados para que en la Argentina NO se adopte, desde la Cámara Federal de Rosario, una posición que aliente la llamada “Teoría de los Dos Demonios” cuyo objetivo apunta a distorsionar en la sociedad la comprensión del pasado, negando el terrorismo de Estado y los itinerarios de la represión desde el Estado”.
En el escrito, se remarca que “ni el Ejército Revolucionario del Pueblo, ni otras organizaciones guerrilleras que actuaron en los años 60 y 70, fundamentalmente como respuesta a la represión de las dictaduras o los gobiernos que emplearon el terror como método de disciplinamiento económico, social, gremial y político, tuvieron jamás control territorial en la Argentina o pudieron moverse libremente en el territorio”.
Para demostrar esa afirmación, el Amicus acompaña una frondosa cantidad de documentos oficiales del propio Ejército Argentino y declaraciones de personal militar de la época, que desmiente ese concepto, el del control territorial, que esgrimen los impulsores de la causa Larrabure.
En esa misma línea, los organismos recordaron los argumentos del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, quien recibió en un primer momento la solicitud de reapertura del caso Larrabure, que luego rechazó, cuando en diciembre de 2017 sentenció: “No se encuentra demostrado que quienes hayan participado en su ejecución (de los hechos señalados), hayan actuado en esos momentos al amparo de una protección estatal, ya sea del Estado Argentino o extranjero, como plan de persecución a la población civil y con control territorial”.
Ya lo dijo Lorenzetti
Entre los poderosos argumentos presentados por los organismos de derechos humanos a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en su Amicus Curiae sobre el caso Larrabure, se trae a cuento una voz por demás de autorizada y de peso para la Justicia: la del presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti.
Las organizaciones citan un largo tramo del libro Derechos Humanos, Justicia y Reparación, de Lorenzetti, en el que se afirma que “la categoría de los delitos de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad se fue construyendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX” y que “conforma una de las categorías de delitos definidas por el derecho internacional que pueden generar responsabilidad penal sobre la base de las propias reglas del ordenamiento jurídico internacional”.
“Fue la experiencia del nazismo la que impulsó su surgimiento en la escena internacional, al constatarse la posibilidad de que el Estado se volviera contra sus propios ciudadanos. Se declaró una guerra, se elaboraron teorías para justificar el exterminio y se utilizaron medios tales como torturas, homicidios, secuestros, allanamientos”, dice el presidente de la Corte en su obra. Y añade: “La magnitud del espanto en plena mitad del siglo XX hizo que se reaccionara mediante instrumentos que permitieran sancionar de un modo contundente a quienes cometieran esos actos para que no se repitieran”.
“Los exterminios –sigue la cita de Lorenzetti– continuaron durante el siglo XX y, lamentablemente persisten. Estos episodios han demostrado que no es necesaria una guerra para que exista un ataque sistemático o generalizado contra la población civil. El delito de lesa humanidad se va configurando entonces con algunos elementos particulares que le dan un carácter excepcionalísimo. No se trata simplemente de un homicidio o de torturas o de secuestros aislados, sino de una planificación sistemática y organizada de atacar a la población civil”.
“A pesar de que los crímenes de lesa humanidad puedan ser cometidos también en tiempos de guerra, en general son el producto del establecimiento de un estado totalitario que se propone el exterminio de sus opositores. No son habitualmente cometidos en contra de la ley, por el contrario en muchos casos, se invoca una norma que los respalda”, cierra el extenso párrafo de Lorenzetti, citado por los organismos de derechos humanos.
