El Concejo decidió convocar al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro para que informe sobre las políticas y medidas de prevención y seguridad respecto de los reiterados hechos de violencia institucional en Rosario.
Las comisiones de Seguridad Pública y Comunitaria, y Gobierno consideraron el proyecto de decreto presentado por los concejales Norma López, Roberto Sukerman, María F. Gigliani, Marina Magnani, Andrés Giménez y Eduardo Toniolli.
La iniciativa plantea que Pullaro brinde informes acerca de políticas que se están realizando y a realizarse para prevención y control en la ciudad, y en tal sentido, que también de precisiones en cuanto a las medidas tomadas sobre los hechos ocurridos y que se encuentran en proceso tanto en el ámbito de la Justicia Provincial como Federal.
En los considerandos se expresa que “resulta fundamental conocer las líneas de acción y de participación de los distintos actores intervinientes, máxime teniendo en cuenta el último informe del Comité contra la Tortura de ONU donde se publicaron las conclusiones finales y recomendaciones sobre el quinto y sexto informe del Estado Argentino, donde figura la preocupación por la persistencia de la tortura en los lugares de encierro, las detenciones ilegales en las comisarías, entre otras”.
Además, se manifiestan “las preocupaciones por la persistencia de la tortura y los malos tratos en los lugares de encierro y otros ámbitos que dependen de las fuerzas de seguridad, el elevado número de muertes en lugares de detención y la falta de información sobre los resultados de las investigaciones de esas muertes, ocupan un lugar central dentro del diagnóstico u las recomendaciones elaboradas por el organismo”, y que “dichas situaciones hacen directamente responsable al Ministerio de Seguridad de la Provincia”.
En la misma línea, se considera que “en los últimos años se vienen sucediendo una serie de hechos de abuso policial por parte de las fuerzas de Seguridad de la Provincia de Santa Fe. Muchos de ellos ocurridos en el ámbito de la ciudad de Rosario relacionados con situaciones de supuestos abusos y excesos por parte de las fuerzas policiales de la Provincia de Santa Fe. Que en alguno de los casos ha derivado en la muerte de las personas involucradas como los más emblemáticos de Jonathan Herrera, Gerardo “Pichón” Escobar, Franco Casco, María de los Ángeles Paris, Emanuel Medina y David Campos, entre otros.
Dichas situaciones hacen directamente responsable al Ministerio de Seguridad de la Provincia”.
En el proyecto se insiste en que “en la mayoría de los casos derivaron en detenciones policiales por su participación en los hechos, no sólo en la acción del abuso sino también en el ocultamiento y encubrimiento de dichos abusos, y que “en la mayoría de los casos ha quedado demostrada la ilegalidad del proceder policial y la violación de todos los procedimientos y garantías que se exigen para estos casos”.
También se puntualiza que “no se observan medidas claras por parte del Ministerio de Seguridad Provincial tendientes a solucionar este tipo de hechos ilegítimos”, que en “alguno de los casos investigados terminaron con la muerte de los ciudadanos, lo que marca la gravedad de dichas situaciones”, y que “el ministro Pullaro ha sido convocado en varias oportunidades por este cuerpo durante el año 2016”.
El cuerpo parlamentario señala, asimismo, que ante “la reiteración y la gravedad de los casos en el año 2017 se conformó la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que viene denunciando y acompañando a los familiares y víctimas de dichos delitos y plantea la permanente preocupación por la falta de políticas efectivas tendientes a dar respuesta y solución a hechos de tamaña gravedad institucional”.
Se precisa, además, que “a partir de la presentación de un extenso y completo informe alternativo sobre la situación de los DD.HH. en la provincia de Santa Fe, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó su preocupación por la falta de autonomía que tiene el Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe y las violaciones a los derechos humanos en la provincia que incluye tres casos de desaparición forzada de persona”.
El texto de consideración finaliza así:
“Que el informe presentado por la Defensa Pública da cuenta sobre las sucesivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado contra las personas vulnerables de la sociedad santafecina. En este sentido se enumeran casos testigo de violencia institucional y falta de acceso a la justicia por parte de víctimas de torturas, malos tratos y demás afectaciones a los Derechos Humanos; hostigamiento y violación de la autonomía funcional y autarquía financiera que posee la Defensa Pública por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe; permanente utilización de la detención arbitraria bajo la figura de averiguación de antecedentes y/o identidad; falta de adecuación y/o aplicación de legislación que amplía derechos como ser la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; que el Estado argentino instrumente una nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil; la utilización abusiva, irrestricta y más allá del plazo razonable de la prisión preventiva; las pésimas condiciones en las que se encuentran los lugares de detención tanto policiales como penitenciarios; entre otros.
Que en el mes de abril del corriente año la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina se reunión con el relator especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, Nils Melzer, a quien le entregó una serie de denuncias sobre las gravísimas violaciones a los derechos humanos en distintas causas, entre ellas la muerte de María de los Ángeles París y el caso de abuso de poder por parte de personal de la comisaría 14 de Rosario contra varios jóvenes”.
