La palabra de Mauricio Macri no vale nada. La credibilidad del Presidente va en caída libre, al igual que su imagen, como relevan las encuestas de los últimos meses. Se palpa en la calle, en el súper del barrio o en la cola del banco.
Durante la campaña electoral que lo depositó en el sillón de Rivadavia, Macri había dicho que terminaría con la corrupción y que no gobernaría sólo para los ricos, que no habría amnistía para los genocidas de la dictadura, ni devaluación, endeudamiento, despidos, desregulación de la economía, tarifazos, represión y persecución política. Pero en sus dos años de gestión hizo todo lo contrario.
Llevó el dólar a las nubes, al igual que los precios de los alimentos y las facturas de los servicios públicos; pero sí bajó los impuestos a los grandes exportadores. Despidió a miles de trabajadores y recortó los presupuestos de áreas estratégicas del Estado como Ciencia y Técnica y Educación. Pisó las paritarias y abrió la importación, llevando a la industria nacional y el mercado interno a la ruina. Nos entregó a los usureros internacionales por cien años y acaba de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que profundizará el ajuste, la recesión y la dependencia económica. Persiguió y persigue, mediante una Justicia adicta, a sus opositores políticos, gremiales y sociales. Profundizó la concentración y permitió la conformación de enormes monopolios, como el nacido de la fusión de Clarín con Telecom a cambio de silencio y propaganda, mientras por otro lado ahoga a la prensa disidente. Habilitó negocios de parientes y amigos con dineros públicos, a los cuales encima les posibilita seguir fugando dólares hacia guaridas fiscales, donde él y su propia familia mantienen activas cuentas fantasmas.
Como si eso fuera poco, acabamos de conocer que desde el Gobierno robaron la identidad de miles de beneficiarios de planes sociales, de las bases del Ansés, para hacerlos figurar como aportantes a sus campañas electorales y así esconder de dónde salió esa guita.
Además reprimió con dureza diversas protestas, producto de lo cual volvimos a tener un desaparecido durante 78 días, Santiago Maldonado, hecho del que se cumplirá un año la semana que viene.
Por todo eso –y muchos otros desastres para la vida de la nación y el pueblo argentino, que no enumeramos para no transformar esta editorial en un documento del 24 de marzo–, ante el reciente decreto que habilita a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de seguridad interior –y a pesar de que Macri y sus funcionarios nieguen, juren y perjuren que la intención no es que los militares repriman la creciente protesta social–, las organizaciones de derechos humanos salieron, otra vez, a copar calles y plazas para rechazar la medida. El repudio fue masivo. Cada vez son menos los que creen su chamuyo.
