Desde el 21 de junio de 2013 cuando se entregó en la Jefatura de Policía tras permanecer tres semanas prófugo, Ariel Máximo Guille Cantero (29), uno de los líderes de la narcobanda Los Monos, fue acusado de coordinar desde la cárcel una organización de comercio de estupefacientes, de un caso fallido de secuestro extorsivo, de amenazas a un juez y, esta semana, como presunto instigador de las balaceras a dos domicilios que ocupó el presidente del tribunal que en abril pasado lo condenó a 22 años de prisión por un homicidio y por organizar una asociación ilícita. Lo que revela que su peligrosidad no declinó intramuros, donde de acuerdo a las investigaciones da órdenes como un DT lo hace en el banco de suplentes. Los dos últimos tiroteos de una seguidilla de diez, que tuvieron como objetivos el nuevo Centro de Justicia Penal y un edificio que con anterioridad fue residencia de una de las juezas que sentenció al reo iracundo, provocaron un esperable cortocircuito entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que se culpan mutuamente por un problema que no pueden resolver. Está previsto que el próximo mes se inicie el primer juicio oral por una causa federal contra Los Monos, cuya posible condena no permite ser optimista sobre los efectos buscados: reducir la capacidad delictiva de sus miembros.
Balas que pican cerca
Las balaceras del sábado 4 de agosto contra el Centro de Justicia Penal y el frente de un edificio de barrio Martin que con anterioridad fue residencia de la jueza Marisol Usandizaga –una de las integrantes del tribunal que condenó a varios de Los Monos y a policías considerados cómplices– movió a la cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorge Baclini, y al titular de la cartera de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, a brindar resultados de sus tareas.
Durante una rueda de prensa conjunta, el martes 7 dieron detalles de 26 allanamientos realizados ese día que arrojaron la detención de tres personas, entre ellas un menor de 17 años, presuntamente vinculadas al primer hecho de tiroteos contra propiedades que ocuparon jueces que participaron del proceso a Los Monos.
Puntualmente, a los ataques a una vivienda de Italia al 2100 y un edificio ubicado en Montevideo al 1000, ambos ocurridos el 29 de mayo pasado, que fueron domicilios del presidente del tribunal que condenó a Los Monos, Ismael Manfrín.
El magistrado se mudó unos días antes de dar a conocer la sentencia de ese juicio, el 9 de abril, y según explicó en una charla informal con periodistas, el cambio de domicilio nada tuvo que ver con el trámite del juicio oral.
El jefe de los fiscales provinciales, Baclini, dijo en la conferencia de prensa de esta semana que “se concluyó en la identificación de Ariel Guille Cantero como autor intelectual de esos ataques, quien podría haber dado la orden para que esto se materialice”.
El funcionario judicial consideró las balaceras a frentes de viviendas como actos “de suma gravedad, porque ponen en vilo las instituciones de uno de los poderes del Estado y con eso el sistema democrático”.
Luego informó sobre dos detenciones en el marco de los 26 allanamientos dictados para dar con los tira-tiros, que finalmente se convirtieron en tres por la tarde de ese mismo martes.
“Uno de ellos sería el autor material de uno de los hechos relacionados con el primer ataque (el del 29 de mayo a los antiguos domicilios de Manfrín). También hay otra persona detenida en relación al secuestro en su domicilio de un arma de fuego calibre 380”, explicó Baclini.
El jueves 9 Brian Flores (22) fue imputado por los delitos de amenazas coactivas agravadas por el anonimato y por el uso de arma de fuego, por atentar contra un miembro del poder público en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego. Había sido detenido dos días antes en una vivienda de calle Medina al 4300.
El juez penal Hernán Postma aceptó la imputación presentada por los fiscales de las Unidades de Delitos Económicos y Complejos y le dictó prisión preventiva por 60 días.
Según los fiscales, el hecho se produjo “cuando Flores junto a otra persona no identificada, portando armas de fuego, circulaban a bordo de una motocicleta y realizaron seis detonaciones hacia un ex domicilio donde habitaba la víctima, el doctor Ismael Manfrín, para luego darse a la fuga en el mismo vehículo”.
La comunicación oficial agrega que “mediante medidas investigativas realizadas por la Unidad pertinente, se determinó que el hostigamiento hacia el funcionario fue un trabajo encargado por Ariel Máximo Cantero desde adentro del Servicio Penitenciario de Piñero, días antes de ser trasladado a un penal federal”.
Efectivamente, aquella balacera coincidió temporalmente con la decisión judicial de rechazar un planteo de la defensa de Cantero y de su lugarteniente Jorge Emanuel Chamorro (29) para evitar ser trasladados a prisiones fuera de la provincia de Santa Fe. El primero fue a parar a una unidad penal de Chaco, el otro a Rawson.
Lejos de casa
El 22 de junio del año pasado Guille Cantero fue imputado por un delito similar del que lo acusarán nuevamente en los próximos días. En aquella oportunidad, de acuerdo a la investigación, llamó desde el penal de Rawson, donde había sido trasladado, al juzgado de Sentencia Nº 7 a cargo de Edgardo Fertitta.
Era agosto de 2016 y el Mono cumplía prisión preventiva en la prisión patagónica luego de que el Servicio Penitenciario santafesino mentara su presunta peligrosidad en caso de seguir alojado en celdas provinciales.
Una sobrina del reo, Daiana Cantero, murió el mes siguiente en un siniestro vial cuando lo iba a visitar a la cárcel del sur.
Según la denuncia, Guille llamó al juzgado y pidió hablar con Fertitta. La empleada que lo atendió le dijo que el magistrado no se encontraba en ese momento. El preso insistió más tarde y, de acuerdo a la practicante del juzgado, esta vez se mostró enojoso: “Decile al juez que se meta el traslado ya sabe dónde, y que lo voy a matar”.
Así lo declaró la empleada. El acusado reconoció que ese día llamó al juzgado pero negó haberlo amenazado. A pesar de que se trataba de la palabra de uno sobre la del otro, sin más testigos ni elementos de prueba, Cantero fue imputado del delito de coacción agravada por tratarse de un magistrado. Tiene una pena alta: de 5 a 10 años de reclusión.
Antes como ahora, el jefe de Los Monos quiere estar más cerca de su terruño y de los suyos. En los próximos días será acusado como instigador de la balacera a los viejos domicilios de Manfrín, el juez que presidió el tribunal que lo condenó a 22 años de reclusión por el homicidio de Diego Tarta Demarre (33), un transero que gerenciaba el boliche en cuyo acceso fue asesinado en 2013 su hermano el Pájaro Claudio Cantero (27), y como jefe y organizador de una asociación ilícita destinada a la comisión de múltiples delitos.
Los investigadores entienden que esos hechos deben ser considerados como un “mensaje mafioso” por la decisión judicial de mantenerlo alejado de Rosario y privarlo de su libertad.
Tamo activo
En 2014, cuando Guille Cantero ya estaba encerrado en la unidad penal de Piñero, la Policía Federal aportó un dato sobre un búnker de venta de drogas en la zona sur. La investigación federal subió desde el puesto de comercialización hacia los eslabones medios de la cadena y descubrió que la cabeza de la organización operaba desde la cárcel.
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio de esa causa, proceso que debería iniciarse el mes que viene, los jefes de la banda narco eran Cantero y su ladera Ema Chamorro, quienes desde la Unidad 11 de Piñero impartían las órdenes a través de sus parejas –que estaban en libertad– para continuar con el tráfico de estupefacientes.
En noviembre de 2015 el juez federal Marcelo Bailaque ordenó más de cuarenta allanamientos mediante los cuales se secuestraron 500 kilos de marihuana y 5 de cocaína. El operativo se denominó Los Patrones y por esa causa irán a juicio 32 personas.
La investigación determinó que Cantero y Chamorro “continuaron digitando el funcionamiento de la empresa criminal” desde la cárcel de Piñero, donde estaban detenidos por delitos de jurisdicción provincial.
Según la fiscal Adriana Saccone, ambos “impartían directivas que eran ejecutadas por sus respectivas parejas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan, quienes de este modo se ubicaban en las líneas superiores de la organización criminal”.
A pesar del encierro, Guille seguía activo.
En diciembre de 2017 fue procesado por otro presunto delito organizado desde su lugar de encierro, que evidentemente no limita su capacidad operativa.
El juez federal Carlos Vera Barros lo procesó en esa ocasión como organizador de un secuestro con fines extorsivos. Según dijo a este periódico una fuente judicial en aquél entonces, el plan de Cantero era secuestrar a otros narcos –que no pudieran denunciar el hecho– para pedir rescate para financiarse.
Lo cierto es que los tres ejecutores del secuestro –uno de los cuales fue asesinado un tiempo después– equivocaron el objetivo y raptaron a un obrero que, al parecer, poseía rasgos fisonómicos similares al que buscaban desplumar.
El fallido operativo se realizó el 9 de septiembre de 2017. Según escuchas telefónicas del caso, Guille ordenó a sus secuaces retener a la víctima unas horas. Cuando advirtieron que no podían sacarle un peso lo liberaron.
En enero de este año, un camarista federal aceptó un planteo de incompetencia interpuesto por la defensa de Cantero, que entendía que el caso debía ser analizado por la Justicia provincial al tratarse de un solo hecho que no puso en riesgo la seguridad pública. Así, la resolución quedó revocada, aunque aún no se resolvió el conflicto de competencia.
Contrapunto
Los tiroteos al Centro de Justicia Penal y al antiguo domicilio de la jueza Usandizaga actuaron como límite. Antes habían ocurrido otros en cercanías de la vivienda que hasta su separación ocupó el juez Juan Carlos Vienna, quien encarceló y procesó a Los Monos, luego en la del padre del magistrado, también en una casa en la que había residido un agente policial que investigó a la banda.
Tras reunirse con el gobernador Miguel Lifschitz, el Colegio de Magistrados emitió un comunicado en el que reiteró su reclamo “al gobierno provincial para que proceda a adoptar todas las medidas que, dentro del marco previsto por la Constitución y las leyes, resulten menester a fin de revertir en lo inmediato la concreta afectación al normal funcionamiento de las instituciones que los episodios violentos han generado”.
El texto señala que “se reiteró al Poder Ejecutivo provincial que garantice la seguridad en los lugares de trabajo de los operadores del sistema así como del público en general”. Los magistrados solicitaron también que se mantengan las medidas de “preservación de la seguridad personal de los funcionarios y magistrados que han intervenido en procesos de gran trascendencia pública”.
Menos formal, el integrante de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Rafael Gutiérrez, le pidió al gobernador “hablar menos y hacer más” para esclarecer los casos de ataques a tiros, que hasta ahora han tenido como objetivo las mamposterías.
La ostensible dificultad para desactivar a Los Monos había ocasionado otros cruces, como cuando el ministro Pullaro se quejó por decisiones judiciales sobre el lugar de alojamiento de los integrantes de la banda. Su par de Justicia en el gabinete, Ricardo Silberstein, llegó a decir que Rosario sería como Colombia por la flexibilidad de los magistrados sobre el sitio de detención de Los Monos durante el juicio, ya que sólo restaba que los narcos construyeran sus propias cárceles. Y tuvo la respuesta de los magistrados que, acostumbrados a juzgar, no les gusta que los juzguen. Esos fuegos de artificio cruzados evidencian, en realidad, la inhabilidad de las distintas instancias públicas para controlar a delincuentes que durante años les dieron menos problema afuera que adentro.
Fuente: El Eslabón
