El gobierno de Mauricio Macri despliega sus políticas neoliberales, disparadoras de una grave crisis socioeconómica, con pocos ganadores y muchos perdedores, mientras la tilinguería celebra y se entretiene con la persecución ideológica y el encarcelamiento de opositores sin condena previa, una triste práctica repetida por administraciones de derecha de la región y propalada por aparatos de prensa al servicio de los poderosos. Las tijeras del ajuste recesivo que apadrina el Fondo Monetario Internacional no se detienen. El gobierno le saca filo y va recortando ingresos a las mayorías populares. La dura realidad no puede ocultarse detrás de fotocopias de cuadernos de chofer escritor.
Salarios, jubilaciones, asignaciones, perderán en promedio unos diez puntos frente al alza inflacionaria cuando lleguemos a fin de año. Los aumentos de haberes variaron entre 15 y 25 por ciento, cuando proyecciones privadas de subas de precios rondan el 35 por ciento para todo 2018. Desde que asumió Cambiemos unos 25 mil empleados públicos fueron despedidos, según un relevamiento del Observatorio del Estado que incluye hasta el mes de junio, sin tener en cuenta lo ocurrido en estados provinciales. Y en el sector industrial se destruyeron más de 82 mil puestos laborales desde que gobierna la nueva alianza, de acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Según el último informe difundido por el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (Umet), la inflación de julio llegó al 3 por ciento, en los primeros siete meses del año suma 19,4 por ciento y en la comparación interanual acumula un 30,8 por ciento. Si se mantuviese la tendencia inflacionaria en los cinco meses restantes del año, arrojaría un alza anual del 35,5 por ciento.
“A pesar de que la inflación es más baja que la de junio, sigue siendo una cifra muy alta que nuevamente supera a los salarios. La tendencia marcada por el IET, de que la inflación podría llegar a 35,5 por ciento, genera alta preocupación a sabiendas de que el cierre inflacionario del año pasado, según el Indec, fue de 24,8 por ciento”, sostuvo Nicolás Trotta, rector de la Umet, al analizar los resultados del informe.
En el mismo reporte se indicó que el retroceso salarial, respecto de noviembre de 2015, es de 8,6 por ciento. Los nuevos tarifazos y la nueva suba de los combustibles prevén que el nivel del costo de vida seguirá alto y el poder adquisitivo en caída libre. En tanto, la cartera laboral que conduce Jorge Triaca dispuso de manera unilateral un 25 por ciento de aumento para el salario mínimo en cuatro cuotas, con lo cual pasará de los actuales 10.000 pesos a 12.500 a mediados de 2019. Gremios de las CTA y la CGT reclamaban que el salario mínimo cubriera la canasta de pobreza de 19.600 pesos. El propio gobierno, con cálculos optimistas, reconoció una inflación en alrededor del 30 por ciento para 2018.
Jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH aumentarán poco más del 6 por ciento en septiembre, confirmó días atrás la Ansés de acuerdo a la nueva fórmula pos reforma previsional macrista. Según indicaron desde Cifra, que depende de la CTA, las actualizaciones jubilatorias bajo el nuevo esquema significaron una pérdida de poder adquisitivo que promedia el 2,6 por ciento en los primeros siete meses del año y del 4,2 por ciento con respecto a julio del año pasado.
Lejos del falso discurso de Macri de que los jubilados iban a estar mejor en su gobierno, la realidad marca lo contrario, ya que la ley de movilidad previsional del kirchnerismo vigente hasta diciembre de 2015 habría arrojado una mejora de las jubilaciones del 29,6 por ciento con el aumento de septiembre próximo. En cambio, con la actual fórmula macrista la suba será del 19,2 por ciento, unos diez puntos de pérdida en el poder de compra de las jubilaciones frente a la inflación.
Al poner menos plata en el bolsillo del trabajador y del jubilado, se retrae la demanda y golpea al mercado interno. Las ventas minoristas de los comercios pymes finalizaron julio con una caída interanual de 5,8 por ciento, la mayor en 20 meses, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). “El mercado de consumo acusó la caída en el poder adquisitivo, y si bien hubo muchas ofertas y liquidaciones, no alcanzó para contener la baja”, destacó Came en un comunicado.
Mientras tanto, el gobierno mantiene la tasa de interés de referencia en 40 por ciento para contener el valor del dólar por debajo de los 30 pesos y la única idea que exhibe para intentar domar la inflación y extender la pax cambiaria es un freno recesivo para la actividad, aunque esto complique aún más el panorama productivo.
La difícil situación por la que atraviesa el mercado laboral formal, informal y el sector pasivo fue expuesta en una masiva movilización encabezada por organizaciones sociales en el día de San Cayetano, donde se pidió por “pan, techo y trabajo”. Cooperativistas y nuevos desocupados engrosaron la histórica marcha. Entre símbolos y figuras religiosas, lo que más sobresalió fue el fuerte rechazo al acuerdo con el FMI.
Hay 2019 (lleno de recortes)
El Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala hizo una revisión macroeconómica del acuerdo con el Fondo Monetario en base a la publicación del Country Report del organismo, donde se desarrolla una posición técnico-política del FMI sobre la coyuntura nacional y el potencial impacto del plan de ajuste que acompaña el pedido crediticio de stand by que presentó el gobierno argentino.
Entre otras anotaciones que despiertan preocupación, el informe resaltó que “si se cumple el plan de ajuste (del FMI) tendrá un impacto negativo y permanente sobre el producto bruto argentino con una caída acumulada de entre -4 y -12 por ciento hacia 2023. “En el mejor de los escenarios analizados, el desempleo de 2023 se ubicará todavía por encima de los valores registrados en 2014. En un escenario más adverso, la tasa de desempleo superaría los dos dígitos”, se advirtió.
En la misma sintonía, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso) señaló que “el acuerdo con el FMI tiene gran influencia en la elaboración del Presupuesto 2019 y las proyecciones que pueden realizarse son poco alentadoras para la mayoría de los argentinos”. Las tijeras del ajuste “recortarán programas sociales, alimentarios y hasta de abastecimiento de leche para madres y niños. La partida de ayudas sociales a personas sufrirá el próximo año un recorte nominal por 1.700 millones de pesos, lo cual se traduce en un ajuste real de 22 por ciento con respecto a 2018. El plan alimentario nacional y compra de leche del plan de madre y niño busca ser reducido un 91 por ciento en términos reales”.
En otro párrafo, el informe del Ceso indicó que el gobierno nacional pretende asociar a las provincias al plan de ajuste que dicta el Fondo. En el Presupuesto 2019 “se prevé recortar transferencias a las provincias en un 35 por ciento en términos nominales, el recorte en términos reales supera el 50 por ciento. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, Compensaciones Salariales y ex Fondo Compensador sufrirán un recorte del 92 por ciento, eliminándose la totalidad de las transferencias a las provincias excepto en lo que hace a universidades (que se reduce nominalmente un 75 por ciento). Las provincias tendrán que hacerse cargo de los aproximadamente 2.420 pesos que cobran por mes los docentes con dos cargos”.
Del proyecto de Presupuesto también se desprende que Cambiemos “profundizará el recorte de la obra pública”. El análisis del Ceso remarcó que “en el escenario más optimista, el gobierno nacional estima gastar sólo 90.000 millones de pesos, un 3 por ciento del total, en gastos de capital. Si se actualiza el gasto de capital presupuestado para este año por el 17 por ciento de inflación previsto oficialmente para 2019, el gasto de capital debería ser de al menos 246.800 millones de pesos sólo para mantener dicho nivel, es decir, el ajuste real sobre la obra pública (y otros gastos de capital) rondará los 156.800 millones de pesos”.
En plena crisis económica, con poda de derechos y conquistas y el riego país cuesta arriba, con nuevos tarifazos y fuerte caída de poder adquisitivo de los salarios, el gobierno neoliberal de Cambiemos quiere tener su propio “lava jato”, y que supuestos casos de corrupción tapen el bosque del ajuste.
