Mientras las imágenes de la histórica protesta de las personas con discapacidad junto a sus familiares en el Monumento a la Bandera daban la vuelta al mundo, el gobierno macrista propinaba un nuevo cachetazo a los sectores más vulnerables.

La movilización en Rosario que dijo “No” a los recortes nacionales en discapacidad fue  multitudinaria e histórica, pero a la vez angustiante porque, al mismo tiempo, se conocía otro tremendo golpe por parte del gobierno macrista: una nueva baja de pensiones arbitraria y en contra de los derechos establecidos. El sistema de asistencia de otro de los sectores más vulnerables de la sociedad, está al borde del abismo.

Las denuncias y las réplicas siguieron después de la masiva marcha al Monumento a la Bandera del miércoles pasado contra los recortes nacionales e incumplimientos de pagos en el área de discapacidad. La movilización de protesta fue protagonizada por cientos de familias, profesionales, instituciones, transportistas y otros tantos ciudadanos solidarios, sorprendidos y en algunos casos indignados, por tanta insensibilidad humana de parte del gobierno de Mauricio Macri.

Al mismo momento de la marcha, se conocía la resolución emitida por la Agencia Nacional de Discapacidad, que establece la suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez que presenten algún tipo de “incompatibilidad”.

Se basa en un decreto de 1997 del gobierno de Carlos Menem,que vuelve atrás con los pactos firmados en el marco del Convenio de los Derechos de las personas con Discapacidad, por lo que “es inconstitucional”, denunciaron desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis). “Con esta medida, entre otras cuestiones, sería incompatible que los menores tengan una pensión por invalidez”, explicó a el eslabón, Mariel Chapero, vicepresidenta de Apridis.  

“Es claramente inconstitucional, pero claro, también era inconstitucional el recorte del año pasado, y hasta una jueza declaró su inconstitucionalidad y ordenó la restitución de las pensiones caídas ¡y el Estado apeló! O sea, no les importa nada. Yo creo que lo único que queda es hacer una denuncia internacional, porque acá las vías me parece que ya están agotadas”, expresó con crudeza Chapero.

La propia dirigente continuaba, con posterioridad a la marcha, replicando “barbaridades” de algunos voceros del gobierno nacional, como la diputada de Cambiemos e integrante de la Comisión de Discapacidad, Gisela Scaglia, quien había asegurado que se habían comenzado a regularizar los pagos con los prestadores de servicios.

“Scaglia salió a decir que estaban regularizando el 70 por ciento de los pagos pero la verdad es que no hay ninguna institución que haya cobrado aún mayo, es más, la mayoría sólo cobró hasta febrero y otras hasta principios de año”, aseguró. “Y a esto hay que sumarle los recortes arbitrarios a la facturación del trabajo que ya se realizó, y del 40 por ciento al transporte aludiendo irregularidades. Lo que hacen primero es recortar y después ver quien hace un amparo o judicializa para ver si pagan”, señaló la mujer. En este sentido, los peores atrasos lo sufre el programa federal Incluir Salud que cubre a las personas carentes de obra social y beneficiarias de una pensión no contributiva.

Por un lado, Chapero todavía tenía la imagen poderosa de la movilización del miércoles pasado, por la solidaridad y el apoyo de un amplio sector de la sociedad. Como punto particular de la movida estuvo además, el respaldo en las redes sociales de personalidades del mundo del deporte y del espectáculo. Incluso de la esposa de Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, por lo que la protesta tuvo repercusión internacional y así la problemática, ninguneada por las grandes medios de prensa cómplices del gobierno, se hizo inevitablemente visible.
Pero a la vez, la vocera de Apridis sentía desazón porque las nuevas medidas ponen aún en mayor riesgo el sistema de cobertura. Y en algunos casos de pacientes en riesgo, puede ser letal.

“Hay pacientes en vulnerabilidad extrema, hay pibes cuya vida misma depende del ingreso al sistema de prestaciones por discapacidad, no es que se van a quedar en la casa y listo; hay pacientes que sólo comen en la instituciones porque no tienen otra; o por ejemplo un caso de una piba traqueostomizada, con botón gástrico, con muchísimos problemas respiratorios, ¿qué pasa si se queda sin su asistencia, sin su kinesiólogo que hace la rehabilitación que ayuda su proceso respiratorio? Se trata de situaciones muy complejas en las que hay un peso orgánico muy grande, porque es la vida de los pibes la que peligra. No son pacientes que están usufructuando una pensión”, advirtió.

“Esto nos excede completamente, estamos recurriendo a todos los que nos pueden dar un mano, en el Concejo, en la legislatura, en distintos ámbitos, porque esto es un genocidio por goteo, como dijo alguna vez un ex juez de la Corte”, sentenció.

Según la vocera de Apridis, en Santa Fe están registradas 90 mil personas con certificado de discapacidad, de las cuales 20 mil tienen obra social o prepaga y 20 mil son beneficiarias de Incluir Salud.
“Si hay alguién que no le corresponde cobrar la pensión, que no cobre; pero hasta ahora la política del Estado viene siendo recortar masivamente y recién después preguntar a ver a quién le correspondía”, puntualizó.  

“En todo caso si esa pensión está irregular, debería pasar a una persona que la necesita, pero no, estas medidas tienen que ver con un discurso perverso que pone a la discapacidad del lado de la irregularidad y al prestador del lado del enriquecimiento, porque supuestamente usufructúa con la discapacidad cuando, con esta precariedad, son los que terminan sosteniendo el acceso al derecho de las personas con discapacidad”, consideró Chapero.

“Las personas con discapacidad no merecen esto, merecen excelencia de servicio. Si algo tuvo nuestro país de reconocimiento internacional fue por el programa Incluir Salud, que brindaba calidad y acceso transversal e igualdad de derechos. Hoy, en cambio, se está desfinanciado y se está desguazando el sistema de pensiones, y esto lleva a la caída al sistema de prestaciones para personas con discapacidad”, alertó la vocera.

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