El juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli fueron denunciados por dos abogados. Los acusan de tortura y violación de las garantías constitucionales en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
Los letrados, Beinusz Szmukler y Juan Carlos Chaneton, llevaron adelante la presentación, y la denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, a cargo de María Servini de Cubría.
Bonadio y Stornelli fueron denunciados por «tortura y violación de las garantías constitucionales», y los abogados Szmukler y Chaneton piden que se “investigue responsabilidad penal emergente de la actuación de éstos en el marco de la causa Nº 9608/2018 y conexos; y/o todas aquellas personas que, de manera directa o indirecta, hayan contribuido a la consumación de los hechos delictivos que son motivo de esta presentación”.
Según publica este lunes el portal de la periodista Cynthia García, la denuncia advierte “la flagrante, peligrosa e inadmisible violación por parte de Bonadio y Stornelli de la Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, y esto lo relacionan a que, desde el inicio de la investigación, “tanto el juez como el fiscal han expresado una sesgada intención política, violando la ley, para tratar de obtener los resultados que, de antemano, se proponían”.
El texto de la denuncia también señala: “Estaríamos ante una instrucción que afecta criterios de imparcialidad, amén de arrastrar la muy desdorosa objeción de «forum shopping» inicial, por la incorrecta adjudicación de la causa a Bonadio”.
Para los letrados, lo actuado por el juez y el fiscal en la causa por las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno “sería violatoria de Constitución Nacional, en su artículo 18, y de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la Convención Americana de Derechos Humanos en general, y del inciso 3 en especial”.
Szmukler y Chaneton procuran que se haga pública la forma en que el juez y el fiscal denunciados usaron la “ley del arrepentido”, y exigen que los abogados y demás procesados en la causa sean citados, para que se revelen las condiciones en que se allanaron a confesar o bien si se negaron a hacerlo.
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